Declararán policías por las actas que están adulteradas

CONCEPCION.- La adulteración de la primera acta policial en un expediente judicial, que reúne documentación en torno de la investigación de la muerte de un menor que se ahogó en el río Zerda, sacudió el ambiente tribunalicio de esta ciudad.
El caso no sólo inquieta por la gravedad de la irregularidad, sino también frente a la sospecha de que esta no sería una maniobra aislada. Además, según revelaron allegados al Centro Judicial local, se inscribiría en una cadena operativa que involucraría sobre todo a personal policial. En los tribunales locales no se descarta que la Corte Suprema de Justicia reaccione ordenando la revisión exhaustiva de algunas causas.
El escándalo estalló en la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación, en la que hace pocos meses asumió Edgardo Sánchez, cuando el abogado Daniel Medina descubrió que el acta cabeza de sumario que se labró tras la muerte de Alejandro Hoyos Flores (de 16 años), ocurrida el 16 de enero pasado, había sido cambiada. El letrado, que patrocina a la familia de la víctima, advirtió la irregularidad merced a que tenía una copia del acta original. La colocada en el expediente precisa, entre otras cuestiones: "se observa que en ese lugar no existe ningún cartel que consigne que esta es una zona peligrosa o que diga prohibido bañarse". La adulterada, en cambio, indica: "también se observa que en ese lugar existe sobre el margen norte del río, parte oeste del puente, pegado a una planta de mora, a la altura de dos metros, un cartel de chapa pintado de blanco, de 60 centímetros, con letra de molde mayúscula, color rojo, que dice prohibido bañarse..". La primera acta fue rubricada por el oficial auxiliar Sergio Díaz y por el comisario inspector José Suárez, de la misma Unidad Regional Oeste. En la segunda también aparecen las rúbricas de estos, pero con diferencias sustanciales. Ambos niegan haberla confeccionado.
En la carpeta técnica habría también fotos nuevas, que no estaban cuando se realizó el acta anterior. En estas aparecen los carteles al que hace referencia el documento falsificado. El fiscal Sánchez, durante toda la jornada de ayer, se abocó a trabajar en este caso. El fiscal, en ese sentido, estaría investigando a la empresa que estaba retirando áridos del río con máquinas excavadoras, según dijeron fuentes judiciales.

La última esperanza
"Uno confía en la Justicia y en la Policía. En ellos radica nuestra última esperanza de obtener respuestas ejemplares a irresponsabilidades como las que costaron la vida a mi hijo", dijo María Irma Sánchez, madre del joven ahogado. La familia Hoyos Flores vive en la calle Artigas, de Famaillá. El padre de Alejandro, Mario Hoyos Flores, es un desocupado que, junto a su esposa, sobrevive de changas y de la ayuda de su hija médica, Cristina del Carmen. "Alejandrito estudiaba en la ENET de Monteros. Nunca iba a ese río. Ese día fue porque lo invitaron unos amigos", comentó María. "Esto de la falsificación fue como una puñalada más. Menos mal que mi marido le había sacado fotocopia al acta original, porque de lo contrario no íbamos a tener con qué defendernos", agregó. "Mi hermano cayó a un pozo profundo que estaban haciendo las máquinas sobre el lecho. Sabía nadar, pero al parecer se acalambró", dijo Cristina del Carmen.
El lunes, el fiscal podría empezar a llamar a varias personas, para tomarles declaración. (C)

Los médicos informarán si el edil Juárez está enfermo
La situación del concejal-policía César Alfredo Juárez comenzará a definirse mañana, cuando los integrantes de la junta médica a la que se sometió el jueces eleven su informe al juez de Instrucción Alfonso Zottoli. Es que los defensores de Juárez, Guillermo Orso y Sergio Gómez, habían solicitado que se le otorgue el beneficio de la detención domiciliaria dado el desmejorado estado psicológico que, según ellos, sufre su cliente.
Juárez es una de las personas que están imputadas en el caso de los exhortos falsos con los que se habría intentado beneficiar a presos en Córdoba y Santa Fe, para obtener su traslado a Tucumán a fin de permitirles, según la investigación, que escaparan. El concejal justicialista de Las Talitas está con prisión preventiva, alojado en dependencias de la Dirección de Investigaciones. Su situación política también es complicada.
Zottoli también debe resolver el pedido de cese de prisión que realizaron los abogados del acusado; aducen que los delitos por los que está imputado son excarcelables. También hay pedidos de cese de prisión presentados a favor de los policías Enrique Díaz y Manuel Ruiz, que permanecen detenidos. Esta semana, el fiscal Alejandro Noguera podría comenzar a recibir los resultados de las pericias caligráficas que se realizaron.