24 Febrero 2005 Seguir en 
"Aquí no se va a tapar nada". Con esta frase, el ministro fiscal Luis de Mitri dejó en claro que si hay empleados judiciales involucrados en la falsificación de oficios que aparecieron en los distintos fueros, estos serán sancionados penal o administrativamente.
Luego de varias semanas de silencio, De Mitri habló ayer con la prensa por la repercusión que tienen los casos que, casi a diario, salen a luz e intentó poner paños fríos a la situación. "Los hechos registrados no representan ninguna importancia con relación al caudal de causas que se tramitan a diario, tanto en el fuero penal como en el civil", dijo.
Con respecto al tema de la falsificación de los resultados de los dosajes alcohólicos, De Mitri afirmó que están interesados en determinar dónde se produjo la adulteración. "Somos los principales interesados en que se sepa la verdad de lo sucedido. Hay que determinar dónde y cuándo se produjo la adulteración", sostuvo. El ministro fiscal aseguró que los expedientes (hay al menos tres causas similares) fueron manipulados entre funcionarios policiales y judiciales. "De allí tienen que salir los responsables", añadió. El jefe de los fiscales penales aseguró que se siente preocupado por lo que sucede, aunque indicó que se trata de casos aislados. "Si alguien del Poder Judicial está involucrado, sea empleado o funcionario judicial, no se va a tapar nada y se va a responsabilizar, como corresponde, a quien haya participado de esta maniobra", dijo. De Mitri remarcó que la situación "preocupa, aflige y afecta la imagen del Poder Judicial". Pero al mismo tiempo indicó: "quiero que la comunidad, que se informa sobre estos hechos, no piense que toda la institución judicial está totalmente destruida y afectada por el accionar de funcionarios que no responderían a la buena fe y a la confianza que la comunidad deposita en las actuaciones judiciales".
Las fiscalías
La denuncia por la falsificación en los dosajes fue presentada por la bioquímica Lilia Moyano de Colombres, una de las directoras de la Policía Científica. Hay causas presentadas en las Fiscalías IX y II. Hay una tercera causa que estaba en la Fiscalía VIII pero, como por turno correspondía a la Fiscalía X, fue enviada a la mesa de entrada penal. A pesar de que ese traslado se realizó en diciembre pasado, aún no llegó a la Fiscalía X y, según se informó, no se sabe bien dónde está. En el caso de la causa que está en la Fiscalía IX, la voz de alerta la dio la compañía aseguradora, ya que uno de los peritos sospechó que se trataba de una falsificación. Ya se habría comprobado que el oficio en el que estaba el resultado verdadero de la pericia (se indicaba que el protagonista de un accidente tenía 1.25 de alcohol en sangre, mientras que en el oficio falso decía que tenía 0) habría sido sustraído en la Fiscalía VII. Sobre el caso ya se pidieron varios informes, y además se tomaron numerosas declaraciones.
Un oficial podría seguir detenido
El fiscal Alejandro Noguera decidiría en los próximos días la situación del oficial Enrique Díaz, uno de los cuatro policías que viajaron a otras provincias para intentar el traslado de dos peligrosos detenidos con exhortos falsos. Aparentemente, ya tiene pruebas como para solicitar la prisión preventiva en su contra. Si esto sucede, Díaz se convertirá en el tercer hombre en esta situación, dado que la medida ya fue tomada contra otros dos policías, Manuel Ruiz y Dardo Campos.
A fines de diciembre, Díaz y el agente Sergio Gustavo Escobar fueron a Córdoba para intentar trasladar a Miguel Angel Acuña, un preso que estaba condenado por robo agravado. Pero en esa provincia advirtieron que el exhorto que llevaban era falso y ambos policías quedaron presos. Algo semejante sucedió en Santa Fe con Ruiz y con Campos. A los cuatro agentes se los acusa de falsificación de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y facilitación de la evasión en grado de tentativa. Por el caso además están imputados dos empleados judiciales que se desempeñaban en la Fiscalía X, el prosecretario Juan Correa y el encargado Manuel Ojeda. En la fiscalía se siguen analizando las grabaciones de las escuchas telefónicas que se ordenaron luego de que estalló el caso, para ver si se puede encontrar en ellas algún elemento de prueba para la causa.
Finalmente se decidió que mañana, un perito de Gendarmería comenzará a tomar los cuerpos de escritura a víctimas y acusados del caso para tratar de establecer quién fue el que realizó las firmas falsas en los exhortos.
Luego de varias semanas de silencio, De Mitri habló ayer con la prensa por la repercusión que tienen los casos que, casi a diario, salen a luz e intentó poner paños fríos a la situación. "Los hechos registrados no representan ninguna importancia con relación al caudal de causas que se tramitan a diario, tanto en el fuero penal como en el civil", dijo.
Con respecto al tema de la falsificación de los resultados de los dosajes alcohólicos, De Mitri afirmó que están interesados en determinar dónde se produjo la adulteración. "Somos los principales interesados en que se sepa la verdad de lo sucedido. Hay que determinar dónde y cuándo se produjo la adulteración", sostuvo. El ministro fiscal aseguró que los expedientes (hay al menos tres causas similares) fueron manipulados entre funcionarios policiales y judiciales. "De allí tienen que salir los responsables", añadió. El jefe de los fiscales penales aseguró que se siente preocupado por lo que sucede, aunque indicó que se trata de casos aislados. "Si alguien del Poder Judicial está involucrado, sea empleado o funcionario judicial, no se va a tapar nada y se va a responsabilizar, como corresponde, a quien haya participado de esta maniobra", dijo. De Mitri remarcó que la situación "preocupa, aflige y afecta la imagen del Poder Judicial". Pero al mismo tiempo indicó: "quiero que la comunidad, que se informa sobre estos hechos, no piense que toda la institución judicial está totalmente destruida y afectada por el accionar de funcionarios que no responderían a la buena fe y a la confianza que la comunidad deposita en las actuaciones judiciales".
Las fiscalías
La denuncia por la falsificación en los dosajes fue presentada por la bioquímica Lilia Moyano de Colombres, una de las directoras de la Policía Científica. Hay causas presentadas en las Fiscalías IX y II. Hay una tercera causa que estaba en la Fiscalía VIII pero, como por turno correspondía a la Fiscalía X, fue enviada a la mesa de entrada penal. A pesar de que ese traslado se realizó en diciembre pasado, aún no llegó a la Fiscalía X y, según se informó, no se sabe bien dónde está. En el caso de la causa que está en la Fiscalía IX, la voz de alerta la dio la compañía aseguradora, ya que uno de los peritos sospechó que se trataba de una falsificación. Ya se habría comprobado que el oficio en el que estaba el resultado verdadero de la pericia (se indicaba que el protagonista de un accidente tenía 1.25 de alcohol en sangre, mientras que en el oficio falso decía que tenía 0) habría sido sustraído en la Fiscalía VII. Sobre el caso ya se pidieron varios informes, y además se tomaron numerosas declaraciones.
Un oficial podría seguir detenido
El fiscal Alejandro Noguera decidiría en los próximos días la situación del oficial Enrique Díaz, uno de los cuatro policías que viajaron a otras provincias para intentar el traslado de dos peligrosos detenidos con exhortos falsos. Aparentemente, ya tiene pruebas como para solicitar la prisión preventiva en su contra. Si esto sucede, Díaz se convertirá en el tercer hombre en esta situación, dado que la medida ya fue tomada contra otros dos policías, Manuel Ruiz y Dardo Campos.
A fines de diciembre, Díaz y el agente Sergio Gustavo Escobar fueron a Córdoba para intentar trasladar a Miguel Angel Acuña, un preso que estaba condenado por robo agravado. Pero en esa provincia advirtieron que el exhorto que llevaban era falso y ambos policías quedaron presos. Algo semejante sucedió en Santa Fe con Ruiz y con Campos. A los cuatro agentes se los acusa de falsificación de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y facilitación de la evasión en grado de tentativa. Por el caso además están imputados dos empleados judiciales que se desempeñaban en la Fiscalía X, el prosecretario Juan Correa y el encargado Manuel Ojeda. En la fiscalía se siguen analizando las grabaciones de las escuchas telefónicas que se ordenaron luego de que estalló el caso, para ver si se puede encontrar en ellas algún elemento de prueba para la causa.
Finalmente se decidió que mañana, un perito de Gendarmería comenzará a tomar los cuerpos de escritura a víctimas y acusados del caso para tratar de establecer quién fue el que realizó las firmas falsas en los exhortos.
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