Un preso que era custodiado por cinco guardias huyó

No podía haber ocurrido en un momento peor. En medio de la investigación de la Justicia por el caso de los "sacapresos", cinco empleados del penal de Villa Urquiza no se dieron cuenta que un detenido, al que habían acompañado para visitar a un pariente, escapó, poniéndolos en ridículo. Cuatro guardias se encuentran detenidos (el chofer quedó en libertad) a solicitud del fiscal Pedro Gallo.
El hecho ocurrió el sábado, en inmediaciones del barrio Ejército Argentino. El detenido Víctor Alegre, condenado por robo, había recibido permiso de los jueces de la sala IV de la Cámara Penal para visitar a su abuela, que se domicilia en el pasaje Martí al 2.800. La Dirección del Servicio Penitenciario ordenó que fuera acompañado por cinco guardias. Cuando llegaron a la casa había ocho personas, y poco después llegaron otros ocho. En cierto momento, Alegre, a quien le dicen "Porteño", dijo que iba a ir a otra habitación para cambiarse. No salió nunca más. Cuando los guardias se dieron cuenta de que no estaba, rápidamente llamaron a la Policía, pero el "Porteño" ya se había ido.
El director de Institutos Penales, Ernesto Salas, indicó que el hecho preocupa, por lo que se inició un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. "Los empleados que formaron la custodia tienen buenos antecedentes, cada uno de ellos en el sector en el que se desempeña. Igualmente se investigará ya que este delito, la presunta facilitación de la evasión está considerada una falta grave", indicó Salas. El funcionario afirmó: "el Servicio Penitenciario puede atender la gran cantidad de custodias que reciben los internos para salir, pero no se está exento de tener este tipo de problemas".
El delito por el cual se acusa a los guardias en el Poder Judicial tiene una pena de entre un mes y cuatro años de cárcel, por lo que es excarcelable, sin embargo, hasta que haya más elementos de prueba, los vigilantes seguirán detenidos.

Un posible careo
En el marco de la causa de los "sacapresos", el fiscal Alejandro Noguera propondría que se realice un careo entre el empleado judicial Manuel Ojeda (que está imputado) y el policía Enrique Díaz, en virtud de que el oficial dijo que fue Ojeda quien le entregó en la fiscalía X el exhorto que, luego así se demostraría, era falso. Lo que no se sabe es si Ojeda accederá.
En enero, el empleado judicial enfrentó en un careo a otro policía, Manuel Ruiz (que había dicho lo mismo que Díaz) y su imagen quedó muy afectada, ya que Ruiz fue mucho más convincente que él en sus dichos. En tanto, entre esta semana y la próxima se realizarán las demoradas pericias caligráficas.

Tomarán nuevas declaraciones
Las personas que adquirieron los inmuebles sobre los que pesaba un embargo que fue levantado con un oficio falso deberán declarar en Tribunales.
Aunque se estima que se trata de compradores de buena fe, podrían aportar datos acerca de cómo fue efectuada la maniobra.
El oficio falsificado apareció en julio del año pasado en el Registro Civil, donde nadie advirtió que era ilegal ya que -según dijo la directora María Laura Ojeda Uriburu- tenía todos los requisitos de ley. Con esto, se levantó el embargo sobre cuatro propiedades que poco después fueron vendidas.
En el marco de la investigación está imputada Blanca Hael de Rija. Sin embargo, en la Justicia sostienen que podría haber otros implicados, por lo que se están buscando más datos. Al respecto -como se informó- no se podría saber fehacientemente si el oficio era falso, ya que el original habría sido retirado del Registro Inmobiliario por la misma persona que concretó la maniobra ilegal, quien dejó una fotocopia.
La causa estaba en el juzgado I de Documentos y Locaciones, a cargo de Graciela López de Valverde, y la denuncia por la aparición del oficio fue presentada por el abogado Adrián Acosta. Se habrían falsificado sellos y firmas de varios funcionarios.