Se complica la situación de los acusados

La situación del concejal-policía César Alfredo Juárez es más complicada de lo que se creía, y por eso en la Justicia se analiza con mucha seriedad la posibilidad de que, una vez reunidas todas las pruebas, se solicite la prisión preventiva. Sus propios abogados, Guillermo Orso y Sergio Gómez, se mostraron escépticos con respecto al futuro de su defendido.
Juárez fue sindicado por Enrique Lencina, un empleado administrativo de la Municipalidad de Tafí Viejo como la persona que le encargó a él que hiciera confeccionar los sellos del juez Juan Francisco Pisa, del fiscal Guillermo Herrera y de los secretarios judiciales Norma Díaz Volachec y Daniel Clemente. Esos sellos fueron utilizados luego para realizar dos exhortos falsos con los cuales se intentó, sin éxito, liberar a dos peligrosos delincuentes en Córdoba y en Santa Fe.
El concejal, que está de licencia en la Policía desde que ganó una banca por el justicialismo en el Concejo Deliberante de Las Talitas, está acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y facilitación de evasión en grado de tentativa, todos en concurso real. Si bien se trata de delitos excarcelables, el fiscal Alejandro Noguera y el secretario Eduardo Farías estarían pensando en pedirle la prisión preventiva para que quede detenido hasta que llegue el juicio oral. Las grabaciones de las escuchas telefónicas que tiene el fiscal también comprometerían a Juárez.
Los abogados defensores solicitaron ayer el cese de prisión del policía Sergio Gustavo Escobar y de Lencina, y el fiscal, luego de fijarles una fianza, accedería al pedido. Aparentemente no habría pruebas que vinculen directamente a ambos con lo sucedido. Escobar es un agente que viajó a Córdoba junto a Díaz, y Lencina dijo que hizo lo que le pidió Juárez sin desconfiar, ya que lo conocía desde hacía mucho tiempo.

Dijeron que son inocentes
Ayer casi todos los imputados en la causa pasaron por los pasillos de Tribunales y estuvieron en la fiscalía V con los peritos de Gendarmería para que se les realizara la pericia caligráfica. El primero fue Juan Correa, que era prosecretario de la fiscalía X cuando estalló el escándalo (él podría ser sobreseído de la causa). Su vinculación depende únicamente de los dichos de otro imputado, Manuel Ojeda. Este también era empleado de la Fiscalía y señaló que fue Correa quien le presentó a un hombre que dijo llamarse Miguel Angel Chavarría, que debía ratificar una denuncia por un asalto. Luego se supo que el robo nunca existió y que el verdadero Chavarría jamás había ido a Tribunales. También hicieron las pericias Ojeda (su situación es comprometida ya que los policías dijeron que fue él quien les entregó los exhortos truchos), el oficial Díaz y los sargentos Manuel Ruiz y Dardo Campos. La mayoría no quiso hacer declaraciones, aunque afirmaron que son inocentes y que sólo cumplieron con sus trabajos cuando los mandaron a buscar a dos presos. El único que falta para terminar con los cuerpos de escritura es Juárez, que los haría entre hoy y mañana. Luego, ya con los resultados de las pericias, Noguera comenzaría a estudiar la posibilidad de cerrar el caso y enviar a los imputados a juicio.