Tras declarar más de seis horas, un edil quedó preso

Finalmente, Enrique Lencina se convirtió en una pieza fundamental para el posible esclarecimiento del caso de los "sacapresos". Después de haber estado prófugo durante casi un mes, ayer se presentó ante el fiscal Alejandro Noguera y dio un dato fundamental para los investigadores: dijo que había sido el concejal César Alfredo Juárez quien le había encargado que hiciera hacer los sellos que luego aparecieron en los exhortos falsos descubiertos en Santa Fe y en Córdoba, cuando cuatro policías tucumanos los presentaron para intentar el traslado de dos peligrosos delincuentes.
Juárez también es policía, pero está con licencia desde que asumió como concejal de Las Talitas por el justicialismo. El ya había estado imputado en la causa. Nancy Agüero, esposa del oficial Enrique Díaz, había dado a entender que había sido Juárez el que les había entregado los exhortos apócrifos a su marido y a los otros tres policías. Al declarar, Díaz desvirtuó los dichos de su esposa. Cuando Juárez declaró en Tribunales por los dichos de Agüero se le imputó mal el delito en la fiscalía III. Por eso, el fiscal Noguera solicitó que se declare nula la declaración, por lo que la imputación cayó. Sin embargo, los investigadores seguían teniendo sospechas acerca de la conducta del concejal. Y según trascendió, los dichos de Lencina lo confirmaron.
Lencina declaró durante más de dos horas ante el secretario y el prosecretario de la fiscalía, Eduardo Farías y Héctor Alberto Arias, respectivamente. Apenas terminó, Noguera solicitó la detención de Juárez, que fue inmediatamente concedida por el juez Víctor Manuel Pérez. A las 13.25, el concejal estaba preso. A las 18.04, ingresó a Tribunales, vestido de traje y anteojos negros. Al pasar junto al periodista de LA GACETA aseguró: "cómo te voy a hacer vender diarios con esto, eh...". Y después entró en Tribunales. En la fiscalía lo esperaban sus abogados Guillermo Orso y Sergio Gómez. Según trascendió, Juárez volvió a negar cualquier vinculación al caso, tal como lo había hecho en la testimonial que prestó en enero. Sin embargo, las pruebas en su contra serían muy fuertes.

Los otros imputados
En tanto, los policías Díaz, Sergio Gustavo Escobar, Manuel Ruiz y Dardo Campos siguen detenidos, acusados por falsificación de instrumento público, facilitación de evasión en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, imputaciones a las que para los dos últimos se suma la de asociación ilícita. También están imputados, aunque en libertad, los empleados judiciales Manuel Ojeda y Juan Correa.
Juárez siempre atribuyó su situación a circunstancias políticas por las denuncias que él realizó contra las anteriores autoridades municipales de Las Talitas. Mientras estuvo trabajando como policía, a Juárez también se le escapó un preso que él trasladaba y que, según admitió, lo durmió a él y a su compañero colocándoles somníferos en una gaseosa. Las actuaciones judiciales por ese caso también están en manos del fiscal Noguera.
Por el momento, Lencina también quedará detenido.

Cuerpos de escritura
Personal de Gendarmería Nacional está analizando los distintos cuerpos de escritura que los afectados por el caso de los "sacapresos" hicieron. Entre ellos, los del juez Juan Francisco Pisa y los de los secretarios Norma Díaz Volachec y Daniel Clemente. A esta pericia también deben someterse todos aquellos que están imputados en la causa.

Habría pocas pruebas de una denuncia
El fiscal Pedro Gallo solicitará que se realice una pericia caligráfica en el caso de la denuncia que presentó un particular. El hombre dijo que en una declaración efectuada en la fiscalía de Feria, en enero, le cambiaron sus palabras y le falsificaron la firma.
A la pericia deberá someterse Manuel Ortiz, que es representado por la abogada Eugenia María Alvarez Gómez Omil. A Ortiz lo asaltaron en enero, cuando salía de un cajero automático. La Policía detuvo a dos sospechosos por el hecho. Ortiz fue a ratificar la denuncia en Tribunales, donde además lo notificaron que debía realizar un reconocimiento en rueda de detenidos. Pero cuando Ortiz fue a hacer la denuncia dijo que le habían cambiado la declaración y que las firmas que había en el documento no eran suyas. Además, como no había demasiados elementos de prueba, los acusados fueron liberados. Ante la denuncia de Ortiz, la fiscal Teresita Marnero y los secretarios Emilio Salazar y Benjamín Bulacio Espíndola comunicaron a la Corte lo que había sucedido. Entonces, se ordenó una investigación. La causa llegó a manos de Gallo por orden del ministro fiscal Luis de Mitri. Primero, se hizo intervenir a los técnicos informáticos que, luego de hacer una pericia, advirtieron que en la fiscalía se había tomado una sola declaración a Ortiz. Por este motivo, sería casi imposible que dentro de Tribunales se la haya falsificado. Sin embargo, con el propósito de profundizar la investigación, se ordenará la pericia caligráfica.
Alvarez Gómez Omil dijo que no hay nada seguro todavía. Aunque aseguró que su defendido no tiene dudas de que su declaración fue cambiada. Los investigadores sospechan que podría tratarse de una confusión entre la declaración que Ortiz hizo en Tribunales y la que realizó en la Policía.
En tanto, aún están en curso dos investigaciones por la aparición de oficios falsos, utilizados, en uno de los casos, para el levantamiento de embargos; en otros, para cambiar los dosajes de sangre. Las causas se tramitan en las fiscalías II, V, IX y X. Hasta el momento, se tomaron declaraciones a algunos empleados judiciales y se ordenaron pericias para tratar de determinar de dónde salieron los oficios falsos.

Renuncia
Ayer se produjo una nueva vacante en Tribunales dado que el secretario de la fiscalía VII, Daniel Plaza, presentó su renuncia al cargo por motivos personales. Plaza trabajaba desde hace más de un año en una dependencia que no tiene fiscal desde que renunció Gustavo Estofán. El antecesor de Plaza era Daniel Clemente, que, por orden de la Corte, se desempeña en el Archivo de Tribunales.