Ordenarían más detenciones por la adulteración de un acta policial

A los tres policías que están detenidos en Concepción por la falsificación de un acta de la investigación por la muerte de un niño, podrían sumarse al menos otras cuatro personas.
El fiscal IV de Instrucción del Centro Judicial de Concepción, Edgardo Sánchez, ordenó hasta ahora la detención del oficial Sergio Díaz -que habría confesado ser el autor del acta apócrifa- y de los hermanos Alejandro y Jorge Palavecino, que trabajaban en la comisaría de Santa Lucía. La falsificación fue descubierta por el abogado Daniel Medina, representante de la familia de Alejandro Hoyos Flores, el chico de 16 años que murió ahogado el 16 de enero en el río Zerda.
Díaz, al declarar, habría indicado que aceptó dinero para realizar la falsificación. En la zona en la que se produjo la tragedia estaba trabajando la empresa Vialco, extrayendo áridos. En el acta original se especificaba que no había carteles indicadores de que era peligroso bañarse en esa zona. En el acta falsificada se dejaba expresa constancia de que los carteles estaban colocados. Medina plantearía una acción civil contra la empresa, e incluso contra la Provincia.
Según trascendió, tendría en su poder documentación que daría cuenta de una denuncia del legislador José Teri. En agosto del año pasado, este había advertido al Tribunal de Cuentas sobre presuntas anomalías. Se indicó en la denuncia que Vialco estaba extrayendo áridos de una zona que es jurisdicción de Vialidad Provincial, y que por ley no se podía firmar ningún tipo de convenio. Esto también será investigado.

El edil Juárez no obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria
"La prisión domiciliaria es un beneficio que se otorga a mayores de edad o a personas enfermas. En este caso, no corresponde". Con este criterio, el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez rechazó el hábeas corpus que se había presentado a favor del concejal-policía César Juárez, que permanece detenido en el marco de la causa "sacapresos".
Los ex abogados de Juárez, Guillermo Orso y Sergio Gómez, habían pedido el beneficio para Juárez, luego de solicitar la opinión de una junta médica, alegando que el edil del PJ en Las Talitas estaba deprimido. Fue uno de los últimos actos procesales que realizaron los abogados, que luego renunciaron en disconformidad con algunas actitudes de su cliente. La defensa fue asumida por el abogado Gustavo Morales, quien ya presentó varias escritos pidiendo la nulidad de la declaración como imputado de Juárez, la nulidad del requerimiento de prisión preventiva y la nulidad del dictado. Todo esto, aduciendo vicios legales y la mala imputación -a su entender- de los delitos.
Mientras tanto, el juez Alfonso Zottoli aún no decidió si le otorgará el beneficio del cese de prisión a Juárez, teniendo en cuenta -según los abogados- que los delitos por los cuales está acusados son excarcelables. El fiscal Alejandro Noguera, que investiga el caso, aún no recibió los resultados de las pericias caligráficas que le permitirán establecer quién fue la persona que falsificó las firmas de funcionarios y magistrados del Poder Judicial en dos exhortos. Esos oficios fueron enviados con dos comisiones policiales a Córdoba y a Santa Fe, donde se pretendió obtener el traslado de dos peligrosos delincuentes. Se habría pretendido de ese modo facilitar su evasión.
Además de Juárez está detenido por el caso el oficial Enrique Díaz. A otros dos policías, Manuel Ruiz y Dardo Campos, ya les dieron el cese de prisión, pero aún no se efectivizó ya que hay problemas con el fiador que se había solicitado.

Nueva denuncia por firmas falsificadas
Un abogado denunció que un hombre fue enviado a juicio por la Justicia, en base a tres declaraciones de un policía a quien le habrían falsificado la firma.
El 18 de noviembre del año pasado, dos agentes detuvieron en la esquina de calles Magallanes y Pueyrredón a José Abel Espinosa, acusado de haber atacado a una joven para robarle la bicicleta. Cuando intentaron arrestarlo, el sospechoso habría intentado agredir a los policías con un cuchillo, pero no lo logró.
El letrado Mario Leiva indicó que el agente Juan Luis Carreras aparece en la causa firmando el acta cabeza de sumario, su declaración como víctima en la Policía y la ratificación de la denuncia en Tribunales. "Pero en todos los casos la firma es distinta. Esto, sin duda, me obliga a plantear la nulidad de todo lo actuado, además de la denuncia por la falsificación de instrumento público". Leiva fue notificado la semana pasada de que el caso iba a juicio. "Pero esto no puede llegar de esta forma. Quiero que se investigue", dijo.
La causa está en manos de la fiscal Raquel Asís, quien podría ordenar pericias caligráficas en el caso del agente Carreras. Mientras tanto, Espinosa está en la cárcel.