Con la reforma de la Constitución, los tucumanos tenemos la oportunidad de rescatar el espíritu alberdiano que inspiró a los constituyentes de 1853. Con el enriquecimiento de los años vividos desde el retorno de la democracia, podemos hacer realidad un nuevo digesto constitucional que sea ágil, sabio y claro, que incorpore la nueva legislación, que posibilite la real participación ciudadana en la toma de decisiones y del control de los actos de Gobierno.
Para lograrlo, es necesario incorporar institutos tales como el referéndum y el plebiscito. De modo que el pueblo, mediante el voto, apruebe o desapruebe decisiones trascendentales que afectarán su vida: privatizaciones de empresas públicas, explotación del juego de azar, toma de empréstitos públicos, entre otras. También debe habilitarse la revocatoria popular de mandatos para castigar a los malos concejales, comisionados rurales e intendentes. De igual manera, debe darse rango constitucional al Tribunal de Cuentas a fin de que tenga estabilidad. Y debe instituirse un Consejo de la Magistratura para que entienda en la designación y en la remoción de los jueces inferiores, y deje el instituto el juicio político reservado exclusivamente a las cabezas de los tres poderes (gobernador, vicegobernador y vocales de la Corte Suprema de Justicia).En la nueva Carta Magna tampoco puede faltar la autonomía de los municipios; para ello, hay que dotar a los concejos deliberantes de instrumentos de control. A su vez, debe eliminarse todo concepto de discriminación en base a religión, sexo o raza para el empleo público o cargo eleccionario. Igualmente, tienen que protegerse los derechos humanos, los de la niñez y de la ancianidad, la ecología, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Y no debe temerse la reelección acotada por un período para los cargos ejecutivos, ya que si fue un mal gobernante, el pueblo no volverá a votarlo por más reelección que tengan.
Todas estas medidas no deben molestar al gobernante, ya que son tomadas para lograr una mayor transparencia y claridad en el accionar gubernamental, que se basa en el régimen representativo, republicano y federal, que anima nuestra vida democrática y la Constitución, herramienta fundamental.
Para lograrlo, es necesario incorporar institutos tales como el referéndum y el plebiscito. De modo que el pueblo, mediante el voto, apruebe o desapruebe decisiones trascendentales que afectarán su vida: privatizaciones de empresas públicas, explotación del juego de azar, toma de empréstitos públicos, entre otras. También debe habilitarse la revocatoria popular de mandatos para castigar a los malos concejales, comisionados rurales e intendentes. De igual manera, debe darse rango constitucional al Tribunal de Cuentas a fin de que tenga estabilidad. Y debe instituirse un Consejo de la Magistratura para que entienda en la designación y en la remoción de los jueces inferiores, y deje el instituto el juicio político reservado exclusivamente a las cabezas de los tres poderes (gobernador, vicegobernador y vocales de la Corte Suprema de Justicia).En la nueva Carta Magna tampoco puede faltar la autonomía de los municipios; para ello, hay que dotar a los concejos deliberantes de instrumentos de control. A su vez, debe eliminarse todo concepto de discriminación en base a religión, sexo o raza para el empleo público o cargo eleccionario. Igualmente, tienen que protegerse los derechos humanos, los de la niñez y de la ancianidad, la ecología, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Y no debe temerse la reelección acotada por un período para los cargos ejecutivos, ya que si fue un mal gobernante, el pueblo no volverá a votarlo por más reelección que tengan.
Todas estas medidas no deben molestar al gobernante, ya que son tomadas para lograr una mayor transparencia y claridad en el accionar gubernamental, que se basa en el régimen representativo, republicano y federal, que anima nuestra vida democrática y la Constitución, herramienta fundamental.







