El fiscal pidió que al concejal Juárez y al oficial Díaz se les dicte la prisión preventiva

Los policías Enrique Díaz y César Alfredo Juárez (que está en uso de licencia en la fuerza, pues accedió a una banca como concejal de Las Talitas) recibieron ayer una mala noticia. El fiscal V de Instrucción, Alejandro Noguera, solicitó al juez Alfonso Zottoli que les imponga la prisión preventiva por el caso de los "sacapresos". Si se hace lugar a la solicitud, ambos deberían esperar detenidos la realización del juicio oral. Durante el fin de semana Noguera trabajó junto con el secretario Eduardo Farías y con el prosecretario Héctor Alberto Arias en el requerimiento.
Ellos reafirmaron que los dos policías están involucrados en la maniobra, por lo que deben ser acusados por facilitamiento de la evasión en grado de tentativa y por falsificación de documentos públicos. La tercera imputación, la de incumplimiento de los deberes de funcionario público, sólo podrá ser realizada cuando se conozcan los resultados de las pericias caligráficas que se realizaron la semana pasada.
El caso se conoció a fines de diciembre luego de que cuatro policías llegaron a Córdoba y a Santa Fe con exhortos para trasladar a dos detenidos a Tucumán. Pero se descubrió que los oficios eran falsos. Toda la causa había sido armado por los miembros de una organización, que inclusive inventaron un asalto para darle credibilidad al pedido de extradiccón. Díaz sería el más comprometido, ya que a simple vista los peritos habrían indicado que su trazo es el que más se parece a los que están en los exhortos. En el caso de Juárez, Noguera tomó como pruebas los testimonios de la esposa de Díaz, que dijo que fue el concejal quien le propuso hacer la presunta maniobra ilegal, y el del empleado administrativo de Tafí Viejo, Enrique Lencina, que aseguró que Juárez le encargó que haga fabricar los sellos que luego fueron colocados en los exhortos.En el escrito, Noguera pone énfasis en que Díaz ya habría estado involucrado en otras maniobras similares, por lo que su situación podría agravarse.

Imputados
Toda la causa fue enviada al juez Zottoli, que está subrogando el juzgado V de Instrucción, pues está acéfalo. El juez tiene cinco días hábiles para decidir si cumple con el requerimiento del fiscal o si decide que ambos hombres permanezcan en libertad hasta que una sala penal realice el juicio oral. Actualmente en el caso hay dos policías detenidos con prisión preventiva, Manuel Ruiz y Dardo Campos, quienes están privados de su libertad en la comisaría de Villa Mariano Moreno. También están imputados los empleados judiciales Manuel Ojeda y Juan Correa, aunque este último sería sobreseído. Ya fueron dejados en libertad el policía Sergio Gustavo Escobar y Lencina.
Guillermo Orso, defensor de Juárez, afirmó que no está de acuerdo con el pedido del fiscal. "Nos quieren correr con la vaina", indicó. Orso dijo que su cliente quería que se le realizaran las pericias caligráficas ayer, pero que desde la fiscalía se fijó la fecha para mañana. "No hay nada que lo vincule, y eso lo podemos demostrar. No entiendo de qué pruebas se agarra el fiscal para esto, pero bueno, al final la verdad va a salir a la luz", finalizó.

Queja de abogados por la caótica atención en las fiscalías
Los abogados se cansaron y se hicieron oír. Pues desde que terminó la feria judicial deben abroquelarse frente a los mostradores, primero de la fiscalía III y ahora de la fiscalía IV, para poder realizar su trabajo, ya que cada día decenas de personas se estacionan frente a las dependencias, provocando un verdadero caos. Son los profesionales quienes más lo sufren. Ayer hubo un incidente que profundizó el malestar.
Una abogada, que pugnaba por acercarse al mostrador, rodeada de decenas de detenidos y de sus familiares, de policías, de secretarias de estudios y de abogados, fue manoseada, lo que provocó la lógica reacción. A otra abogada le metieron la mano en la cartera, pero afortunadamente no llegaron a robarle nada, ya que ella se dio cuenta. Ante esto, un grupo de letrados, encabezado entre otros por Alejandro Diéguez y Guillermo Vargas Aignasse, fue a hablar con el secretario de Superintendencia, Reyes Severiano Pérez. Le manifestaron su molestia por lo que estaba sucediendo. "No se puede trabajar así. Hay colegas que deben esperar una hora para presentar un escrito. Ni le digo cuando hay que acompañar a un cliente para que declare, o cuando se desea ver una causa. Todo esto atenta contra el libre ejercicio de la profesión", dijo Diéguez.
Reyes Pérez bajó entonces y vivió en carne propia lo que estaba sucediendo. Tuvo bastantes dificultades para acercarse a la fiscalía, y otras más para que le abran la puerta.
La fiscalía IV está acéfala, por lo que tiene únicamente un secretario y actualmente está siendo subrogada por el fiscal Carlos Albaca. Para los letrados, toda la complicación va de la mano de los criticados turnos de 40 días. Al respecto, tanto el ministro fiscal, Luis de Mitri, como el presidente de la Asociación de Magistrados, Augusto Avila, solicitaron a la Corte que se revea esa situación.
Reyez Pérez, en tanto, se comprometió a implementar medidas para descongestionar el pasillo frente a la fiscalía, para que los abogados puedan realizar su trabajo normalmente.