18 calificadas miradas sobre el Juicio a las Juntas

CUANDO HICIMOS HISTORIA
R. GARGARELLA, A. RAMÓN MICHEL Y L. GARCÍA ALONSO (COMPS.)
(Siglo XXI - Buenos Aires)

El mes que viene se cumplirán 40 años de un hito en la historia de la democracia contemporánea. Un acontecimiento meridiano que, a la vez, es una genuina hora argentina. En este país, cuando no habían transcurrido aún ni dos años del retorno del Estado Constitucional de Derecho, la Justicia de la república iniciaba el Juicio a las Juntas Militares que, durante la última dictadura, tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, instauraron el terrorismo de estado. La democracia les brindó a los responsables de los más aberrantes delitos de lesa humanidad (secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, abusos sexuales, robo de bebés, y robo de la identidad de esos recién nacidos…) todas las garantías del debido proceso. No hubo tribunales especiales ni leyes “ad hoc”.

Ese proceso judicial es un momento primordial para la democracia argentina. Sin embargo, ha sido por años olvidado. Invisibilizado, a veces. En otras ocasiones, directamente negado. Y muchos argentinos, sobre todos de las generaciones más recientes, hasta ignoran su existencia. Contra esa amnesia, el constitucionalista Roberto Gargarella y los abogados Agustina Ramón Michel (egresada de la UNT) y Lautaro García Alonso editaron este mes Cuando hicimos historia. Se trata de un libro coral. Consta de seis capítulos y en cada uno de ellos hay tres voces debatiendo las múltiples dimensiones y derivaciones del Juicio a las Juntas. Entre los 18 convocados se encuentran Ricardo Gil Lavedra, juez del tribunal que enjuició a los golpistas; Graciela Fernández Meijide, secretaria de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep); el jurista Martín Böhmer, socio fundador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Pablo Gerchunoff, integrante del equipo económico de Raúl Alfonsín en la gestión del ministro Juan Vital Sourrouille; Diana Maffía, académica y ex diputada nacional; las historiadoras Hilda Sabato y Camila Perochena; y Martín Farrell, quien integró el “grupo de los filósofos de Alfonsín” -junto con Carlos Nino, Jaime Malamud Goti y Genaro Carrió-, el cual diseñó la arquitectura legal del Juicio a las Juntas.

El cálculo

El capítulo primero, “¿Una iniciativa política de espaldas a la sociedad?”, analiza el contexto. Hay una pregunta central: ¿hubiera habido juicio si Alfonsín no hubiera sido el Presidente? La respuesta, con matices, es “no”. Durante la dictadura, la sociedad -se argumenta allí- no estaba masivamente en contra de los militares; los medios de comunicación nacionales estaban alineados con el gobierno de facto; y el candidato del peronismo, Ítalo Luder, se manifestó en favor de la Ley de Autoamnistía. La tarea de los organismos de derechos humanos es reivindicada, pero se advierte que no ejercían una influencia gravitante en la opinión pública. Por caso, Luder obtuvo el 40% de los votos.

Una definición señera es que no hubo un “cálculo político” del líder radical, sino un “cálculo moral”. Sin que ello obture la mirada crítica sobre algunas posiciones de Alfonsín. Como la tesis de los “tres niveles de responsabilidad” (los que dieron las órdenes, los que las cumplieron debidamente y los que cometieron excesos en su ejecución), que expuso, durante la campaña. La idea primigenia era llevar a la Justicia sólo a los jerarcas. Pero el Senado pautó que también debía investigarse a los subordinados. Ello apuró la Ley de Punto Final, que dio un plazo para estructurar causas y desechar las incompletas. El efecto fue imprevisto: los jueces federales del interior, al principio remisos en avanzar, reaccionaron para no quedar expuestos: diluviaron las citaciones a los militares. Ello detonó en la sublevación carapintada de 1987, que apuró la Ley de Obediencia Debida.

El capítulo 2, “¿Heroísmo judicial al margen de la política?”, aborda el desarrollo del juicio. Comienza por evaluar las casualidades -y hasta las ingenuidades- en torno del momento histórico, político y social de 1985. Y subraya un elemento a menudo pasado por alto: la figura del “avocamiento”. La estrategia original del Gobierno fue que los propios militares juzgaran a los responsables de la última dictadura, en la creencia de que así se recuperaría el Ejército para la democracia. El Congreso otra vez, ahora en Diputados, modificó ese plan: modificó el Código de Justicia Militar y habilitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional a “asumir el conocimiento del proceso” en caso de “demora injustificada o negligencia en la tramitación del juicio” por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Había operado, para entonces, un cambio en la posición del peronismo: de apoyar la Ley de Autoamnistía pasaba a presionar “por izquierda” a la gestión de los radicales.

Hay un reconocimiento mayúsculo a la Conadep: su trabajo suministró la prueba para procesar a los miembros de las juntas. La estrategia fue seleccionar un conjunto de hechos representativos, que abarcará a las tres fuerzas en todo el país. Resultó extraordinario el papel de Fernández Meijide (ella no participa de este grupo de debate), que aportó los ficheros que tenía en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Esos registros estaban agrupados por centros de detención. Esa clasificación fue la que siguió y sistematizó la Conadep y estructuró la “comunidad” de la prueba.

En contraste, así como esta estrategia permitió dictar condenas ejemplares, también determinó que jerarcas como Orlando Ramón Agosti, miembro de la primera junta militar, recibiera sólo cuatro años y seis meses de prisión porque sólo pudieron probar su participación en tres hechos.

El legado

El trabajo de la Conadep y su informe, Nunca más, son abordados en el capítulo 3, “¿Un legado en disputa?”. Hay posturas laudatorias. Su nombre fue paradigma de la búsqueda de la verdad. Tanto es así que se habló de crear una “Conadep de la AMIA” o una “Conadep de la corrupción”.

No menos esclarecedora es la mirada en torno de que la decisión de Alfonsín de crear una comisión de personalidades notables porque “no confió en el Congreso para investigar lo ocurrido”.

En contraposición, también se discute si el prólogo original del Nunca Más no incurre en la “Teoría de los dos demonios”, es decir, una equiparación entre el terrorismo de las organizaciones armadas y el terrorismo de estado. “Se nos ha acusado -dice el prólogo- de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976 (…). Nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror”. Cabe recordar que la presidencia de Conadep, que recayó en el escritor Ernesto Sabato, fue antes ofrecida al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Él la rechazó porque no se investigaría a la “Triple A”, la brigada paraestatal vinculada al ministro peronista José López Rega.

La “Teoría de los dos demonios” pretende que había sólo dos opciones: el terror de las organizaciones armadas o el estatal. Por tanto, invisibiliza aspectos ajenos a esa bipolaridad. Por un lado, que la razón de ser del Estado es la vigencia del derecho. Violar la ley lo desnaturaliza. Léase, lo único que no puede hacerse con los caníbales es devorarlos, porque ello no los elimina: sólo los reemplaza. Así, los que eliminarían el terrorismo de izquierda alumbraron un Estado terrorista.

Luego, se omite una diferencia material insalvable: los argentinos disponían de Fuerzas Armadas que los protegieran de las guerrillas, pero no contaban con un Ejército que los protegiera del Ejército. El tercer término, se deja fuera del análisis el caso de países con peores antecedentes que el nuestro, que optaron un camino diferente para enfrentar el terrorismo de sectores de izquierda que querían llegar al poder por medio de la violencia. En 1970, Italia sufrió el horror de las “Brigadas Rojas”, que en el 78 secuestraron y asesinaron al ex primer ministro Aldo Moro. Ese país, que con Mussolini vivió el totalitarismo, enfrentó a la organización armada con la ley: no ensayó el terrorismo de estado.

El libro Cuando hicimos historia añade una falacia más: si hay “dos demonios”, entonces también hay “ángeles”. “En el primer prólogo del Nunca Más, los ´ángeles’ son las personas del común, el paraíso alejado de los extremos ideológicos”, sostiene Böhmer. “Jaime Malamud Goti insiste en la idea de que esta perspectiva permitió a la sociedad civil atribuir la responsabilidad de los actos a otros y eludir la culpa propia. Esta elusión de responsabilidad se advierte en las frases habituales que definieron aquella época: ‘por algo será’, ‘algo habrán hecho’ o ‘por algo se lo llevaron’”, sintetiza.

También hay defensas del informe de la Conadep. La académica Claudia Hilb, exiliada entre 1976 y 1987, advierte que esa comisión no buscó dar un diagnóstico del horror de los 70, sino aclarar que la dictadura no había sido “un rayo que atraviesa en un cielo tranquilo”. Pero advierte que, a partir del Nunca Más, el clima social tendió al reduccionismo de “los dos demonios”: cualquier intento por complejizar la violencia de los 70 terminaba con acusaciones de que se avalaba a un bando o al otro.

En lo que hay consenso es que en la reedición del Prólogo del Nunca Más en 2006, que rectifica el original, el kirchnerismo promueve la idealización de los militantes de izquierda. La narrativa oficial dice que “la juventud maravillosa” encarnaba a los “ángeles”. Según Böhmer, fue “una traición”.

El eclipse

El capítulo 4, “¿Qué puede hacer el arte con los hechos más dramáticos de la vida pública?”, encara las representaciones culturales del Juicio a las Juntas. La película “Argentina, 1985” es reivindicada porque rescata el juzgamiento para las nuevas generaciones. El filme habilita un interrogante que desata análisis valiosos: ¿por qué se convierte en ficción algo tan conmovedor en la vida real?

Esta sección comienza con una evocatoria de Fernández Meijide respecto de la situación de Tucumán. Lo cual se conecta con el siguiente capítulo, el penúltimo, referido a qué ocurrió más allá de Buenos Aires durante el juicio y después de sustanciado. En esa mirada a “otras geografías” surge la complicidad de muchos miembros de la Justicia Federal en las provincias con la dictadura.

En el último capítulo, “¿Sigue vigente el consenso del Nunca más?”, Hilda Sabato, Perochena y Maffia dialogan sobre el eclipse del Juicio a las Juntas. Distintos momentos son anotados. Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Los indultos de Carlos Menem. Y el “relato” kirchnerista según el cual, antes de la derogación de esas “leyes de la impunidad”, nada se había hecho respecto de los crímenes de la dictadura. Todo un ejercicio de negacionismo histórico.

Ahora son los tiempos en los que el gobierno libertario predica la demanda de “memoria completa”, que no es nueva, pero sobre todo no deja de alimentar la falaz “Teoría de los dos demonios”. En primer lugar, porque deja de lado que los jerarcas de la dictadura prefirieron asesinar a quienes consideraban responsables del terrorismo de izquierda, antes de someterlos a procesos que documentaran su responsabilidad y, entonces sí, permitieran una historia completa y documentada.

En segundo término, no tiene en cuenta que muchos cabecillas de las organizaciones armadas fueron juzgados y condenados. Antes que el decreto 158/83 que propició el Juicio a las Juntas, Alfonsín dictó el decreto 157/83, que promovió la persecución judicial de líderes del ERP (Enrique Gorriarán Merlo) y de Montoneros (Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Obregón Cano, Rodolfo Galimberti, Roberto Cirilo Perdía y Héctor Pedro Pardo). Las amnistías memenistas también los beneficiaron. Lo que no deja de ser una contradicción aviesa para el oficialismo: el presidente Javier Milei, insultador serial de la figura de Alfonsín y líder de los que exigen “memoria completa”, dice que Menem fue el mejor jefe de Estado de la historia.

© LA GACETA

Álvaro José Aurane