Créditos para que estatales refaccionen viviendas

A partir del miércoles, los empleados públicos tendrán la posibilidad de acceder a un préstamo de $ 1.500 para la refacción de su vivienda. Así lo anunció ayer, en conferencia de prensa, el gobernador José Alperovich. La operatoria, según el Poder Ejecutivo, alcanzará también a los trabajadores municipales y de las comunas rurales y a los jubilados y pensionados que dependan de la Provincia.
El Banco de la Nación Argentina habilitó una línea de créditos por hasta $ 50 millones que alcanzaría para cubrir las necesidades de unos 32.500 empleados públicos, según los cálculos oficiales. Los estatales podrán solicitar el financiamiento en las 14 sucursales del Banco del Tucumán, según expresó el mandatario, y agregó que la cuota mensual será de $ 23,50, más los gastos administrativos que genere la operatoria.

A 10 años
El plazo de cancelación del préstamo se extenderá durante 10 años, y el empleado público -o el jubilado provincial- tendrá la posibilidad de saldarlo anticipadamente, según admitió el mandatario.
Las cuotas serán descontadas del salario del beneficiario mediante el sistema de cesión de haberes. Por esa razón, el gobernador aclaró que a la línea de financiamiento sólo podrán acceder los trabajadores que se encuentren bancarizados.
"No se les entregará el dinero, sino que se les proveerá de los materiales que se requieran para la refacción de la casa, la construcción de un baño o la pintura de la vivienda", manifestó el titular del Poder Ejecutivo.

Dura advertencia
Alperovich resaltó, además, que el Gobierno instrumentará un sistema de auditorías para establecer que los materiales no sean vendidos a terceros. "Sobre aquellos que incumplan el compromiso caerá todo el peso de la ley", advirtió.
El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU) tendrá a su cargo la misión de controlar y aprobar el listado de materiales para que el estatal efectúe la ampliación o la refacción de su vivienda. Ese organismo, además, analizará el presupuesto o proforma que el proveedor (de libre elección) entregue al beneficiario de la operatoria. Posteriormente, el Instituto de la Vivienda emitirá una orden de compra, firmada por una autoridad competente, que entrará en vigencia 48 horas después de su impresión. Este paso, según los técnicos del Gobierno, responde a una cuestión de seguridad. Con una comunicación directa con el proveedor se evitará la falsificación de la autorización para retirar los materiales de construcción, indicaron funcionarios del Ejecutivo. "La entrega de esos materiales será a domicilio", puntualizó el gobernador.
Alperovich, finalmente, indicó que las empresas que se inscriban como proveedoras deberán tener abierta una cuenta en el Banco Nación.