23 Febrero 2005 Seguir en 
El resultado de uno de los dosajes de alcoholemia que se habían realizado en la Policía y que fueron remitidos al Poder Judicial habría sido sustraído en una fiscalía y luego cambiado por otro, según el cual el contenido de alcohol en sangre era nulo, mientras que el oficial advertía que el acusado tenía una alta dosis en el cuerpo. El dato surgió en el marco de la investigación que se realiza en la Fiscalía IX, a cargo de la fiscal Raquel Asís y del secretario Juan Carlos Lionti.
La denuncia había sido radicada por la bioquímica Lilia Moyano de Colombres, a quien le habían advertido sobre el sugestivo cambio en el resultado del análisis. No es un dato menor, dado que el documento forma parte de una causa penal en la que incluso hay involucradas compañías de seguro, que toman todos los recaudos antes de pagar por un accidente.
Ya declaró por este caso el empleado de una fiscalía, que habría dicho que efectivamente en el expediente estaba el informe original de la Policía, y que luego una fotocopia que modificaba el anterior. El caso está siendo seguido de cerca por los miembros de la Corte, que inclusive han solicitado que se les remitan informes sobre la investigación.
En ese sentido, el director de Control y Gestión de la Corte Suprema de Justicia, Félix Alberto Montilla Zavalía, indicó que se detectaron tres casos de informes de dosajes alcohólicos supuestamente adulterados: uno en la Fiscalía VI, otro en la Fiscalía VII y el restante en la Fiscalía VIII. "Se debe tener presente que el procedimiento de extracción de muestras de sangre para la realización de este tipo de análisis lo realiza la Policía de Tucumán, que -además- procesa los resultados y elabora el informe; estos eran remitidos por la misma Policía, a través de la seccional, a la Fiscalía de Instrucción que correspondiera. Ese recorrido permitiría que el informe de alcoholemia sea modificado", explicó Montilla Zavalía en una nota que dirigió a LA GACETA.
La denuncia
"Dicha maniobra -agregó- fue denunciada por la encargada policial de la realización de los análisis (la bioquímica Lilia Moyano de Colombres). Ante el conocimiento de dicho modus operandi, la Corte Suprema se ha dirigido al señor ministro de Seguridad Ciudadana para que se instrumente, a través de la Jefatura de Policía, en Tucumán, un sistema de protocolización de los análisis de alcohol en sangre efectuados por el laboratorio de la Policía".
"También se solicitó que los informes, una vez confeccionados, sean remitidos directamente a las fiscalías, obviando toda oficina policial -resolución de Presidencia de la Corte Nº 48 de fecha 10 de diciembre de 2004", añadió el funcionario.
Harán consultas judiciales vía internet
La Dirección de Control y Gestión de la Corte Suprema envió a LA GACETA un comunicado, firmado por su director, Félix Alberto Montilla Zavalía, en el que se informa cuáles son las causas que se están investigando y en que trámite están, en el contexto de la aparición de documentación falsa.
Se informó que, respecto de oficios judiciales apócrifos utilizados con el fin de levantar medidas cautelares inscriptas en el Registro Inmobiliario de la Provincia, se han detectado dos maniobras: la primera el 15 de julio de 2004 y la segunda el día 8 de noviembre de 2004.
Contacto permanente
Desde los primeros días de noviembre de 2004, la Suprema Corte mantuvo permanente contacto con la Dirección del Registro Inmobiliario con el fin de formular medidas tendientes a asegurar la legitimidad de los documentos judiciales que deben ser inscriptos.
Se ha puesto en consideración de las autoridades de dicho Registro que, a los efectos de indagar sobre la veracidad de los documentos judiciales, se encuentra habilitada la consulta remota de los expedientes tramitados en los fueros de Documentos y Locaciones, Civil y Comercial Común y Cobros y Apremios vía internet, sin perjuicio de otros medios de verificación. No obstante ello, se ha formulado un proyecto de reglamentación sobre la materia que se encuentra a estudio. La investigación jurisdiccional de los ilícitos está a cargo de las Fiscalías V y IX.
La denuncia había sido radicada por la bioquímica Lilia Moyano de Colombres, a quien le habían advertido sobre el sugestivo cambio en el resultado del análisis. No es un dato menor, dado que el documento forma parte de una causa penal en la que incluso hay involucradas compañías de seguro, que toman todos los recaudos antes de pagar por un accidente.
Ya declaró por este caso el empleado de una fiscalía, que habría dicho que efectivamente en el expediente estaba el informe original de la Policía, y que luego una fotocopia que modificaba el anterior. El caso está siendo seguido de cerca por los miembros de la Corte, que inclusive han solicitado que se les remitan informes sobre la investigación.
En ese sentido, el director de Control y Gestión de la Corte Suprema de Justicia, Félix Alberto Montilla Zavalía, indicó que se detectaron tres casos de informes de dosajes alcohólicos supuestamente adulterados: uno en la Fiscalía VI, otro en la Fiscalía VII y el restante en la Fiscalía VIII. "Se debe tener presente que el procedimiento de extracción de muestras de sangre para la realización de este tipo de análisis lo realiza la Policía de Tucumán, que -además- procesa los resultados y elabora el informe; estos eran remitidos por la misma Policía, a través de la seccional, a la Fiscalía de Instrucción que correspondiera. Ese recorrido permitiría que el informe de alcoholemia sea modificado", explicó Montilla Zavalía en una nota que dirigió a LA GACETA.
La denuncia
"Dicha maniobra -agregó- fue denunciada por la encargada policial de la realización de los análisis (la bioquímica Lilia Moyano de Colombres). Ante el conocimiento de dicho modus operandi, la Corte Suprema se ha dirigido al señor ministro de Seguridad Ciudadana para que se instrumente, a través de la Jefatura de Policía, en Tucumán, un sistema de protocolización de los análisis de alcohol en sangre efectuados por el laboratorio de la Policía".
"También se solicitó que los informes, una vez confeccionados, sean remitidos directamente a las fiscalías, obviando toda oficina policial -resolución de Presidencia de la Corte Nº 48 de fecha 10 de diciembre de 2004", añadió el funcionario.
Harán consultas judiciales vía internet
La Dirección de Control y Gestión de la Corte Suprema envió a LA GACETA un comunicado, firmado por su director, Félix Alberto Montilla Zavalía, en el que se informa cuáles son las causas que se están investigando y en que trámite están, en el contexto de la aparición de documentación falsa.
Se informó que, respecto de oficios judiciales apócrifos utilizados con el fin de levantar medidas cautelares inscriptas en el Registro Inmobiliario de la Provincia, se han detectado dos maniobras: la primera el 15 de julio de 2004 y la segunda el día 8 de noviembre de 2004.
Contacto permanente
Desde los primeros días de noviembre de 2004, la Suprema Corte mantuvo permanente contacto con la Dirección del Registro Inmobiliario con el fin de formular medidas tendientes a asegurar la legitimidad de los documentos judiciales que deben ser inscriptos.
Se ha puesto en consideración de las autoridades de dicho Registro que, a los efectos de indagar sobre la veracidad de los documentos judiciales, se encuentra habilitada la consulta remota de los expedientes tramitados en los fueros de Documentos y Locaciones, Civil y Comercial Común y Cobros y Apremios vía internet, sin perjuicio de otros medios de verificación. No obstante ello, se ha formulado un proyecto de reglamentación sobre la materia que se encuentra a estudio. La investigación jurisdiccional de los ilícitos está a cargo de las Fiscalías V y IX.
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