Por Redacción Política
22 Febrero 2005
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En la Fiscalía de Estado se han propuesto poner las cosas en orden. Abogados de la repartición recurrirán hoy a los Tribunales de esta capital para solicitar una serie de medidas preparatorias como primer paso para regularizar la situación de una veintena de inmuebles del Estado que hoy se encuentran irregularmente ocupados por particulares.
El objetivo de las medidas es allanar el camino para las eventuales acciones que la Provincia emprenderá a fin de recuperar terrenos ubicados principalmente en El Cadillal, Tafí del Valle, El Mollar y San Javier.
"Primero tenemos que determinar la superficie realmente ocupada y el carácter que invocan los particulares. A partir de este análisis, determinaremos cuál será la acción judicial a la que recurriremos en cada caso", explicó a LA GACETA el fiscal de Estado, Antonio Estofán.
El juez ante el que se tramitan la medidas oficiará a los jueces de Paz de las localidades en cuestión para que envíen información acerca de los inmuebles de dominio fiscal. La recuperación comenzará con terrenos ubicados en zona estratégicamente clave desde el punto de vista turístico. "En algunos casos, los inmuebles están ocupados con construcciones (casas o galpones) de la provincia. Muchos están en zonas rurales; otros, en urbanas", precisó el funcionario.
Diferentes variantes
Una vez que la Fiscalía de Estado procese la información que reciba respecto de cada inmueble, los abogados decidirán qué tipo de acción judicial deducirán. Podrá ser penal (en el caso de que haya usurpación) o civil (en este supuesto, podrán demandar desalojos, reivindicaciones, etcétera).
"Este proceso es importante por muchas razones. En primer lugar, porque implica un relevamiento del grado de ocupación (total o parcial) irregular de los terrenos. En San Javier, por ejemplo, existen caminos virtualmente tomados. Pero también actuamos en resguardo de los derechos de quienes sí cuentan con concesiones o con autorizaciones otorgadas regularmente por el Estado", concluyó Estofán.
El objetivo de las medidas es allanar el camino para las eventuales acciones que la Provincia emprenderá a fin de recuperar terrenos ubicados principalmente en El Cadillal, Tafí del Valle, El Mollar y San Javier.
"Primero tenemos que determinar la superficie realmente ocupada y el carácter que invocan los particulares. A partir de este análisis, determinaremos cuál será la acción judicial a la que recurriremos en cada caso", explicó a LA GACETA el fiscal de Estado, Antonio Estofán.
El juez ante el que se tramitan la medidas oficiará a los jueces de Paz de las localidades en cuestión para que envíen información acerca de los inmuebles de dominio fiscal. La recuperación comenzará con terrenos ubicados en zona estratégicamente clave desde el punto de vista turístico. "En algunos casos, los inmuebles están ocupados con construcciones (casas o galpones) de la provincia. Muchos están en zonas rurales; otros, en urbanas", precisó el funcionario.
Diferentes variantes
Una vez que la Fiscalía de Estado procese la información que reciba respecto de cada inmueble, los abogados decidirán qué tipo de acción judicial deducirán. Podrá ser penal (en el caso de que haya usurpación) o civil (en este supuesto, podrán demandar desalojos, reivindicaciones, etcétera).
"Este proceso es importante por muchas razones. En primer lugar, porque implica un relevamiento del grado de ocupación (total o parcial) irregular de los terrenos. En San Javier, por ejemplo, existen caminos virtualmente tomados. Pero también actuamos en resguardo de los derechos de quienes sí cuentan con concesiones o con autorizaciones otorgadas regularmente por el Estado", concluyó Estofán.
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