Investigarán al dueño de una imprenta

El fiscal Alejandro Noguera, que investiga el caso de los "sacapresos", decidiría enviar en las próximas horas actuaciones a la Fiscalía de turno para que se investigue la responsabilidad del dueño de una imprenta ubicada en Tafí Viejo, donde se habrían realizado los sellos apócrifos utilizados en el exhorto trucho con el que se pretendía facilitar la fuga de delincuentes que estaban presos en Santa Fe y en Córdoba.
El propietario del comercio no sería imputado en esta causa, pero podría ser acusado por falsificación de instrumentos públicos, ya que para confeccionar este tipo de sello, las órdenes deben estar acompañadas por cierta documentación con autorización de los magistrados, que en este caso no se habría presentado, indicaron fuentes judiciales.
A partir del jueves, todas las personas que están involucradas en el caso de los "sacapresos" (imputados y afectados) deberán someterse a las pericias caligráficas que realizará personal de Gendarmería. Se trata de análisis de escritura con los que se tratará de determinar si son de alguno de ellos las firmas que figuran en los exhortos.
Hasta el momento están imputados los policías Enrique Díaz, Sergio Escobar, Manuel Ruiz y Dardo Campos, y los empleados judiciales Manuel Ojeda y Juan Correa. En base al testimonio que brindó Díaz podría complicarse la situación de Ojeda, y no se descarta que vuelva a ser detenido. El policía indicó que fue el ex empleado de la fiscalía X quien le entregó el exhorto falso.
Por otro lado, si el oficio que salió del Juzgado de Documentos y Locaciones de la VIII Nominación -y que permitió el levantamiento del embargo sobre cuatro propiedades- era falso o no, será muy difícil de dilucidar. Es que si bien el sistema informático no detectó que se haya hecho en Tribunales, el original se lo llevó quien concretó la maniobra, y dejó en el expediente sólo una copia.
El hombre habría presentado efectivamente el oficio en el Registro Inmobiliario en julio y luego de que se constató que tenía los sellos y las firmas de ley, retiró el original y dejó la copia, con lo que el trámite siguió su curso hasta que se obtuvo el levantamiento fraudulento. Por el caso hay una mujer que declaró como imputada, y que fue identificada como Blanca Hael de Rija.
El caso está siendo investigado por el fiscal Noguera. Todo se inició tras la denuncia del abogado Adrián Acosta, a quien además le robaron uno de los cuerpos del expediente, que estaba guardado en la caja fuerte del Juzgado, a cargo de Graciela López de Valverde. Al mismo tiempo, en Tribunales se investiga un hecho similar, de otro oficio que tenía sellos y firmas, pero del Juzgado I de Documentos y Locaciones.