19 Febrero 2005 Seguir en 
La aparición de oficios falsificados, que permitió el levantamiento del embargo de cuatro propiedades, luego vendidas por quienes realizaron las maniobras, causó conmoción en los poderes Judicial y Ejecutivo. Sucede que los oficios, que parecían haber salido de un juzgado de Documentos y Locaciones, se filtró además en el Registro Inmobiliario, donde se produjo el levantamiento del embargo. A raíz de todo esto, desde ayer se incrementaron las medidas de seguridad para que episodios como los que investiga la Justicia penal no se repitan.
La escribana María Laura Ojeda Uriburu, directora del Registro Inmobiliario, afirmó que en las últimas reuniones que tuvo con el presidente de la Corte, Antonio Gandur, sugirió que se utilice el folio de seguridad (un papel similar al que se utiliza para fabricar billetes), ya que cuenta con numerosas ventajas. "Sin embargo, no obtuvimos respuestas", indicó. Según se supo, Gandur ordenó ayer que un empleado del Registro acumule los oficios que lleguen y que luego se dirija a Tribunales para verificar si efectivamente salieron de allí. Con este control, se intenta evitar nuevos casos de falsificaciones. "Hemos recibido esa comunicación y vamos a cumplirla. Una abogada se encargará del trámite, aunque resulte un poco más engorroso para todos", explicó. Ojeda Uriburu consideró que el oficio que llegó al Registro y que motivó el levantamiento del embargo cumplía con todos los requisitos de ley. "Tenía los sellos, las firmas, los folios. Todo. Nosotros no somos peritos y no podemos deducir si un oficio es falso o no. Pero a partir de ese hecho, ampliamos las medidas de seguridad y buscamos en internet. De ese modo, se evitó que la maniobra se repita", explicó.
Fuera del Poder Judicial
En Tribunales, las fuentes consultadas a raíz de la causa en la que se presentó el oficio aseguraron que el documento no fue confeccionado en el Poder Judicial. "Se hizo un rastreo a través del sistema informático y se supo que ese oficio no salió del juzgado de la doctora Graciela López de Valverde (Documentos y Locaciones I). Incluso, pudo determinarse que no había ninguno similar. Fue hecho fuera de Tribunales", indicó el fiscal Alejandro Noguera, que recibió expresas instrucciones de Gandur para que explique el problema.
En la fiscalía de Noguera se investiga uno de los casos, mientras que ayer fue remitido a la fiscalía IX otro, que figuraba como confeccionado en el juzgado de Documentos y Locaciones VIII, a cargo de Tito Moreno (esa causa entró primero en la fiscalía IV, de allí pasó a la VIII y finalmente quedó radicada en la IX).
Ojeda Uriburu afirmó que el Registro Inmobiliario "también es víctima de esta maniobra". Esto también fue dicho en Tribunales. Noguera indicó que una persona está imputada en la causa, se trata de Blanca Hael de Rija. Trascendió que la próxima semana podría haber más declaraciones al respecto, lo que podría terminar con nuevos imputados. Esta causa es de julio del año pasado y fue denunciada por el abogado Adrián Acosta. En tanto, la que perjudica al juzgado VIII, es de hace tres días. Esta última maniobra no se concretó, ya que en el Registro se dieron cuenta de que el oficio era apócrifo.
Los policías detenidos serán indagados hoy en la fiscalía V
Los policías Enrique Díaz y Sergio Gustavo Escobar declararán hoy ante el fiscal Alejandro Noguera, quien tiene en sus manos la investigación por la aparición de exhortos mediante los cuales se habría intentado poner en libertad a peligrosos delincuentes.
Una comisión policial al mando del comisario Luis Núñez viajó a Córdoba y, tras retirar a los detenidos, emprendió el viaje de regreso. Llegaban a Tucumán anoche, al cierre de esta edición.
El testimonio de ambos es considerado importante, pero el de Díaz además es clave. El es el policía de mayor grado de los que viajaron a Córdoba y a Santa Fe, a buscar a los detenidos Miguel Angel Acuña y Héctor David Tagliaferro. Luego se supo que ambos tenían identidades falsas, y que el primero de ellos murió durante el motín ocurrido hace una semana.
Ratifica o rectifica
Además se espera que Díaz ratifique o rectifique las declaraciones de su esposa, Nancy Agüero, quien habría sugerido que la maniobra habría sido armada por el concejal-policía César Alfredo Juárez, quien hasta el martes estuvo como imputado en la causa.
Hasta el momento al edil del PJ lo único que lo vincula a la causa es esa declaración, por lo que si el policía no avala los dichos de su mujer, Juárez quedará completamente desvinculado del caso.
En Tucumán ya están detenidos los policías Manuel Ruiz y Dardo Campos. Además están imputados los empleados judiciales Manuel Ojeda y Juan Correa. También está prófugo Enrique Lencina, quien habría sido el que encargó los sellos falsos.
Al respecto, el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, indicó: "la aparición de estos casos es preocupante, pero confío en la Justicia, que actuó rápidamente para terminar con esta maraña, que viene desde hace mucho tiempo". "Acá no se oculta nada y está muy bien que así sea", indicó.
Apoyo para la Corte del Colegio de Procuradores
De acuerdo con los integrantes del Colegio de Procuradores, a pesar de los sucesos ocurridos en Tribunales, estos no representan una situación límite que amerite la remoción de magistrado alguno.
En una nota que lleva la firma del presidente del colegio, Eugenio Criado, se indica que "en el Poder Judicial hay una correcta administración de justicia, que la sociedad observa y que hace valer sus derechos tutelados en la Constitución". "Estos hechos, de por sí aislados, no afectan -reiteramos- la imagen de una administración de justicia proba y debemos ser cautos en magnificarlos", continúa.
"La sociedad puede estar tranquila con la administración de justicia actual debido a que los resortes institucionales funcionan plenamente en salvaguarda de los derechos de los ciudadanos", finaliza.
PUNTO DE VISTA
Hace falta cirugía
El caso de las camionetas 4x4, los oficios del juicio de Orly, los exhortos falsos y ahora las falsificaciones de levantamientos de embargos, constituyen hechos gravísimos.
Se trata de verdaderos actos de terrorismo institucional. Tal estado de cosas no admite medias tintas: inexorablemente, debe practicarse con suma urgencia una cirugía mayor. No resultan suficientes ni los sumarios administrativos, ni las intervenciones, ni los traslados de empleados y funcionarios, ni las suspensiones. Pese al empeño puesto de manifiesto por la Corte Suprema de Justicia en terminar con las actividades delictivas, estas continúan. En consecuencia, los autores, los cómplices, los encubridores y los instigadores -dentro y fuera del Poder Judicial- siguen reciclándose en las nuevas funciones que les son encomendadas. Esta es la prueba contundente de que las medidas practicadas no surten ningún efecto correctivo. Debe adoptarse la decisión política de recurrir a las cesantías y exoneraciones que correspondan. La existencia de un Poder Judicial independiente, que dé cuenta de la vigencia de derechos, garantías y libertades fundamentales, nos lo está exigiendo. La Unión Cívica Radical compromete su apoyo político e institucional a fin de que la Corte Suprema de Justicia lleve a cabo este cometido. No dejemos que un puñado de inescrupulosos manche la honorabilidad de magistrados y funcionarios probos y dignos.
Juan Robles y José Cano
La escribana María Laura Ojeda Uriburu, directora del Registro Inmobiliario, afirmó que en las últimas reuniones que tuvo con el presidente de la Corte, Antonio Gandur, sugirió que se utilice el folio de seguridad (un papel similar al que se utiliza para fabricar billetes), ya que cuenta con numerosas ventajas. "Sin embargo, no obtuvimos respuestas", indicó. Según se supo, Gandur ordenó ayer que un empleado del Registro acumule los oficios que lleguen y que luego se dirija a Tribunales para verificar si efectivamente salieron de allí. Con este control, se intenta evitar nuevos casos de falsificaciones. "Hemos recibido esa comunicación y vamos a cumplirla. Una abogada se encargará del trámite, aunque resulte un poco más engorroso para todos", explicó. Ojeda Uriburu consideró que el oficio que llegó al Registro y que motivó el levantamiento del embargo cumplía con todos los requisitos de ley. "Tenía los sellos, las firmas, los folios. Todo. Nosotros no somos peritos y no podemos deducir si un oficio es falso o no. Pero a partir de ese hecho, ampliamos las medidas de seguridad y buscamos en internet. De ese modo, se evitó que la maniobra se repita", explicó.
Fuera del Poder Judicial
En Tribunales, las fuentes consultadas a raíz de la causa en la que se presentó el oficio aseguraron que el documento no fue confeccionado en el Poder Judicial. "Se hizo un rastreo a través del sistema informático y se supo que ese oficio no salió del juzgado de la doctora Graciela López de Valverde (Documentos y Locaciones I). Incluso, pudo determinarse que no había ninguno similar. Fue hecho fuera de Tribunales", indicó el fiscal Alejandro Noguera, que recibió expresas instrucciones de Gandur para que explique el problema.
En la fiscalía de Noguera se investiga uno de los casos, mientras que ayer fue remitido a la fiscalía IX otro, que figuraba como confeccionado en el juzgado de Documentos y Locaciones VIII, a cargo de Tito Moreno (esa causa entró primero en la fiscalía IV, de allí pasó a la VIII y finalmente quedó radicada en la IX).
Ojeda Uriburu afirmó que el Registro Inmobiliario "también es víctima de esta maniobra". Esto también fue dicho en Tribunales. Noguera indicó que una persona está imputada en la causa, se trata de Blanca Hael de Rija. Trascendió que la próxima semana podría haber más declaraciones al respecto, lo que podría terminar con nuevos imputados. Esta causa es de julio del año pasado y fue denunciada por el abogado Adrián Acosta. En tanto, la que perjudica al juzgado VIII, es de hace tres días. Esta última maniobra no se concretó, ya que en el Registro se dieron cuenta de que el oficio era apócrifo.
Los policías detenidos serán indagados hoy en la fiscalía V
Los policías Enrique Díaz y Sergio Gustavo Escobar declararán hoy ante el fiscal Alejandro Noguera, quien tiene en sus manos la investigación por la aparición de exhortos mediante los cuales se habría intentado poner en libertad a peligrosos delincuentes.
Una comisión policial al mando del comisario Luis Núñez viajó a Córdoba y, tras retirar a los detenidos, emprendió el viaje de regreso. Llegaban a Tucumán anoche, al cierre de esta edición.
El testimonio de ambos es considerado importante, pero el de Díaz además es clave. El es el policía de mayor grado de los que viajaron a Córdoba y a Santa Fe, a buscar a los detenidos Miguel Angel Acuña y Héctor David Tagliaferro. Luego se supo que ambos tenían identidades falsas, y que el primero de ellos murió durante el motín ocurrido hace una semana.
Ratifica o rectifica
Además se espera que Díaz ratifique o rectifique las declaraciones de su esposa, Nancy Agüero, quien habría sugerido que la maniobra habría sido armada por el concejal-policía César Alfredo Juárez, quien hasta el martes estuvo como imputado en la causa.
Hasta el momento al edil del PJ lo único que lo vincula a la causa es esa declaración, por lo que si el policía no avala los dichos de su mujer, Juárez quedará completamente desvinculado del caso.
En Tucumán ya están detenidos los policías Manuel Ruiz y Dardo Campos. Además están imputados los empleados judiciales Manuel Ojeda y Juan Correa. También está prófugo Enrique Lencina, quien habría sido el que encargó los sellos falsos.
Al respecto, el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, indicó: "la aparición de estos casos es preocupante, pero confío en la Justicia, que actuó rápidamente para terminar con esta maraña, que viene desde hace mucho tiempo". "Acá no se oculta nada y está muy bien que así sea", indicó.
Apoyo para la Corte del Colegio de Procuradores
De acuerdo con los integrantes del Colegio de Procuradores, a pesar de los sucesos ocurridos en Tribunales, estos no representan una situación límite que amerite la remoción de magistrado alguno.
En una nota que lleva la firma del presidente del colegio, Eugenio Criado, se indica que "en el Poder Judicial hay una correcta administración de justicia, que la sociedad observa y que hace valer sus derechos tutelados en la Constitución". "Estos hechos, de por sí aislados, no afectan -reiteramos- la imagen de una administración de justicia proba y debemos ser cautos en magnificarlos", continúa.
"La sociedad puede estar tranquila con la administración de justicia actual debido a que los resortes institucionales funcionan plenamente en salvaguarda de los derechos de los ciudadanos", finaliza.
Hace falta cirugía
El caso de las camionetas 4x4, los oficios del juicio de Orly, los exhortos falsos y ahora las falsificaciones de levantamientos de embargos, constituyen hechos gravísimos.
Se trata de verdaderos actos de terrorismo institucional. Tal estado de cosas no admite medias tintas: inexorablemente, debe practicarse con suma urgencia una cirugía mayor. No resultan suficientes ni los sumarios administrativos, ni las intervenciones, ni los traslados de empleados y funcionarios, ni las suspensiones. Pese al empeño puesto de manifiesto por la Corte Suprema de Justicia en terminar con las actividades delictivas, estas continúan. En consecuencia, los autores, los cómplices, los encubridores y los instigadores -dentro y fuera del Poder Judicial- siguen reciclándose en las nuevas funciones que les son encomendadas. Esta es la prueba contundente de que las medidas practicadas no surten ningún efecto correctivo. Debe adoptarse la decisión política de recurrir a las cesantías y exoneraciones que correspondan. La existencia de un Poder Judicial independiente, que dé cuenta de la vigencia de derechos, garantías y libertades fundamentales, nos lo está exigiendo. La Unión Cívica Radical compromete su apoyo político e institucional a fin de que la Corte Suprema de Justicia lleve a cabo este cometido. No dejemos que un puñado de inescrupulosos manche la honorabilidad de magistrados y funcionarios probos y dignos.
Juan Robles y José Cano
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