CONCEPCION.- Organizaciones ambientalistas del interior provincial se reunieron en esta ciudad y coincidieron en pronunciarse en contra de cualquier acuerdo resarcitorio entre el Gobierno y la Minera Alumbrera, por presuntos daños al ecosistema, que no sea previamente consultado con las comunidades supuestamente damnificadas.
Las entidades aseguraron disponer de documentación que acredita roturas del mineralducto en sectores del sur tucumano y de otros perjuicios ambientales, entre los que mencionan el electroducto que pasa por los Valles.
El encuentro, organizado por la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados del Sur, fue preparatorio del que varias instituciones mantendrán hoy en Tafí del Valle. En esta ocasión se discutirá, entre otros temas, un proyecto de ley de creación de áreas protegidas a través de un ente autárquico, que está a consideración de la Legislatura. Se debatirán los presuntos efectos contaminantes de la minera y el acuerdo que planteó la empresa.
De la reunión, que se realizó en el salón de actos del Colegio de Abogados, participaron dirigentes de la Asociación Ambientalista "Pacto Verde", de Monteros; de la Comisión Intersectorial en Defensa del Valle de Tafí y de la Comisión de Prevención y Emergencia de Concepción (Copeco). También estuvieron el titular de la entidad anfitriona, Eduardo Fernández, y el legislador Alejandro Sangenis (Movimiento Peronista Tres Banderas).
Cuestionamientos
"Si permitimos que nos sigan contaminando empresas a las que sólo les interesa lo económico, es probable que asistamos a la extinción biológica en nuestra provincia", advirtió Marcos Pastrana, de la organización de los Valles. "El Estado debe recuperar su rol de protector de los intereses de la comunidad, de la vida, de nuestro futuro", dijo. "Lamento que la UNT y sus profesionales no hayan asumido un compromiso firme frente a los avasallamientos que sufre nuestro ecosistema", agregó.Según Ramón Arias, de Copeco, "en el interior hay muchas víctimas ocultas de las contaminaciones de la minera, producidas, en algunos casos, por roturas en el mineralducto. Los perjuicios al ambiente no se superan con indemnizaciones".
El legislador Sangenis, a su vez, se refirió al repunte que registran los niveles de arsénico en las aguas del este tucumano. "Esto se debe al líquido contaminado que arroja la minera", aseguró. (Ver "Un opositor...")
Todos coincidieron en demandar a los distintos sectores de la comunidad un mayor compromiso de participación en defensa del medio ambiente. (C)
Un opositor dice que la responsabilidad empresaria se exigirá por vía judicial
El legislador opositor Alejandro Sangenis cuestionó en duros términos los pronunciamientos de directivos de Minera Alumbrera Limitada, respecto de que esa firma no genera contaminación alguna en la explotación del yacimiento Bajo la Alumbrera.
"La empresa, que está denunciada por evasión impositiva y por contrabando, pretende descalificar a nuestros fiscales federales y minimizar su calidad de imputada en los peritajes y la actuación de Gendarmería nacional -afirmó-. Lo mismo quieren hacer respecto de las consecuencias de sucesivos accidentes ocurridos en el emprendimiento minero, que comprometen no sólo el medio ambiente sino también la salud de la población"."Vinieron por nuestro oro, plata, cobre y otros metales, destruyendo todo a su paso, en una reedición del daño que causaron los conquistadores a nuestros pueblos originarios con igual desprecio por su cultura, sus derechos y sus instituciones", puntualizó el parlamentario del Movimiento Peronista Tres Banderas.
Sangenis calificó como "dádiva" el ofrecimiento de inversiones realizado por la minera, y criticó que sea presentado como un compromiso de la firma con la comunidad. "No deben ser aceptadas por la Provincia, porque buscan enmascarar una vergonzosa evasión de la verdadera responsabilidad empresaria. Es la que les será exigida, de todos modos, por los ciudadanos ante la Justicia y ante las Naciones Unidas", advirtió.
Según el legislador, "hay que terminar, incluso, con la legislación minera que hace posible esta clase de explotaciones, que los capitales extranjeros siempre llevan adelante fuera de sus países de origen. Como ejemplo, en el Estado de Montana (EE.UU.), una consulta popular prohibió en 1998 el uso de cianuro en emprendimientos de minas de oro a cielo abierto. Ese procedimiento, paradójicamente, está permitido en nuestro país", dijo.
"Ante la pérdida de capital social y humano, la defensa de los recursos naturales debe ser una causa nacional", concluyó.
Las entidades aseguraron disponer de documentación que acredita roturas del mineralducto en sectores del sur tucumano y de otros perjuicios ambientales, entre los que mencionan el electroducto que pasa por los Valles.
El encuentro, organizado por la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados del Sur, fue preparatorio del que varias instituciones mantendrán hoy en Tafí del Valle. En esta ocasión se discutirá, entre otros temas, un proyecto de ley de creación de áreas protegidas a través de un ente autárquico, que está a consideración de la Legislatura. Se debatirán los presuntos efectos contaminantes de la minera y el acuerdo que planteó la empresa.
De la reunión, que se realizó en el salón de actos del Colegio de Abogados, participaron dirigentes de la Asociación Ambientalista "Pacto Verde", de Monteros; de la Comisión Intersectorial en Defensa del Valle de Tafí y de la Comisión de Prevención y Emergencia de Concepción (Copeco). También estuvieron el titular de la entidad anfitriona, Eduardo Fernández, y el legislador Alejandro Sangenis (Movimiento Peronista Tres Banderas).
Cuestionamientos
"Si permitimos que nos sigan contaminando empresas a las que sólo les interesa lo económico, es probable que asistamos a la extinción biológica en nuestra provincia", advirtió Marcos Pastrana, de la organización de los Valles. "El Estado debe recuperar su rol de protector de los intereses de la comunidad, de la vida, de nuestro futuro", dijo. "Lamento que la UNT y sus profesionales no hayan asumido un compromiso firme frente a los avasallamientos que sufre nuestro ecosistema", agregó.Según Ramón Arias, de Copeco, "en el interior hay muchas víctimas ocultas de las contaminaciones de la minera, producidas, en algunos casos, por roturas en el mineralducto. Los perjuicios al ambiente no se superan con indemnizaciones".
El legislador Sangenis, a su vez, se refirió al repunte que registran los niveles de arsénico en las aguas del este tucumano. "Esto se debe al líquido contaminado que arroja la minera", aseguró. (Ver "Un opositor...")
Todos coincidieron en demandar a los distintos sectores de la comunidad un mayor compromiso de participación en defensa del medio ambiente. (C)
El legislador opositor Alejandro Sangenis cuestionó en duros términos los pronunciamientos de directivos de Minera Alumbrera Limitada, respecto de que esa firma no genera contaminación alguna en la explotación del yacimiento Bajo la Alumbrera.
"La empresa, que está denunciada por evasión impositiva y por contrabando, pretende descalificar a nuestros fiscales federales y minimizar su calidad de imputada en los peritajes y la actuación de Gendarmería nacional -afirmó-. Lo mismo quieren hacer respecto de las consecuencias de sucesivos accidentes ocurridos en el emprendimiento minero, que comprometen no sólo el medio ambiente sino también la salud de la población"."Vinieron por nuestro oro, plata, cobre y otros metales, destruyendo todo a su paso, en una reedición del daño que causaron los conquistadores a nuestros pueblos originarios con igual desprecio por su cultura, sus derechos y sus instituciones", puntualizó el parlamentario del Movimiento Peronista Tres Banderas.
Sangenis calificó como "dádiva" el ofrecimiento de inversiones realizado por la minera, y criticó que sea presentado como un compromiso de la firma con la comunidad. "No deben ser aceptadas por la Provincia, porque buscan enmascarar una vergonzosa evasión de la verdadera responsabilidad empresaria. Es la que les será exigida, de todos modos, por los ciudadanos ante la Justicia y ante las Naciones Unidas", advirtió.
Según el legislador, "hay que terminar, incluso, con la legislación minera que hace posible esta clase de explotaciones, que los capitales extranjeros siempre llevan adelante fuera de sus países de origen. Como ejemplo, en el Estado de Montana (EE.UU.), una consulta popular prohibió en 1998 el uso de cianuro en emprendimientos de minas de oro a cielo abierto. Ese procedimiento, paradójicamente, está permitido en nuestro país", dijo.
"Ante la pérdida de capital social y humano, la defensa de los recursos naturales debe ser una causa nacional", concluyó.







