El costo de la política crece al amparo de la bonanza económica

La Legislatura aprobará mañana la Ley de Presupuesto 2005, con valores que serán difíciles de superar. El cálculo de gastos e ingresos del Estado experimentará una suba del 64% en relación con las previsiones del año anterior. El promedio de variación durante los últimos períodos no superaba el 10%. Todos los poderes y la mayoría de las áreas serán beneficiados por los recursos extras que garantizan las buenas condiciones financieras del país. La época de vacas gordas que viven las arcas públicas, sin embargo, tiene algunos puntos oscuros. Lejos de aquellos amagues de reducirlo que siguieron a la crisis de 2001, el denominado costo político seguirá creciendo. La oportunidad de debatir democráticamente cómo gastar los fondos de toda la sociedad también será postergada, nuevamente.

¿Sólo un olvido?
Uno de los reclamos más enfáticos de la sociedad durante el proceso de degradación institucional, que estalló hace tres años, era la reducción del costo de la política. El planteo presentaba dos dimensiones. Por una parte, el control de los recursos disponibles durante las campañas electorales y, por otro, la limitación del dinero destinado por los poderes públicos al cumplimiento de su rol institucional.
En octubre de 2000, el ex presidente Fernando de la Rúa propuso una serie de reformas para regular el financiamiento político. El Acuerdo Federal de 2002 fue más ambicioso, pero no avanzó demasiado. Fue firmado durante el mandato de Eduardo Duhalde. El jefe de Estado y los gobernadores se comprometieron -sólo en los papeles- a disminuir en un 25% la cantidad de legisladores nacionales, provinciales y municipales; a limitar el presupuesto del Congreso de la Nación; a eliminar los gastos reservados, y a prohibir a los partidos la contratación de publicidad en radio y en televisión.
El documento final de la Mesa del Diálogo Argentino pedía una baja sustancial del gasto político en todas sus dimensiones y en los tres poderes del Estado. El trabajo también abogaba por la eliminación del financiamiento paraestatal de las clientelas políticas y por la abolición de todos los regímenes de privilegio.
Durante la secuencia de planteos sobre este tema, el denominado Foro Social para la Transparencia propuso una modificación del Código Penal para considerar el uso político de los fondos públicos como un agravante del delito de malversación.
Luego de todas estas declaraciones y acuerdos, institucionalmente sólo hubo un paso adelante en el ámbito nacional. En mayo de 2002, el Congreso sancionó la Ley 25.600 por la que se reglamentó el control y la fiscalización de los gastos de los partidos políticos.
La definición sobre el gasto público quedó postergada por otras urgencias y por la bonanza que vivió el Estado luego de la crisis que generó la devaluación. En la agenda del debate, el costo político dejó de ser el problema de la Argentina, y el Congreso de la Nación y casi todas las legislaturas provinciales aumentaron su Presupuesto para este año.

Un dato sintomático
En Tucumán, durante este año la Legislatura dispondrá de poco más del doble de los recursos que fueron pautados originalmente el año pasado. Lo mismo hicieron los poderes ejecutivos en la Nación y en las provincias, para sus áreas políticas. En esta provincia prevén un importante incremento para las secretarías de Prensa y Difusión y General de la Gobernación, dos dependencias clave en el manejo de la relación con los medios y con los sectores políticos. El dato es sintomático en un año en el que habría dos elecciones.
Desde el poder, justifican que el gasto es inevitable en un contexto donde el precio de los salarios también subió. Este argumento elude dos preguntales clave: ¿ya no es necesario repensar cómo se gasta el dinero público? ¿La política está repitiendo las mismas prácticas por las que sus dirigentes fueron condenados -con cacerolas- mediante el reclamo de que se vayan todos?

Calidad institucional
El financiamiento de la política, realizado desde el propio Estado, es una arista crucial para la calidad institucional del país. Según la ex presidenta de Poder Ciudadano, Marta Oyhanarte, es necesario reconocer que la democracia es un sistema complejo y, por lo tanto, vulnerable.Pareciera que, durante los últimos años, el orden económico colonizó lo político con su propia lógica. "No tenemos una democracia gobernante, sino una democracia gobernada por intereses económicos", admitió Oyhanarte en 2001, durante un debate. En ese contexto, aquella célebre máxima del pensador Max Weber (vivir para la política y no de la política) suena a ironía.

PUNTO DE VISTA
"Redefinir el Estado"
Ramiro Albarracín
Master en Administración Pública, España
Docente de la UNT y del CAE
Pareciera ser una ley que, durante las épocas de bonanza económica, el gasto público se incremente con la aceptación expresa o tácita de los agentes políticos y sociales. Esta tendencia estructural se torna en una peligrosa "Espada de Damocles" que amenaza colapsar el sistema político cuando inesperadas crisis interrumpen la estabilidad.
Sin embargo, este fenómeno de fuerte tradición en la cultura política argentina y, particularmente, en la tucumana, donde es consecuencia directa de las prácticas ligadas al clientelismo y a la puja por conseguir votos a cualquier precio, no es propio de estas tierras. Se observa preocupantemente en Estados Unidos y en Europa. Estos países han intentado una solución al problema apelando, en primer término, a la "profesionalización de la administración pública". Esta expresión no significa "incorporar profesionales" a la administración, sino dotar a los tres poderes del Estado de una estructura de recursos humanos jerarquizada, fuertemente calificada y de ingreso por concurso, limitando fuertemente la designación de personal no sujeto a concurso. En el fondo, se trata de una cosmovisión del Estado que lo concibe al servicio de la gestión de las necesidades sociales y no como un "depósito de desocupados o parientes". La sociedad y la clase política local tienen ante sí un interesante desafío, próximamente habrá una reforma constitucional que podría permitir para Tucumán un paso importantísimo en la redefinición del rol del Estado.
Concursar todos los cargos no políticos y limitar las contrataciones de personal no permanente son temas que deberían incluirse en la agenda a debatir.

PUNTO DE VISTA
"Problemas de diseño"
Por Jorge Pablo Nougués
Economista. Investigador de la Universidad Nacional de Tucumán
La capacidad de los políticos para desviar recursos del Estado en beneficio propio depende de las restricciones que les impone el diseño institucional. En este sentido, el marco legal vigente en Tucumán presenta diversos factores que favorecen la conducta discrecional:
a) La ley de lemas reduce el control partidario sobre sus legisladores. Dado que no necesitan de su aprobación para ser candidatos, los políticos no tienen mayores incentivos para responder a los intereses de su agrupación, y pueden concentrarse en buscar su beneficio personal.
b) La imposibilidad de reelección de los legisladores elimina una importante herramienta del electorado, que mediante su voto puede premiar o castigar a los políticos. En este contexto, se favorece el hecho de que aquel que acceda a una banca relegue los intereses de los electores.
c) El diseño del proceso presupuestario también es relevante: si se restringe la capacidad de enmienda del Legislativo se puede crear un conflicto de intereses con el Ejecutivo, y dificultar la colisión entre ambos. Una forma sería impedir que la Legislatura pueda incrementar el gasto propuesto por el gobernador, restricción que no existe en la Constitución vigente en la provincia.
Por último, debe cuidarse que el afán por disminuir el gasto no termine debilitando excesivamente al Poder Legislativo en su capacidad de control del Ejecutivo. Por ejemplo, algunos proponen sistemas electorales mayoritarios, los cuales tienden a generar gobiernos más unificados -y más austeros-. Pero eso, a veces, se paga en el cercenamiento de derechos y libertades. No hay que olvidar que las legislaturas más "baratas" del país son las de Santiago y San Luis.