20 Febrero 2005 Seguir en 
Esposado, con las zapatillas sin cordones y sin el cinturón en el pantalón, el oficial Enrique Díaz salió de la Alcaidía de Tribunales y fue llevado hasta la fiscalía V para que declarara, en el marco de la investigación por la aparición de oficios falsos, en lo que se conoce como el caso de los "sacapresos". La declaración de Díaz, que estuvo detenido durante un mes y 20 días en Córdoba, era considerada fundamental.
Concretamente el oficial dio dos datos importantes: dijo que el exhorto apócrifo con el cual debía obtener el traslado del detenido Miguel Angel Acuña se lo dio en la mano el empleado judicial Manuel Ojeda en la fiscalía X, y que el concejal-policía César Alfredo Juárez no le entregó ningún tipo de documentación vinculada a la causa. Con esto, Díaz, que trabajaba en la comisaría de El Colmenar, comprometió más a Ojeda (que está imputado) y prácticamente desvinculó a Juárez.Desde las 8.30, el fiscal Alejandro Noguera; el secretario Eduardo Farías y el prosecretario Héctor Alberto Arias esperaron a que comenzara la declaración, que recién se produjo poco antes de las 12. Ellos, junto al imputado y a su defensor, Daniel Medina, estuvieron más de tres horas en la fiscalía. Medina le dijo a LA GACETA que su defendido no sabía que se trataba de un exhorto falso. "Se lo dijeron en Córdoba, mientras lo rodeaban policías para detenerlo", indicó el abogado.
La causa
Díaz y el agente Sergio Escobar debían obtener el traslado de Acuña, mientras que otra comisión integrada por los sargentos Manuel Ruiz y Dardo Campos viajó a Santa Fe para hacer el mismo trámite con el delincuente Héctor David Tagliaferro. Según la investigación, todo habría sido parte de una maniobra ilegal, ya que hasta el asalto en el que se basaron para pedir las extradiciones era falso. Según los investigadores, en el camino hacia Tucumán, ambos delincuentes habían obtenido facilidades para fugarse. Además de los policías y de Ojeda, está imputado el prosecretario Juan Correa.
A Juárez lo había vinculado la esposa de Díaz, Nancy Agüero, sugiriendo que habría sido él quien le había entregado los exhortos. "No sé por qué dijo eso mi esposa", manifestó ayer Juárez.
Escobar por su parte se abstuvo de declarar, amparándose en su derecho constitucional. Esta será una semana clave para el total esclarecimiento de la causa, por la realización de pericias.
Registros Inmobiliarios del país fueron interconectados
Los Registros de Propiedad Inmueble crearon la Red Interjurisdiccional de Inhibiciones Generales y Titulares de Dominio, que permitirá informatizar los datos, agilizar los trámites e interconectar la información de todos los registros del país.
La red posibilitará la difusión de la información correspondiente a las inhibiciones generales y a los titulares de inmuebles por intermedio de todos los Registros de la Propiedad existentes en el país. Pero además servirá como una medida más de seguridad para casos como los sucedidos en Tucumán, aunque ya había antecedentes en todo el país. En nuestra provincia se descubrieron al menos dos oficios falsos, uno de los cuales permitió el levantamiento ilegal de los embargos que pesaban sobre cuatro inmuebles. En el otro caso en el Registro Inmobiliario se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, y no le dieron curso.
Desde que se descubrieron los casos, la Corte Suprema de Justicia y el Registro Inmobiliario decidieron aumentar las medidas de seguridad, para evitar que se produzcan nuevos intentos de maniobras delictivas. Hay dos investigaciones penales en curso.
Concretamente el oficial dio dos datos importantes: dijo que el exhorto apócrifo con el cual debía obtener el traslado del detenido Miguel Angel Acuña se lo dio en la mano el empleado judicial Manuel Ojeda en la fiscalía X, y que el concejal-policía César Alfredo Juárez no le entregó ningún tipo de documentación vinculada a la causa. Con esto, Díaz, que trabajaba en la comisaría de El Colmenar, comprometió más a Ojeda (que está imputado) y prácticamente desvinculó a Juárez.Desde las 8.30, el fiscal Alejandro Noguera; el secretario Eduardo Farías y el prosecretario Héctor Alberto Arias esperaron a que comenzara la declaración, que recién se produjo poco antes de las 12. Ellos, junto al imputado y a su defensor, Daniel Medina, estuvieron más de tres horas en la fiscalía. Medina le dijo a LA GACETA que su defendido no sabía que se trataba de un exhorto falso. "Se lo dijeron en Córdoba, mientras lo rodeaban policías para detenerlo", indicó el abogado.
La causa
Díaz y el agente Sergio Escobar debían obtener el traslado de Acuña, mientras que otra comisión integrada por los sargentos Manuel Ruiz y Dardo Campos viajó a Santa Fe para hacer el mismo trámite con el delincuente Héctor David Tagliaferro. Según la investigación, todo habría sido parte de una maniobra ilegal, ya que hasta el asalto en el que se basaron para pedir las extradiciones era falso. Según los investigadores, en el camino hacia Tucumán, ambos delincuentes habían obtenido facilidades para fugarse. Además de los policías y de Ojeda, está imputado el prosecretario Juan Correa.
A Juárez lo había vinculado la esposa de Díaz, Nancy Agüero, sugiriendo que habría sido él quien le había entregado los exhortos. "No sé por qué dijo eso mi esposa", manifestó ayer Juárez.
Escobar por su parte se abstuvo de declarar, amparándose en su derecho constitucional. Esta será una semana clave para el total esclarecimiento de la causa, por la realización de pericias.
Registros Inmobiliarios del país fueron interconectados
Los Registros de Propiedad Inmueble crearon la Red Interjurisdiccional de Inhibiciones Generales y Titulares de Dominio, que permitirá informatizar los datos, agilizar los trámites e interconectar la información de todos los registros del país.
La red posibilitará la difusión de la información correspondiente a las inhibiciones generales y a los titulares de inmuebles por intermedio de todos los Registros de la Propiedad existentes en el país. Pero además servirá como una medida más de seguridad para casos como los sucedidos en Tucumán, aunque ya había antecedentes en todo el país. En nuestra provincia se descubrieron al menos dos oficios falsos, uno de los cuales permitió el levantamiento ilegal de los embargos que pesaban sobre cuatro inmuebles. En el otro caso en el Registro Inmobiliario se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, y no le dieron curso.
Desde que se descubrieron los casos, la Corte Suprema de Justicia y el Registro Inmobiliario decidieron aumentar las medidas de seguridad, para evitar que se produzcan nuevos intentos de maniobras delictivas. Hay dos investigaciones penales en curso.







