Un hombre dijo que en Tribunales le falsificaron la firma y la declaración

En los primeros días de enero, Manuel Ortiz salió del cajero del que había retirado dinero y al menos dos hombres lo asaltaron en barrio Sur. La Policía, poco después, detuvo a dos sospechosos y los puso a disposición de la Justicia.
Ortiz fue entonces a Tribunales y radicó la denuncia. Le tomaron declaración en la Fiscalía III y le dijeron que podría intentar individualizar a los delincuentes en una rueda de reconocimiento. El problema fue que cuando regresó a Tribunales le dijeron que, como él no se había presentado a realizar la medida y como no había otras pruebas, los sospechosos habían sido puestos en libertad. Ortiz aseguró que no lo habían notificado de la rueda de reconocimiento y pidió que le muestren la documentación. Entonces, se preocupó aún más. Según el hombre, en la declaración no se dejaba constancia de lo que él había dicho y ninguna de las dos firmas (ni la de la declaración, ni la de la notificación) eran de él.

Ante la Corte
Ante esto, patrocinado por la abogada Eugenia María Alvarez Gómez Omil, presentó una denuncia en la Corte. Entonces, el ministro fiscal Luis de Mitri ordenó que se investigara.
Lo primero que se hizo fue recurrir al sistema informático, donde se comprobó que la declaración fue tomada una sola vez y que, aparentemente, no se le hicieron cambios. En ese sentido, la pericia favorecería al empleado judicial que tomó la declaración. Pero la abogada solicitó que se haga un análisis caligráfico, a través del que se comprobará si sólo se trata de una confusión o si en realidad hubo falsificación. Alvarez Gómez Omil pidió prudencia, aunque indicó que le cree a su cliente. "Le pregunté varias veces y él no dudó. De ser así, con esta maniobra quedaron en libertad personas que pueden ser consideradas peligrosas. Es una situación delicada en el contexto que existe en Tribunales por la aparición de oficios falsos", indicó la abogada.
Por el caso, tanto la fiscal Teresita Marnero como los secretarios que trabajaron durante la feria, Emilio Salazar y Benjamín Bulacio Espíndola, debieron dar explicaciones. Pero los tres indicaron que todo se habría debido a una confusión.

Son denunciantes y denunciados
Están entre la espada y la pared. Dos hermanos, presuntas víctimas de una maniobra ilegal consumada con un oficio falso, no pueden ir declarar a Tribunales ya que, si lo hacen, corren serio riesgo de quedar presos.
El fiscal Alejandro Noguera investiga lo sucedido en julio del año pasado, cuando, con un oficio falso, alguien obtuvo el levantamiento del embargo que pesaba sobre cuatro propiedades. El documento pasó todos los controles del Registro Inmobiliario y, tras la maniobra, los inmuebles fueron vendidos. La maniobra fue denunciada por el abogado Adrián Acosta, que además dijo que del Juzgado de Documentos y Locaciones de la I Nominación habían robado uno de los cuerpos del expediente. Las presuntas víctimas de la maniobra eran Norberto y Roberto Currao, clientes de Acosta. Noguera imputó por esta a Blanca del Valle Hael de Rija. El fiscal tenía pensado llamar a declarar a los Currao, para que aportaran más datos a la causa. El problema es que en la Fiscalía X, a cargo de Guillermo Herrera, hay una causa calificada como falsificación de instrumento privado y estafa, en la que ambos hombres están acusados por Elio Rija, esposo de Blanca del Valle Hael, que falleció en enero. Por esta causa, Norberto y Roberto Currao tienen órdenes de detención vigentes por lo que, de hacerse presentes en Tribunales, deberían ser privados de su libertad.
En tanto, en la Fiscalía IX, la fiscal Raquel Asís continúa con la investigación por la aparición de otro oficio con el que se pretendió levantar un embargo, aunque la maniobra no prosperó. Por el hecho se llamará a declarar a algunos empleados judiciales y se harán pericias en el documento.