El fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, recurrió una decisión del juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli. Este le había solicitado que desglose la causa por el presunto pago de sobornos, por parte de la empresa Gasnor, para que la Provincia la exima de pagar $ 11 millones en concepto de Impuestos a los Sellos.
Zottoli considera que, por cuerdas separadas, pueden investigarse la nota anónima que presentó el legislador radical José Cano -denunciante en la causa- y la actuación del ministro de Economía, Jorge Jiménez.
Gallo había solicitado que se abriera una investigación sumaria, para luego determinar si se podía iniciar una actuación jurisdiccional para Jiménez, que cuenta con privilegios constitucionales, por lo que sólo puede ser investigado por un juez.
Gallo sostiene que el pedido de Zottoli no corresponde. "El proceso es uno solo y, por eso, no pueden realizarse dos investigaciones", afirmó en el recurso de revocatoria que dedujo.
Subrogantes
Si Zottoli insiste en su tesitura, el fiscal anticorrupción puede solicitar la intervención de la Cámara de Apelaciones, para que determine finalmente qué corresponde.
Zottoli está subrogando el Juzgado V de Instrucción, que está acéfalo. Sin embargo, la causa podría recalar (también en forma subrogante) en manos del juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez.
Giran un expediente
En otra causa, la fiscal III de Instrucción, Teresita Marnero, se declaró incompetente para entender la denuncia que el legislador Alejandro Sangenis (Movimiento Popular Tres Banderas) había planteado por la eliminación del descuento del 20% en la boleta del servicio de agua potable y cloacas. El parlamentario responsabilizó de la situación a Alfredo Calvo y a Pedro Argañaraz, presidente y vice de la Sociedad Aguas del Tucumán.
Por considerar que la denuncia está relacionada con un presunto daño al erario, Marnero giró la causa a la Fiscalía Anticorrupción.
Zottoli considera que, por cuerdas separadas, pueden investigarse la nota anónima que presentó el legislador radical José Cano -denunciante en la causa- y la actuación del ministro de Economía, Jorge Jiménez.
Gallo había solicitado que se abriera una investigación sumaria, para luego determinar si se podía iniciar una actuación jurisdiccional para Jiménez, que cuenta con privilegios constitucionales, por lo que sólo puede ser investigado por un juez.
Gallo sostiene que el pedido de Zottoli no corresponde. "El proceso es uno solo y, por eso, no pueden realizarse dos investigaciones", afirmó en el recurso de revocatoria que dedujo.
Subrogantes
Si Zottoli insiste en su tesitura, el fiscal anticorrupción puede solicitar la intervención de la Cámara de Apelaciones, para que determine finalmente qué corresponde.
Zottoli está subrogando el Juzgado V de Instrucción, que está acéfalo. Sin embargo, la causa podría recalar (también en forma subrogante) en manos del juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez.
Giran un expediente
En otra causa, la fiscal III de Instrucción, Teresita Marnero, se declaró incompetente para entender la denuncia que el legislador Alejandro Sangenis (Movimiento Popular Tres Banderas) había planteado por la eliminación del descuento del 20% en la boleta del servicio de agua potable y cloacas. El parlamentario responsabilizó de la situación a Alfredo Calvo y a Pedro Argañaraz, presidente y vice de la Sociedad Aguas del Tucumán.
Por considerar que la denuncia está relacionada con un presunto daño al erario, Marnero giró la causa a la Fiscalía Anticorrupción.







