Tres detenidos escaparon por un ventiluz

CONCEPCION.- Tres peligrosos detenidos se fugaron en la madrugada de ayer, desde el precario sector de detención que hay en la comisaría de Aguilares. Se trata de la sexta huida que, en menos de tres meses, tiene lugar en esa dependencia policial. La anterior huida se produjo en diciembre y la protagonizaron tres hombres acusados de robos. Ahora los prófugos fueron Pablo Rodríguez, imputado de violación; Alejandro Cúneo, procesado por robo y José Figueroa, apresado hace pocos días por haber asaltado y herido de bala a un remisero de esta ciudad. Hasta anoche, ninguno de ellos había sido recapturado.
Los hombres escaparon alrededor de la 1.30 por una ventanilla del salón de detenciones, ubicada a unos 4 metros de altura. A los acusados les bastó aserrar un barrote para luego ganar la calle por el techo de la comisaría. Se deduce que para bajar utilizaron una soga. El mismo procedimiento usaron los anteriores fugitivos. La abertura se encuentra en el sector lateral de la construcción y, en ese momento, la falta de luz habría facilitado la operación. Como guardia estaba en ese momento una agente de 20 años. Por ahora se desconoce si, durante la fuga, ella estaba en el lugar que tenía asignado. En la comisaría permanecían de guardia cinco policías en total, dos de ellos oficiales.
Los presos que estaban en la celda eran 14, aunque la capacidad del lugar es para 7 personas. Según trascendió, llegó a albergar hasta a 20 detenidos.

Inspección
La fiscal Juana Juárez se hizo presente en el lugar ayer y procedió a tomar declaración a todos los presos. Ninguno aportó datos que le hayan permitido a la representante del ministerio público obtener información para esclarecer el caso. Para hoy llamó a declarar en calidad de imputados al jefe de comisaría, Pablo Carrizo, y a los demás integrantes de la guardia de turno. Al mismo tiempo, la Jefatura de Policía estudiaba el pase a disponibilidad de los efectivos involucrados en este caso. "En principio todo indica que la huida se produjo por una negligencia, más que por un supuesto estado de precariedad del edificio. Nadie vio ni escuchó nada, a pesar de que el aserramiento del barrote tiene que haber producido algún ruido. Además, el escape fue advertido recién cuando se hizo un repaso de la nómina de detenidos", dijo la fiscal. "El salón tiene rejas y una sola puerta de hierro. La ventanilla está a casi 4 metros de altura y da al patio de la comisaría. Creo que todo se hubiera evitado con una buena vigilancia", añadió.

Malas condiciones
Los presos, en su mayoría, están con prisión preventiva y fueron alojados allí hasta tanto se cumplimenten procedimientos administrativos y sanitarios, antes de ser derivados a la cárcel. Las condiciones infrahumanas del lugar son notorias. Los detenidos duermen en colchones tirados en el suelo, los baños carecen de puertas y el sistema de desagote está deteriorado. Hay un olor insoportable. "De las condiciones en que están los detenidos yo no me ocupo. Es una cuestión que atañe a otra esfera. Mi función es la de esclarecer y tomar las medidas referidas a esta fuga", aclaró la fiscal. De todos modos, el comisario Carrizo le exhibió a Juárez notas en la que desde la comisaría se pedía a la Justicia no enviar más presos al encontrarse el albergue saturado en su capacidad. Ayer el jefe de la Regional Sur, comisario general Guillermo del Lugo, se encontraba al frente de un amplio operativo para intentar recapturar a los prófugos. (C)

Un policía saldría libre por el caso de los "sacapresos"
El policía Dardo Campos, uno de los hombres que están detenidos por el escándalo de los oficios falsos, podría recuperar su libertad ya que el fiscal Alejandro Noguera opinaría que él no sabía que estaba siendo parte de una maniobra ilegal.
El juez de Instrucción Alfonso Zottoli recibió el pedido de cese de prisión para Campos y para otro policía, Manuel Ruiz, que realizó el abogado de ambos imputados, Jorge Avila. Los dos sargentos 1º son quienes más tiempo llevan detenidos en Tucumán (desde la primera semana de enero), luego de haber estado privados de su libertad en Santa Fe. A esa provincia habían llegado a fines de diciembre con el exhorto ilegal con el cual pretendían obtener el traslado del delincuente Héctor David Tagliaferro. Al declarar, Ruiz dijo que el exhorto se los había dado en la fiscalía X el empleado Manuel Ojeda, que quedó imputado también en la causa. Pero Noguera, al responderle al juez, indicaría que Campos y Ruiz no tuvieron la misma participación en el caso, y vinculó mayoritariamente al segundo de ellos. Por ello, luego de pagar una fianza, Campos quedaría en libertad.
Ellos son los únicos que están acusados por asociación ilícita, un delito solicitado por la fiscal Teresita Marnero, que instruyó la causa durante enero.
Esta imputación también caería, y sólo se mantendrían las de falsificación de instrumento público, facilitamiento de la evasión en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público (únicamente en el caso de los policías). Para finalizar la instrucción del caso, únicamente faltaría que se conozca el resultado de las pericias.
Técnicos de Gendarmería analizan los cuerpos de escritura que realizaron los afectados (jueces y magistrados a quienes se les falsificó la firma en los exhortos) y los imputados. Pero además se realizan pericias en una máquina de escribir que fue secuestrada en la comisaría de El Cadillal. Aparentemente, con ese artefacto se habrían confeccionado algunos de los escritos que fueron incorporándose en la causa ficticia, que se armó únicamente para intentar beneficiar a los delincuentes (Tagliaferro en Santa Fe y Miguel Angel Acuña en Córdoba), con quienes presumiblemente había un acuerdo para facilitarles la evasión.

Pidieron el beneficio del cese de prisión para Juárez
Guillermo Orso y Sergio Gómez, defensores del concejal-policía César Alfredo Juárez, uno de los imputados que están detenidos en la causa de los "sacapresos", solicitaron el cese de prisión de su defendido. Toman en consideración, además, que el juez Alfonso Zottoli ya había decidido que el acusado sea trasladado al penal de Villa Urquiza.
Los abogados remarcaron la espontaneidad de su defendido en presentarse en forma espontánea a declarar y a realizar las pericias caligráficas -"siempre se puso a disposición de la Justicia", se dijo-. Orso y Gómez agregaron que los delitos por los que se lo acusa son excarcelables y para que le otorguen el cese de prisión, ofrecen pagar una fianza. Indicaron que Juárez se encuentra sometido a tratamiento psiquiátrico desde hace largo tiempo, y que la orden de traslado a la unidad 6 de Villa Urquiza provocó el agravamiento de su patología, en virtud del riesgo de muerte al que se veía expuesto, según explicaron. Hoy se realizaría una junta médica en la que se evaluaría el real estado de salud del imputado.
Pero, además, Orso y Gómez hicieron hincapié en el trabajo de Juárez. "Según resulta de público y notorio conocimiento, el señor Juárez se desempeña actualmente como concejal de Las Talitas. De acuerdo con la legislación vigente, en caso de ausentarse en sus funciones por más de 14 días corridos, el señor Juárez pierde su banca. Tal plazo vence el lunes 14 de marzo de 2005", remarcaron.
"El señor Juárez debe continuar cumpliendo hasta el 30 de octubre de 2007 con su función de concejal, no sólo por cumplir con la voluntad de los ciudadanos que lo votaron, sino por constituir sus haberes el sustento familiar actual", dijeron. Los abogados requirieron que la resolución del juez se conozca lo antes posible "teniendo en cuenta que para el dictado de la prisión preventiva ha analizado detenidamente el contenido de los 10 cuerpos que componen las actuaciones de esta causa".
Si Juárez pierde la banca, lo reemplazará su esposa, Stella Maris Aballay, pero la dieta que cobrará la mujer será menor a la de su marido ya que él, según indicó Orso, cobra además por el rango de policía (oficial) y por el título secundario.