Por Redacción Política
20 Febrero 2005
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De las casi 450 causas que se iniciaron desde que fue creada la Fiscalía Anticorrupción, en junio de 2000, ninguna llegó aún a juicio oral en contra de los funcionarios públicos imputados. Esto incluye las investigaciones efectuadas mientras el actual diputado nacional Esteban Jerez ocupaba esa oficina judicial, y las denuncias que comenzaron a ser tramitadas por su reemplazante, Pedro Gallo.
La cifra es un dato revelador de cómo funciona el sistema judicial al momento de analizar los delitos cometidos en contra del Estado. También es un elemento que debe ser considerado para debatir acerca del funcionamiento de los controles a los funcionarios públicos, en cualquiera de los tres poderes, y para aceitar los mecanismos con los que se garantiza que estos actúen en el marco de la ley.
La discusión sobre los motivos por los que los hechos de corrupción no pueden ser esclarecidos en su totalidad, divide las opiniones de los especialistas. En un asunto que alcanzó un evidente cariz político por los actores involucrados, el desconocimiento de la mayoría de los ciudadanos de los mecanismos procesales suma incertidumbres y frustra las expectativas de la sociedad por ver a algún hombre del poder preso.Las modificaciones introducidas al Código Penal, por las que fueron limitadas las causales para la interrupción de la prescripción de la acción penal, coloca otro manto de duda sobre todas estas causas. Aunque no hay cálculos oficiales, fuentes judiciales reconocieron a LA GACETA que varios de los procesos anticorrupción podrían quedar sin efecto por el mero paso del tiempo. Sólo bastaría que algún abogado defensor plantee esa salida, para que centenares de fojas pasen al archivo.
En el foco de la tormenta
El 1 de junio de 2000, el por entonces ministro fiscal de la Corte Suprema, José Ricardo Falú, le asignó al también por entonces fiscal de Instrucción de la VI Nominación, Esteban Jerez, competencia específica para investigar los delitos cometidos en contra del Estado.
Durante la ola antipolítica que sacudió a la sociedad argentina luego de la crisis de 2001, el fiscal se transformó en un personaje central de Tucumán. En poco tiempo de labor, se acumularon 400 causas en las que aparecieron involucrados funcionarios de todos los niveles. Algunos hechos se transformaron en emblemáticos y por la importancia de los políticos denunciados trascendieron las fronteras de la provincia. En el fragor de las investigaciones judiciales, Jerez fue acusado de hacer política desde los Tribunales y él cruzó dardos con un sector de la Justicia, a quienes culpó de actuar de quinta columna para frenar sus investigaciones.
Los intentos por limitar la tarea de la fiscalía generaron un movimiento social que -como nunca antes en la historia democrática de la provincia- salió a la calle para defender a un funcionario de la Justicia. Luego de varios cabildeos, Jerez renunció a la fiscalía para ser candidato a gobernador por el Frente Unión por Tucumán (perdió con el peronista José Alperovich) y luego resultó electo diputado por Recrear.
En abril de 2003, el ministro fiscal, Luis de Mitri, asignó al fiscal de la I Nominación, Pedro Gallo, competencia para investigar la corrupción. En su primera declaración pública, anticipó que le bajaría el perfil al cargo. "No soy mediático", dijo. Desde entonces, no hubo más conferencias de prensa en esa oficina del Palacio de los Tribunales. También se registró una baja en el número de denuncias presentadas, en relación con el período anterior.
Preguntas sin respuesta
Este breve repaso de la historia de la Fiscalía Anticorrupción suma elementos para el análisis de los interrogantes planteados. ¿Es suficiente una sola fiscalía para controlar los complejos asuntos del manejo del Estado? ¿ Está preparada la Justicia para enfrentar la demandas sociales de transparencia y castigo a los corruptos? ¿ Es sólo cuestión de estilos personales de los fiscales y de los jueces o existe un trasfondo institucional que debe ser cambiado para que mejoren los resultados? Hay quienes creen que se trata de un problema moral; otros, que la lucha no puede ser centrada en un solo hombre. En las respuestas a estos interrogantes está planteado el desafío de mejorar la calidad de la democracia como sistema de convivencia.
LOS BONOS MELLIZOS
CON ALCANCE INTERNACIONAL
La causa de los "Bonos Mellizos" está en poder de la Cámara de Apelaciones Penal desde el 28 de octubre del año pasado. El tribunal conformado por Liliana Vitar, Elva Jiménez y Eudoro Albo debe decidir un incidente planteado por la empresa Ciccone Calcográfica, involucrada en la denuncia por la duplicación de Bocade.
Esta investigación comenzó en 2002, cuando un tesorero del Banco del Tucumán encontró cuatro pares de bonos de $ 20 mellizos. El ex fiscal Esteban Jerez imputó a Roberto Molina, director de la firma responsable de la emisión de los valores.
El Gobierno se constituyó en querellante, pero una línea de investigación impulsada por el ex legislador radical José Ascárate busca determinar las responsabilidades en la contratación directa de la empresa. En 2002, el ex embajador de los EE.UU, James Cheek, declaró como imputado en los tribunales tucumanos.
LA POLEMICA LEY DINAR
UN EXPEDIENTE DIVIDIDO EN DOS
La investigación por la llamada "Ley Dinar" está dividida en dos expedientes judiciales. En el primero de ellos, todavía a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, prosigue el análisis sobre la norma por la que se creó el programa de inversiones privadas con garantías de títulos públicos. En el otro, se tramita un requerimiento de investigación jurisdiccional para el gobernador José Alperovich, que estuvo involucrado con la operatoria cuestionada cuando se desempeñaba como ministro de Economía. Este último expediente está en manos del Juzgado Penal de la IV Nominación, a cargo de Víctor Manuel Pérez. La norma investigada autorizaba a la Provincia a reprogramar el retiro de los Bonos Independencia, que en este caso habría beneficiado a Dinar con una rescate de $ 38,9 millones en cuatro años. La Provincia respaldó esos documentos con su coparticipación federal.
EL MANEJO DE LOS COMEDORES
SOBRESEIMIENTO Y ACUSACION
El 28 de diciembre de 2004 el fiscal Pedro Gallo, pidió el sobreseimiento del ex comisionado rural de San Pablo, Daniel Castro. El ex funcionario había sido imputado (llegó a estar detenido) en una causa en la que se investigaba la presunta malversación de fondos destinados a los comedores escolares que dependían de la comuna ubicada en Lules. En otra causa vinculada a un tema similar, en junio de 2004, Gallo pidió la elevación a juicio oral para Víctor Suedan. El ex director de Asistencia Social Educativa fue acusado, en agosto 2002, por cobrar los cheques que estaban destinados a los comedores escolares, cuando esa operatoria debían realizarla las directoras o los responsables de los establecimientos.
La suerte de Suedan y de los otros dos imputados (el matrimonio compuesto por Julio Gallup y Lidia Moreno) está en manos del juez de Instrucción Alfonso Zottoli.
TERRENOS FISCALES
LOMAS DEL TAFI Y LA OLLA
La causa en la que se investiga el presunto pago de sobreprecios para la compra de terrenos en el predio conocido como "Lomas del Tafí" aún no está cerrada. La última actuación de la Fiscalía Anticorrupción data de diciembre de 2003, cuando se realizó una declaración ampliatoria de los imputados. La denuncia sostiene que el Estado pagó $ 12,8 millones al Banco Empresario por un predio que, tres meses antes, le había costado a esa entidad financiera $ 8 millones. Otra causa vinculada a terrenos fiscales que todavía sigue su trámite es la investigación, iniciada en 2002, por la concesión del predio de La Olla. La denuncia involucró al ex interventor de Yerba Buena, Jorge Lobo Aragón, que todavía no declaró en los Tribunales- y a otros tres funcionarios de su administración. En el trámite judicial, Lobo Aragón abrió seis incidentes para objetar decisiones del fiscal.
LA MUNICIPALIDAD DE OSCAR PAZ
DOS CAUSAS SIGUEN ABIERTAS
De las once causas en las que estuvo involucrado el ex intendente Oscar Paz (foto), sólo dos siguen su trámite en la Fiscalía Anticorrupción. El ex fiscal Esteban Jerez había dispuesto, durante su gestión, el archivo de ocho denuncias por falta de pruebas, y solicitó la elevación a juicio oral en la investigación referida al pago de contribuciones con títulos municipales en un porcentaje superior al que establecían las ordenanzas.
Luego de la feria judicial de este año, el fiscal Pedro Gallo reavivó el trámite del expediente en el que el ex jefe municipal está imputado por el delito de peculado y también de otra causa vinculada a presuntas irregularidades cometidas durante la administración que gobernó la Capital entre 1995 y 1999. Por los hechos ocurridos en ese período, la Justicia desestimó, por falta de pruebas, un planteo en contra del ex concejal y actual legislador peronista Juan Carlos Mamaní.
COIMAS EN LA LEGISLATURA
CON RESOLUCION INMINENTE
El expediente en el que se investiga el presunto pago de coimas a legisladores, para obtener la sanción de la ley habilitó la reforma de la Constitución en 2002, ya suma 4.400 fojas. La investigación entró en su etapa final, aunque la complejidad de los 22 cuerpos de la causa demora las definiciones.
La Fiscalía Anticorrupción resolvería, en las próximas semanas, los pedidos de sobreseimiento de los ex parlamentarios involucrados en la denuncia del actual senador Ricardo Bussi. Entre ellos, está incluido el diputado Gerónimo Vargas Aignasse, cuya responsabilidad en el hecho es analizada por separado por sus fueros parlamentarios.
En marzo de 2003, la Corte Suprema declaró que algunas de las pruebas acumuladas en el expediente original no podían ser tenidas en cuenta, porque el ex fiscal Esteban Jerez se había excedido en sus facultades procesales.
EL DESTINO DE LOS ATN
GUTIERREZ FUE CITADO A DECLARAR
El ex comisionado de Garmendia, José Gutiérrez, fue citado a declarar como imputado por el fiscal anticorrupción Pedro Gallo, el 30 de junio de 2004. La decisión está enmarcada en la causa en la que se investiga el destino $ 2,5 millones girados a la comuna como Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre 1995 y 1999.
La causa no avanzó durante el período en el que Gutiérrez fue legislador (1999-2003), cuando la Fiscalía solicitó un pedido de investigación jurisdiccional. Sin fueros, el ex comisionado deberá presentarse a declarar ante Gallo.
El destino de los $ 106 millones en ATN que llegaron a la Provincia entre 1990 y 1999 generó además, otras líneas de investigación que tienen ramificaciones en la Justicia Federal. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, no hay causas abiertas por este tema contra los ex gobernadores Ramón Ortega, Antonio Bussi y Julio Miranda.
TRABAJANDO EN DOS FRENTES
ESTRUCTURA.- La Fiscalía Anticorrupción cambió de oficina y de personal, desde que Pedro Gallo se hizo cargo de la función, en 2003. Los expedientes vinculados a delitos en contra del patrimonio del Estado, fueron trasladados a los despachos de la Fiscalía I. Bajo esa dependencia, también quedaron los cuatro empleados contratados -especialistas en materia contable e informática- que habían sido puestos a disposición de Esteban Jerez para realizar su labor investigativa.
CINCO MENOS.- Desde mediados del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción trabaja con cinco empleados menos. La Corte Suprema de Justicia dispuso el traslado de ese personal para cubrir vacantes en otras dependencias del palacio de los Tribunales.
EN DOS FRENTES.- Además de las bajas en el personal, Gallo está subrogando la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación. Ese cargo quedó vacante en febrero de 2004, cuando comenzó el juicio político en contra de Héctor Abraham Musi. La doble función, exige al fiscal atender los asuntos vinculados con hechos de corrupción estatal, junto con los delitos comunes de la otra fiscalía.
EN MANOS DEL JUEZ.- Gallo giró a un juez de Instrucción cada una de las denuncias en las que aparecieron involucrados funcionarios con privilegios constitucionales. De acuerdo con las normas procesales, sostiene, un fiscal debe pedir autorización para iniciar una investigación juridisccional. En esta situación, se encuentra el proceso contra el legislador Antonio Alvarez por su gestión como intendente de la capital y la denuncia en la que está involucrado el ministro de Economía, Jorge Jiménez, por una resolución a favor de la empresa Gasnor.
CAUSAS EN ESTUDIO.- Las dificultades técnicas para investigar los delitos contra el Estado frenan la marcha de dos causas iniciadas luego de que Gallo asumiera en la fiscalía. En la denuncia presentada por el ex contador de Famaillá, Alberto Musa -que también está imputado- contra el intendente José Orellana, por el manejo de fondos en Famaillá se espera una auditoría para seguir avanzando. Algo similar ocurre en la denuncia en contra del interventor del IPSS, Mario Koltan, por el presunto pago de sobreprecios a prestados. Se espera un detalle de los medicamentos para tomar definiciones.
La cifra es un dato revelador de cómo funciona el sistema judicial al momento de analizar los delitos cometidos en contra del Estado. También es un elemento que debe ser considerado para debatir acerca del funcionamiento de los controles a los funcionarios públicos, en cualquiera de los tres poderes, y para aceitar los mecanismos con los que se garantiza que estos actúen en el marco de la ley.
La discusión sobre los motivos por los que los hechos de corrupción no pueden ser esclarecidos en su totalidad, divide las opiniones de los especialistas. En un asunto que alcanzó un evidente cariz político por los actores involucrados, el desconocimiento de la mayoría de los ciudadanos de los mecanismos procesales suma incertidumbres y frustra las expectativas de la sociedad por ver a algún hombre del poder preso.Las modificaciones introducidas al Código Penal, por las que fueron limitadas las causales para la interrupción de la prescripción de la acción penal, coloca otro manto de duda sobre todas estas causas. Aunque no hay cálculos oficiales, fuentes judiciales reconocieron a LA GACETA que varios de los procesos anticorrupción podrían quedar sin efecto por el mero paso del tiempo. Sólo bastaría que algún abogado defensor plantee esa salida, para que centenares de fojas pasen al archivo.
En el foco de la tormenta
El 1 de junio de 2000, el por entonces ministro fiscal de la Corte Suprema, José Ricardo Falú, le asignó al también por entonces fiscal de Instrucción de la VI Nominación, Esteban Jerez, competencia específica para investigar los delitos cometidos en contra del Estado.
Durante la ola antipolítica que sacudió a la sociedad argentina luego de la crisis de 2001, el fiscal se transformó en un personaje central de Tucumán. En poco tiempo de labor, se acumularon 400 causas en las que aparecieron involucrados funcionarios de todos los niveles. Algunos hechos se transformaron en emblemáticos y por la importancia de los políticos denunciados trascendieron las fronteras de la provincia. En el fragor de las investigaciones judiciales, Jerez fue acusado de hacer política desde los Tribunales y él cruzó dardos con un sector de la Justicia, a quienes culpó de actuar de quinta columna para frenar sus investigaciones.
Los intentos por limitar la tarea de la fiscalía generaron un movimiento social que -como nunca antes en la historia democrática de la provincia- salió a la calle para defender a un funcionario de la Justicia. Luego de varios cabildeos, Jerez renunció a la fiscalía para ser candidato a gobernador por el Frente Unión por Tucumán (perdió con el peronista José Alperovich) y luego resultó electo diputado por Recrear.
En abril de 2003, el ministro fiscal, Luis de Mitri, asignó al fiscal de la I Nominación, Pedro Gallo, competencia para investigar la corrupción. En su primera declaración pública, anticipó que le bajaría el perfil al cargo. "No soy mediático", dijo. Desde entonces, no hubo más conferencias de prensa en esa oficina del Palacio de los Tribunales. También se registró una baja en el número de denuncias presentadas, en relación con el período anterior.
Preguntas sin respuesta
Este breve repaso de la historia de la Fiscalía Anticorrupción suma elementos para el análisis de los interrogantes planteados. ¿Es suficiente una sola fiscalía para controlar los complejos asuntos del manejo del Estado? ¿ Está preparada la Justicia para enfrentar la demandas sociales de transparencia y castigo a los corruptos? ¿ Es sólo cuestión de estilos personales de los fiscales y de los jueces o existe un trasfondo institucional que debe ser cambiado para que mejoren los resultados? Hay quienes creen que se trata de un problema moral; otros, que la lucha no puede ser centrada en un solo hombre. En las respuestas a estos interrogantes está planteado el desafío de mejorar la calidad de la democracia como sistema de convivencia.
LOS BONOS MELLIZOS
CON ALCANCE INTERNACIONAL
La causa de los "Bonos Mellizos" está en poder de la Cámara de Apelaciones Penal desde el 28 de octubre del año pasado. El tribunal conformado por Liliana Vitar, Elva Jiménez y Eudoro Albo debe decidir un incidente planteado por la empresa Ciccone Calcográfica, involucrada en la denuncia por la duplicación de Bocade.
Esta investigación comenzó en 2002, cuando un tesorero del Banco del Tucumán encontró cuatro pares de bonos de $ 20 mellizos. El ex fiscal Esteban Jerez imputó a Roberto Molina, director de la firma responsable de la emisión de los valores.
El Gobierno se constituyó en querellante, pero una línea de investigación impulsada por el ex legislador radical José Ascárate busca determinar las responsabilidades en la contratación directa de la empresa. En 2002, el ex embajador de los EE.UU, James Cheek, declaró como imputado en los tribunales tucumanos.
LA POLEMICA LEY DINAR
UN EXPEDIENTE DIVIDIDO EN DOS
La investigación por la llamada "Ley Dinar" está dividida en dos expedientes judiciales. En el primero de ellos, todavía a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, prosigue el análisis sobre la norma por la que se creó el programa de inversiones privadas con garantías de títulos públicos. En el otro, se tramita un requerimiento de investigación jurisdiccional para el gobernador José Alperovich, que estuvo involucrado con la operatoria cuestionada cuando se desempeñaba como ministro de Economía. Este último expediente está en manos del Juzgado Penal de la IV Nominación, a cargo de Víctor Manuel Pérez. La norma investigada autorizaba a la Provincia a reprogramar el retiro de los Bonos Independencia, que en este caso habría beneficiado a Dinar con una rescate de $ 38,9 millones en cuatro años. La Provincia respaldó esos documentos con su coparticipación federal.
EL MANEJO DE LOS COMEDORES
SOBRESEIMIENTO Y ACUSACION
El 28 de diciembre de 2004 el fiscal Pedro Gallo, pidió el sobreseimiento del ex comisionado rural de San Pablo, Daniel Castro. El ex funcionario había sido imputado (llegó a estar detenido) en una causa en la que se investigaba la presunta malversación de fondos destinados a los comedores escolares que dependían de la comuna ubicada en Lules. En otra causa vinculada a un tema similar, en junio de 2004, Gallo pidió la elevación a juicio oral para Víctor Suedan. El ex director de Asistencia Social Educativa fue acusado, en agosto 2002, por cobrar los cheques que estaban destinados a los comedores escolares, cuando esa operatoria debían realizarla las directoras o los responsables de los establecimientos.
La suerte de Suedan y de los otros dos imputados (el matrimonio compuesto por Julio Gallup y Lidia Moreno) está en manos del juez de Instrucción Alfonso Zottoli.
TERRENOS FISCALES
LOMAS DEL TAFI Y LA OLLA
La causa en la que se investiga el presunto pago de sobreprecios para la compra de terrenos en el predio conocido como "Lomas del Tafí" aún no está cerrada. La última actuación de la Fiscalía Anticorrupción data de diciembre de 2003, cuando se realizó una declaración ampliatoria de los imputados. La denuncia sostiene que el Estado pagó $ 12,8 millones al Banco Empresario por un predio que, tres meses antes, le había costado a esa entidad financiera $ 8 millones. Otra causa vinculada a terrenos fiscales que todavía sigue su trámite es la investigación, iniciada en 2002, por la concesión del predio de La Olla. La denuncia involucró al ex interventor de Yerba Buena, Jorge Lobo Aragón, que todavía no declaró en los Tribunales- y a otros tres funcionarios de su administración. En el trámite judicial, Lobo Aragón abrió seis incidentes para objetar decisiones del fiscal.
LA MUNICIPALIDAD DE OSCAR PAZ
DOS CAUSAS SIGUEN ABIERTAS
De las once causas en las que estuvo involucrado el ex intendente Oscar Paz (foto), sólo dos siguen su trámite en la Fiscalía Anticorrupción. El ex fiscal Esteban Jerez había dispuesto, durante su gestión, el archivo de ocho denuncias por falta de pruebas, y solicitó la elevación a juicio oral en la investigación referida al pago de contribuciones con títulos municipales en un porcentaje superior al que establecían las ordenanzas.
Luego de la feria judicial de este año, el fiscal Pedro Gallo reavivó el trámite del expediente en el que el ex jefe municipal está imputado por el delito de peculado y también de otra causa vinculada a presuntas irregularidades cometidas durante la administración que gobernó la Capital entre 1995 y 1999. Por los hechos ocurridos en ese período, la Justicia desestimó, por falta de pruebas, un planteo en contra del ex concejal y actual legislador peronista Juan Carlos Mamaní.
COIMAS EN LA LEGISLATURA
CON RESOLUCION INMINENTE
El expediente en el que se investiga el presunto pago de coimas a legisladores, para obtener la sanción de la ley habilitó la reforma de la Constitución en 2002, ya suma 4.400 fojas. La investigación entró en su etapa final, aunque la complejidad de los 22 cuerpos de la causa demora las definiciones.
La Fiscalía Anticorrupción resolvería, en las próximas semanas, los pedidos de sobreseimiento de los ex parlamentarios involucrados en la denuncia del actual senador Ricardo Bussi. Entre ellos, está incluido el diputado Gerónimo Vargas Aignasse, cuya responsabilidad en el hecho es analizada por separado por sus fueros parlamentarios.
En marzo de 2003, la Corte Suprema declaró que algunas de las pruebas acumuladas en el expediente original no podían ser tenidas en cuenta, porque el ex fiscal Esteban Jerez se había excedido en sus facultades procesales.
EL DESTINO DE LOS ATN
GUTIERREZ FUE CITADO A DECLARAR
El ex comisionado de Garmendia, José Gutiérrez, fue citado a declarar como imputado por el fiscal anticorrupción Pedro Gallo, el 30 de junio de 2004. La decisión está enmarcada en la causa en la que se investiga el destino $ 2,5 millones girados a la comuna como Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre 1995 y 1999.
La causa no avanzó durante el período en el que Gutiérrez fue legislador (1999-2003), cuando la Fiscalía solicitó un pedido de investigación jurisdiccional. Sin fueros, el ex comisionado deberá presentarse a declarar ante Gallo.
El destino de los $ 106 millones en ATN que llegaron a la Provincia entre 1990 y 1999 generó además, otras líneas de investigación que tienen ramificaciones en la Justicia Federal. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, no hay causas abiertas por este tema contra los ex gobernadores Ramón Ortega, Antonio Bussi y Julio Miranda.
ESTRUCTURA.- La Fiscalía Anticorrupción cambió de oficina y de personal, desde que Pedro Gallo se hizo cargo de la función, en 2003. Los expedientes vinculados a delitos en contra del patrimonio del Estado, fueron trasladados a los despachos de la Fiscalía I. Bajo esa dependencia, también quedaron los cuatro empleados contratados -especialistas en materia contable e informática- que habían sido puestos a disposición de Esteban Jerez para realizar su labor investigativa.
CINCO MENOS.- Desde mediados del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción trabaja con cinco empleados menos. La Corte Suprema de Justicia dispuso el traslado de ese personal para cubrir vacantes en otras dependencias del palacio de los Tribunales.
EN DOS FRENTES.- Además de las bajas en el personal, Gallo está subrogando la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación. Ese cargo quedó vacante en febrero de 2004, cuando comenzó el juicio político en contra de Héctor Abraham Musi. La doble función, exige al fiscal atender los asuntos vinculados con hechos de corrupción estatal, junto con los delitos comunes de la otra fiscalía.
EN MANOS DEL JUEZ.- Gallo giró a un juez de Instrucción cada una de las denuncias en las que aparecieron involucrados funcionarios con privilegios constitucionales. De acuerdo con las normas procesales, sostiene, un fiscal debe pedir autorización para iniciar una investigación juridisccional. En esta situación, se encuentra el proceso contra el legislador Antonio Alvarez por su gestión como intendente de la capital y la denuncia en la que está involucrado el ministro de Economía, Jorge Jiménez, por una resolución a favor de la empresa Gasnor.
CAUSAS EN ESTUDIO.- Las dificultades técnicas para investigar los delitos contra el Estado frenan la marcha de dos causas iniciadas luego de que Gallo asumiera en la fiscalía. En la denuncia presentada por el ex contador de Famaillá, Alberto Musa -que también está imputado- contra el intendente José Orellana, por el manejo de fondos en Famaillá se espera una auditoría para seguir avanzando. Algo similar ocurre en la denuncia en contra del interventor del IPSS, Mario Koltan, por el presunto pago de sobreprecios a prestados. Se espera un detalle de los medicamentos para tomar definiciones.
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