07 Marzo 2005 Seguir en 
El fiscal Alejandro Noguera, que instruye el caso de los "sacapresos", pediría hoy la prisión preventiva para el policía Enrique Díaz. Es uno de los más complicados en la causa por la que se investiga la falsificación de un exhorto, con el que se habría pretendido liberar a peligrosos delincuentes que estaban presos en Córdoba y en Santa Fe.
De esta forma, Díaz continuaría preso y sería acusado por falsificación de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y facilitación de la evasión en grado de tentativa, según informaron fuentes tribunalicias. Agregaron que el efectivo es uno de los más complicados en la causa ya que, según una pericia realizada por Gendarmería, los trazos realizados por el policía son muy parecidos a los que aparecen en los oficios apócrifos. Además, el fiscal investiga varias causas similares en las que estaría involucrado Díaz, que viajó a Córdoba en diciembre a buscar a un preso con el exhorto ilegal.
Por la causa están detenidos también los policías Manuel Ruiz y Dardo Campos, y el concejal de Las Talitas César Alfredo Juárez. Según fuentes judiciales, Noguera solicitaría el jueves la prisión preventiva para el edil, que fue señalado como una de las personas que habría organizado la maniobra.
Además, están imputados en la causa el empleado judicial Manuel Ojeda y el prosecretario Juan Correa. Esta semana quedaron en libertad un policía, Sergio Escobar, y otro sospechoso, Enrique Lencina, que habría declarado que el concejal fue quien le encargó la realización de sellos apócrifos para falsificar el expediente, informaron.
La maniobra se conoció a fines del año pasado, cuando dos comisiones policiales viajaron a Córdoba y a Santa Fe con exhortos para trasladar a Tucumán a dos presos. Allí se descubrió que la causa por la que se acusaba a los reos en Tucumán era trucha y que se habían falsificado firmas de magistrados y secretarios.
La Corte devolvió una presentación de Heredia
La Corte Suprema de Justicia suscribió en pleno una acordada en la que decidió devolver por improcedentes las presentaciones realizadas por el legislador Daniel Virgilio Heredia, en su carácter de presidente de la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura. Los miembros del máximo tribunal le enviaron una copia de la resolución al presidente de la Legislatura, Fernando Juri, para informarle lo que estaba ocurriendo.
Heredia había enviado una nota al ministro fiscal, Luis De Mitri, para solicitar que se disponga la realización de auditorías para determinar el estado actual de las causas radicadas en las distintas fiscalías. "De haberse realizado tales auditorías -dijo- solicito tenga a bien remitir copia de las conclusiones a las que se arribaron".
Los miembros de la Corte, al informarle a Juri, advirtieron que Heredia le solicita a De Mitri, algo que "puede disponer, única y exclusivamente, este Superior Tribunal como titular del poder de superintendencia del órgano judicial". Los jueces indicaron que nada faculta a un legislador a solicitar la realización de actos que impliquen el ejercicio del poder de superintendencia en el ámbito del Poder Judicial. "Este Tribunal es el máximo órgano de un Poder del Estado provincial, soberano e independiente y, por ello, con facultades de superintendencia propias", concluye la acordada firmada por la Corte Suprema de Justicia.
De esta forma, Díaz continuaría preso y sería acusado por falsificación de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y facilitación de la evasión en grado de tentativa, según informaron fuentes tribunalicias. Agregaron que el efectivo es uno de los más complicados en la causa ya que, según una pericia realizada por Gendarmería, los trazos realizados por el policía son muy parecidos a los que aparecen en los oficios apócrifos. Además, el fiscal investiga varias causas similares en las que estaría involucrado Díaz, que viajó a Córdoba en diciembre a buscar a un preso con el exhorto ilegal.
Por la causa están detenidos también los policías Manuel Ruiz y Dardo Campos, y el concejal de Las Talitas César Alfredo Juárez. Según fuentes judiciales, Noguera solicitaría el jueves la prisión preventiva para el edil, que fue señalado como una de las personas que habría organizado la maniobra.
Además, están imputados en la causa el empleado judicial Manuel Ojeda y el prosecretario Juan Correa. Esta semana quedaron en libertad un policía, Sergio Escobar, y otro sospechoso, Enrique Lencina, que habría declarado que el concejal fue quien le encargó la realización de sellos apócrifos para falsificar el expediente, informaron.
La maniobra se conoció a fines del año pasado, cuando dos comisiones policiales viajaron a Córdoba y a Santa Fe con exhortos para trasladar a Tucumán a dos presos. Allí se descubrió que la causa por la que se acusaba a los reos en Tucumán era trucha y que se habían falsificado firmas de magistrados y secretarios.
La Corte Suprema de Justicia suscribió en pleno una acordada en la que decidió devolver por improcedentes las presentaciones realizadas por el legislador Daniel Virgilio Heredia, en su carácter de presidente de la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura. Los miembros del máximo tribunal le enviaron una copia de la resolución al presidente de la Legislatura, Fernando Juri, para informarle lo que estaba ocurriendo.
Heredia había enviado una nota al ministro fiscal, Luis De Mitri, para solicitar que se disponga la realización de auditorías para determinar el estado actual de las causas radicadas en las distintas fiscalías. "De haberse realizado tales auditorías -dijo- solicito tenga a bien remitir copia de las conclusiones a las que se arribaron".
Los miembros de la Corte, al informarle a Juri, advirtieron que Heredia le solicita a De Mitri, algo que "puede disponer, única y exclusivamente, este Superior Tribunal como titular del poder de superintendencia del órgano judicial". Los jueces indicaron que nada faculta a un legislador a solicitar la realización de actos que impliquen el ejercicio del poder de superintendencia en el ámbito del Poder Judicial. "Este Tribunal es el máximo órgano de un Poder del Estado provincial, soberano e independiente y, por ello, con facultades de superintendencia propias", concluye la acordada firmada por la Corte Suprema de Justicia.




