Desde que se declaró el default de la deuda externa argentina hasta ahora, el gasto público en Tucumán creció un 90%. Ese porcentaje surge de comparar el presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo en 2002 (prevé gastos por $ 1.089 millones) con el que elaboró la gestión del gobernador José Alperovich para este año, que será tratado mañana por la Legislatura.
La diferencia de gastos, durante el período posdevaluación, fue de $ 981 millones. El Poder Ejecutivo proyectó para este año erogaciones por $ 1.070 millones que se reducirán a $ 1.029 millones, con el ahorro de $ 41 millones que se efectuará en distintas áreas del Estado. Sólo de esa manera, Tucumán podrá alcanzar un superávit total (incluye el pago de los vencimientos de la deuda) de $ 24,1 millones para cumplir con las metas comprometidas ante la Nación a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal y del acuerdo bilateral (ex PFO). En 2002, se había proyectado un déficit de $ 109 millones.
Aumento de personal
En el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial 2005, también se observa un crecimiento del plantel de personal permanente del Estado. En 2004, la actual gestión había fijado al personal en 45.000 agentes. Este año, se prevé aumentarlo a 51.475 (un incremento de 6.475 puestos). Según explicó a LA GACETA el ministro de Economía, Jorge Jiménez, ese aumento responde a la titularización en el sector docente y a la incorporación de efectivos policiales.
El Ejecutivo, por otro lado, también se reserva una suerte de control de gastos para los municipios y las comunas rurales. Según la iniciativa, mediante la partida 450 de Obligaciones a cargo del Tesoro (una de las partidas madre del Presupuesto), se realizarán transferencias en la medida en que las jurisdicciones de capital y del interior cumplan con pautas fiscales.
Como sucedió el año pasado, el Gobierno también dejó abierta la posibilidad de incrementar "el uso del crédito", en caso de una resolución judicial negativa para el recurso de amparo mediante el que se suspendió el pago de los cupones de los Eurobonos.
Finalmente, el Gobierno se compromete a enviar bimestralmente a la Legislatura la ejecución de recursos y de erogaciones, por área, para un mayor control de las finanzas públicas.
La diferencia de gastos, durante el período posdevaluación, fue de $ 981 millones. El Poder Ejecutivo proyectó para este año erogaciones por $ 1.070 millones que se reducirán a $ 1.029 millones, con el ahorro de $ 41 millones que se efectuará en distintas áreas del Estado. Sólo de esa manera, Tucumán podrá alcanzar un superávit total (incluye el pago de los vencimientos de la deuda) de $ 24,1 millones para cumplir con las metas comprometidas ante la Nación a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal y del acuerdo bilateral (ex PFO). En 2002, se había proyectado un déficit de $ 109 millones.
Aumento de personal
En el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial 2005, también se observa un crecimiento del plantel de personal permanente del Estado. En 2004, la actual gestión había fijado al personal en 45.000 agentes. Este año, se prevé aumentarlo a 51.475 (un incremento de 6.475 puestos). Según explicó a LA GACETA el ministro de Economía, Jorge Jiménez, ese aumento responde a la titularización en el sector docente y a la incorporación de efectivos policiales.
El Ejecutivo, por otro lado, también se reserva una suerte de control de gastos para los municipios y las comunas rurales. Según la iniciativa, mediante la partida 450 de Obligaciones a cargo del Tesoro (una de las partidas madre del Presupuesto), se realizarán transferencias en la medida en que las jurisdicciones de capital y del interior cumplan con pautas fiscales.
Como sucedió el año pasado, el Gobierno también dejó abierta la posibilidad de incrementar "el uso del crédito", en caso de una resolución judicial negativa para el recurso de amparo mediante el que se suspendió el pago de los cupones de los Eurobonos.
Finalmente, el Gobierno se compromete a enviar bimestralmente a la Legislatura la ejecución de recursos y de erogaciones, por área, para un mayor control de las finanzas públicas.







