03 Marzo 2005 Seguir en 
Lo que era un secreto a voces respecto de una pelea en el Concejo Deliberante de Las Talitas estalló ayer, tras la presentación de un hombre en el Juzgado Federal. Se conocieron los pormenores del enfrentamiento que mantienen los ediles Roberto Martín y César Alfredo Juárez, ambos del PJ.
El jueves 26 de noviembre del año pasado, personal de la sección Drogas Peligrosas de la Policía Federal interceptó en El Colmenar al concejal Martín. Al abrir el baúl del auto Ford Mondeo, los investigadores descubrieron 50 cigarrillos de marihuana y tres "bochitas" con cocaína. Menos de una semana después, el concejal quedó en libertad ya que el juez Felipe Terán lo acusó únicamente por tenencia simple de estupefacientes, un delito excarcelable. La decisión de Terán fue apelada por el fiscal federal y por los mismos defensores, planteos que la Cámara aún no resolvió.
Martín y sus abogados afirmaron que alguien había "plantado" la droga en el vehículo. Ayer, el defensor de Martín, Alberto Espinosa, indicó a LA GACETA que ellos dieron indicios sobre tres personas: Roberto Garnica, el concejal Juárez y José Zótolla, quien estaba como segundo de Martín en la lista de postulantes a ediles. "Nosotros le pedimos al juez que investigue; en ningún caso podemos afirmar que alguno de ellos tres, o todos juntos, son con certeza quienes plantaron la droga, pero hay indicios al respecto", dijo el abogado.
Un hábeas corpus
Ayer, Garnica (quien según Espinosa era empleado de Juárez en una remisería) se presentó en el Juzgado Federal y, patrocinado por el abogado Roberto Flores, interpuso un hábeas corpus preventivo. En él indica que Espinosa, mediante engaños, lo hizo firmar dos papeles en blanco (uno de ellos en una escribanía) y que luego, con eso, realizó una presentación en la que él se hacía cargo de haber colocado la droga a instancias de Juárez. "Dijo que iba a darme dos planes sociales, y que para eso debía firmar los papeles y entregar copia de mi documento", consignó Garnica en la presentación.
Espinosa rechazó esto. "A Garnica no lo conozco y, como abogado, sería incapaz de hacer algo así, ya que es ilegal", indicó. Garnica pidió que se cite a declarar a Juárez, para que avale su declaración, y que se tenga en cuenta que la "presentación que habría realizado Espinosa es falsa". Ahora Terán deberá resolver si le da curso al planteo.
Gandur le replicó con dureza al legislador Heredia
El presidente de la Corte, Antonio Gandur, desvirtuó, mediante una nota, el pedido que realizó el legislador Daniel Heredia de que realizaran auditorías en el fuero penal, a raíz de la aparición de los oficios falsos.
"El Poder Judicial no sólo se ha abocado a la investigación sino que, además, los resultados ya obtenidos acreditan que los hechos señalados han sido efectuados extra Poder Judicial", indica Gandur. "De los oficios librados a Córdoba y a Santa Fe, la redacción, el sellado y la falsificación de las firmas del juez y del secretario fueron gestadas fuera del Poder Judicial... Los mismos han sido realizados por agentes de Policía y terceros ajenos a este poder". "Con respecto a dos oficios que ingresaron al Registro Inmobiliario, ha quedado acreditado que dichos documentos -tanto el papel como el código de barras, las firmas y los sellos- también han sido producidos fuera del Poder Judicial", se indica. "Estos papeles son de burda confección", dice. "Si dos de estos papeles ingresaron al Registro Inmobiliario sólo se demuestra alguna incompetencia, cuando no mala fe, al recepcionarlos sin adoptar mínimos recaudos de constatación", asegura.
"La cita sobre la circulación de vehículos sin la documentación correspondiente nos parece injustificada e inaceptable, ya que el propio Poder Judicial, tanto federal como el local, han puesto al descubierto maniobras delictivas que se realizan en todo el país", dice. "En cuanto a la actuación que le cupo a personal empleado en el Poder, se han practicado los correspondientes sumarios, procediéndose a la separación de los mismos", advierte. "Causa extrañeza que el señor legislador se haga eco de informaciones inexactas, informales e interesadas sobre un tema tan delicado. Me pongo a su disposición para que, ante cualquier duda sobre el funcionamiento de este poder, esta sea evacuadas de la manera más precisa y veraz posible", dijo.
Respetada y respetable
"No puede pasar inadvertido que las irregularidades cometidas fuera del Poder Judicial son hechos insuperables, que resultan imposibles de evitar por parte de este órgano jurisdiccional", explica. La nota termina diciendo: "saludo al señor legislador muy atentamente, dando la seguridad de que el Poder Judicial continúa siendo una Institución respetada y respetable".
Recusaron a un juez
Los policías Manuel Ruiz y Dardo Campos denunciaron ayer que pretendieron presentar un recurso de recusación contra el juez IV de Instrucción Víctor Manuel Pérez, pero que nadie se los quiso recibir. Ambos policías indicaron que la prisión preventiva que les impusieron está mal dictada (se los acusa por asociación ilícita). "Nosotros somos inocentes y le vamos a iniciar un juicio por daños y perjuicios, porque nos ha arruinado", indican en una nota que ellos firmaron. Desde hace semanas el defensor de los policías, Jorge Avila, viene pidiendo el cese de prisión, pero, según indicó, no se le dio ningún tipo de respuesta. "Evidentemente, estamos ante una denegación de Justicia. No hay ninguna prueba contra ellos, y los tienen de rehenes en esta causa", indicó, visiblemente molesto, el abogado. Los policías están presos en Villa Mariano Moreno.
Investigan a la Policía por negligencia
El ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, ordenó que se inicie una investigación por la actuación de la Policía, ante el informe erróneo de los antecedentes de un presunto delincuente que, ante la mala información, recuperó su libertad y escapó.
En la Fiscalía II se investigaba el asalto que sufrió la contadora de la Municipalidad de Tafí Viejo, Analía Malica, el 7 de enero de 2004. Por ese hecho fue detenido José Miguel Fajardo, además de otras personas. Pero, luego de realizar la investigación, el fiscal Carlos Albaca determinó que Fajardo quedara en libertad, sin perjuicio de la prosecución de la causa, siempre y cuando no haya registrado pedidos de captura pendientes ni haya estado a disposición de otros órganos jurisdiccionales de Justicia.
Conclusiones
Ante esto -según la conclusión de la auditoría que se realizó en la Fiscalía por el caso- el oficial José Ricardo Gramajo informó que Fajardo no registraba causas pendientes. Por eso Fajardo quedó en libertad. Luego se supo que el sospechoso estaba fugado de la cárcel de Santa Fe, y que se había solicitado su captura en febrero de 2004. En virtud de todo esto, "este Ministerio considera que el actuar de la Fiscalía II fue correcto; no así el de la Policía, que negligentemente informó que Fajardo no registraba pedidos de captura", se indica en la resolución. "Que, no obstante que el jefe de Policía manifiesta que se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a determinar la responsabilidad de personal policial interviniente, deben extraerse fotocopias de estos actuados y previa certificación, remitirlas a la Fiscalía de turno, ante la probable comisión de un hecho penal", dijo De Mitri.
En la Policía se inició un sumario administrativo por el caso.
El jueves 26 de noviembre del año pasado, personal de la sección Drogas Peligrosas de la Policía Federal interceptó en El Colmenar al concejal Martín. Al abrir el baúl del auto Ford Mondeo, los investigadores descubrieron 50 cigarrillos de marihuana y tres "bochitas" con cocaína. Menos de una semana después, el concejal quedó en libertad ya que el juez Felipe Terán lo acusó únicamente por tenencia simple de estupefacientes, un delito excarcelable. La decisión de Terán fue apelada por el fiscal federal y por los mismos defensores, planteos que la Cámara aún no resolvió.
Martín y sus abogados afirmaron que alguien había "plantado" la droga en el vehículo. Ayer, el defensor de Martín, Alberto Espinosa, indicó a LA GACETA que ellos dieron indicios sobre tres personas: Roberto Garnica, el concejal Juárez y José Zótolla, quien estaba como segundo de Martín en la lista de postulantes a ediles. "Nosotros le pedimos al juez que investigue; en ningún caso podemos afirmar que alguno de ellos tres, o todos juntos, son con certeza quienes plantaron la droga, pero hay indicios al respecto", dijo el abogado.
Un hábeas corpus
Ayer, Garnica (quien según Espinosa era empleado de Juárez en una remisería) se presentó en el Juzgado Federal y, patrocinado por el abogado Roberto Flores, interpuso un hábeas corpus preventivo. En él indica que Espinosa, mediante engaños, lo hizo firmar dos papeles en blanco (uno de ellos en una escribanía) y que luego, con eso, realizó una presentación en la que él se hacía cargo de haber colocado la droga a instancias de Juárez. "Dijo que iba a darme dos planes sociales, y que para eso debía firmar los papeles y entregar copia de mi documento", consignó Garnica en la presentación.
Espinosa rechazó esto. "A Garnica no lo conozco y, como abogado, sería incapaz de hacer algo así, ya que es ilegal", indicó. Garnica pidió que se cite a declarar a Juárez, para que avale su declaración, y que se tenga en cuenta que la "presentación que habría realizado Espinosa es falsa". Ahora Terán deberá resolver si le da curso al planteo.
Gandur le replicó con dureza al legislador Heredia
El presidente de la Corte, Antonio Gandur, desvirtuó, mediante una nota, el pedido que realizó el legislador Daniel Heredia de que realizaran auditorías en el fuero penal, a raíz de la aparición de los oficios falsos.
"El Poder Judicial no sólo se ha abocado a la investigación sino que, además, los resultados ya obtenidos acreditan que los hechos señalados han sido efectuados extra Poder Judicial", indica Gandur. "De los oficios librados a Córdoba y a Santa Fe, la redacción, el sellado y la falsificación de las firmas del juez y del secretario fueron gestadas fuera del Poder Judicial... Los mismos han sido realizados por agentes de Policía y terceros ajenos a este poder". "Con respecto a dos oficios que ingresaron al Registro Inmobiliario, ha quedado acreditado que dichos documentos -tanto el papel como el código de barras, las firmas y los sellos- también han sido producidos fuera del Poder Judicial", se indica. "Estos papeles son de burda confección", dice. "Si dos de estos papeles ingresaron al Registro Inmobiliario sólo se demuestra alguna incompetencia, cuando no mala fe, al recepcionarlos sin adoptar mínimos recaudos de constatación", asegura.
"La cita sobre la circulación de vehículos sin la documentación correspondiente nos parece injustificada e inaceptable, ya que el propio Poder Judicial, tanto federal como el local, han puesto al descubierto maniobras delictivas que se realizan en todo el país", dice. "En cuanto a la actuación que le cupo a personal empleado en el Poder, se han practicado los correspondientes sumarios, procediéndose a la separación de los mismos", advierte. "Causa extrañeza que el señor legislador se haga eco de informaciones inexactas, informales e interesadas sobre un tema tan delicado. Me pongo a su disposición para que, ante cualquier duda sobre el funcionamiento de este poder, esta sea evacuadas de la manera más precisa y veraz posible", dijo.
Respetada y respetable
"No puede pasar inadvertido que las irregularidades cometidas fuera del Poder Judicial son hechos insuperables, que resultan imposibles de evitar por parte de este órgano jurisdiccional", explica. La nota termina diciendo: "saludo al señor legislador muy atentamente, dando la seguridad de que el Poder Judicial continúa siendo una Institución respetada y respetable".
Recusaron a un juez
Los policías Manuel Ruiz y Dardo Campos denunciaron ayer que pretendieron presentar un recurso de recusación contra el juez IV de Instrucción Víctor Manuel Pérez, pero que nadie se los quiso recibir. Ambos policías indicaron que la prisión preventiva que les impusieron está mal dictada (se los acusa por asociación ilícita). "Nosotros somos inocentes y le vamos a iniciar un juicio por daños y perjuicios, porque nos ha arruinado", indican en una nota que ellos firmaron. Desde hace semanas el defensor de los policías, Jorge Avila, viene pidiendo el cese de prisión, pero, según indicó, no se le dio ningún tipo de respuesta. "Evidentemente, estamos ante una denegación de Justicia. No hay ninguna prueba contra ellos, y los tienen de rehenes en esta causa", indicó, visiblemente molesto, el abogado. Los policías están presos en Villa Mariano Moreno.
Investigan a la Policía por negligencia
El ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, ordenó que se inicie una investigación por la actuación de la Policía, ante el informe erróneo de los antecedentes de un presunto delincuente que, ante la mala información, recuperó su libertad y escapó.
En la Fiscalía II se investigaba el asalto que sufrió la contadora de la Municipalidad de Tafí Viejo, Analía Malica, el 7 de enero de 2004. Por ese hecho fue detenido José Miguel Fajardo, además de otras personas. Pero, luego de realizar la investigación, el fiscal Carlos Albaca determinó que Fajardo quedara en libertad, sin perjuicio de la prosecución de la causa, siempre y cuando no haya registrado pedidos de captura pendientes ni haya estado a disposición de otros órganos jurisdiccionales de Justicia.
Conclusiones
Ante esto -según la conclusión de la auditoría que se realizó en la Fiscalía por el caso- el oficial José Ricardo Gramajo informó que Fajardo no registraba causas pendientes. Por eso Fajardo quedó en libertad. Luego se supo que el sospechoso estaba fugado de la cárcel de Santa Fe, y que se había solicitado su captura en febrero de 2004. En virtud de todo esto, "este Ministerio considera que el actuar de la Fiscalía II fue correcto; no así el de la Policía, que negligentemente informó que Fajardo no registraba pedidos de captura", se indica en la resolución. "Que, no obstante que el jefe de Policía manifiesta que se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a determinar la responsabilidad de personal policial interviniente, deben extraerse fotocopias de estos actuados y previa certificación, remitirlas a la Fiscalía de turno, ante la probable comisión de un hecho penal", dijo De Mitri.
En la Policía se inició un sumario administrativo por el caso.
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