

Un hombre de 30 años, domiciliado en Banda del Río Salí, fue imputado por el delito de estafa en concurso real con amenazas coactivas, en perjuicio de un ciudadano venezolano.
Por expresas instrucciones de la titular de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF, María del Carmen Reuter, la auxiliar de fiscal Andrea Carlino relató el hecho y la conducta atribuida: “Empleó una conducta engañosa a través de una puesta en escena que motivó a la víctima a un error, provocando un perjuicio patrimonial. Se encuentra acreditado un vínculo entre la titular de la cuenta que recibió ese dinero (su madre) y el acusado. También la constante comunicación con el damnificado a través de WhatsApp donde lo incitaba y lo alentaba (a transferir el dinero -$845.000- que sería para el supuesto abogado)”, afirmó la investigadora.
Previamente, Carlino explicó el hecho precedente y el primer contacto: “En una primera denuncia, la víctima había tenido una operación por la compra-venta de una camioneta efectuada a unos gitanos, la cual fue motivo de investigación por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I (donde se arribó a una reparación integral). En esa denuncia, del 15 de noviembre de 2023, el damnificado explicó que llega a la camioneta por una publicación y que se hace presente en el domicilio de un vendedor donde realiza el pago de 3.200 dólares (equivalente a $3.000.000 en su momento) y que luego éstos empiezan a desaparecer. Es así que a través de un amigo en común llega al imputado quien lo pone en contacto con un presunto abogado de nombre Hugo Castaña (no hay ningún abogado matriculado con ese nombre), diciéndole que era de su confianza”, explicó la auxiliar de fiscal al exponer la denuncia ampliada que motivó la presente investigación.
Finalmente, la representante del MPF solicitó medidas de coerción de menor intensidad por seis meses, entre ellas, la prohibición de contacto (con la víctima y con el testigo en la causa) y de portar armas de fuego, y firmar el libro de comparendo una vez en la semana en la comisaría de su jurisdicción. Lo expuesto fue autorizado por la jueza interviniente.
La acusación
En el mes de octubre del 2023, el imputado, abusando de la relación de amistad y confianza que mantenía con el testigo en la causa, tomó conocimiento que el ciudadano venezolano había tenido problemas por la compra-venta de una camioneta efectuada a personas que eran gitanos por lo que aprovechando de la necesidad de la víctima le recomendó un abogado supuestamente llamado “Hugo Castaña”, diciéndole que era de su entera confianza quien ya había recuperado 15 autos y que trabajaba en una Fiscalía del Ministerio Público Fiscal.
“Es así que previo acuerdo con quién sería el letrado, entre ambos, convinieron en engañar a la víctima y perjudicarlo económicamente dándole un falso asesoramiento legal para recuperar su dinero invertido o vehículo por los daños y perjuicios sufridos, prometiéndole diferentes resultados. No llegando en la práctica a iniciar ningún trámite legal ni extrajudicial logrando así mediante constantes engaños, sobre el avance del proceso que nunca se inició, que la víctima transfiera diferentes sumas de dinero donde se determinó que la titular de esa cuenta resultó ser su progenitora. Cuando el damnificado le exigió la devolución de la suma transferida ($845.000 en total), el acusado le envió una foto donde se encontraba con un arma de fuego y le dijo que lo iba a matar si lo denunciaba”, describió la auxiliar de fiscal, al momento de la formulación de cargos.







