Sancionaron a una defensora oficial por negarse a representar a un contraventor

La ley de contravenciones de Tucumán es una de las más polémicas de la provincia. Data de la dictadura, fue sancionada en en 1980, y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Pero se sigue usando. Es la herramienta que utiliza la Policía para intervenir en incidentes, sobre todo callejeros, pero provoca serios problemas, ya que la crisis carcelaria que se vive en la provincia se intensifica por la cantidad de contraventores que se detiene, sobre todo los fines de semana.

Por todo esto, en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno que conduce Regino Amado, decidieron encarar un trabajo conjunto mientras se resuelve la cuestión de fondo: la posibilidad de sancionar una nueva ley.

Desde hace dos meses, una comisión está trabajando en lo que se conoce como Manual de Buenas Prácticas Constitucionales, una idea lanzada por el secretario de Derechos Humanos, Mario Racedo, y cuyo labor es coordinada por la ex camarista penal Ana Lía Castillo de Ayusa. Y para ello se convocó a relatores de la Corte, a miembros de los Colegios de Abogados, a letrados de la Policía de la provincia y a miembros de la agrupación Andhes, cuyos miembros fueron los primeros en cuestionar la ley de Contravenciones. “El objetivo principal de la comisión es elaborar un instructivo que sirva como guía para la acción inmediata en la prevención y sanción de contravenciones, así como en el trabajo con los contraventores. Esta guía busca asegurar que los operadores involucrados, como abogados, policías e incluso magistrados, actúen de acuerdo con la Constitución y los precedentes judiciales de la Corte Nacional y Provincial en el proceso contravencional”, afirmó Racedo. Y Castillo de Ayusa destacó que “la cuestión de las contravenciones es una preocupación de larga data, especialmente desde que se declaró la inconstitucionalidad de la ley, reconociendo la complejidad de los tiempos en los que se vive y la necesidad de abordar esta problemática de manera integral”.

Una de las principales inconsistencias que tiene la Ley 5.140 es la facultad que le otorga al Jefe de Policía de poder privar de la libertad y emitir una sentencia sobre cuántos días de arresto le corresponden al contraventor o en todo caso abonar una multa, sin la posibilidad de afrontar un juicio. Y por eso todas las semanas se presentan recursos de Habeas Corpus en favor de los contraventores. Justamente un recurso de este tipo derivó en una sanción contra una defensora oficial. Es que el 1 de julio, la jueza Carolina Ballesteros intervinoen un planteo realizado por el abogado Carlos Garmendia, quien advirtió que en el Ministerio Pupilar de la Defensa se habían negado a representar a un contraventor. Cuando se recibieron los antecedentes del caso se advirtió que había sido el propio ministro de la Defensa, Washington Navarro, quien había ordenado que los defensores oficiales no intervinieran en estos casos. Incluso se había ordenado a la Policía que no comunicaran de ninguna manera los casos que involucraban a contraventores. Sin embargo. Ballesteros consideró que esto era incorrecto ya que por ley los defensores oficiales están obligados a tomar intervención, ya que al mismo tiempo, de no hacerlo, se vulneran derechos del detenido. 

El fallo que había declarado la inconstitucionalidad de la ley de Contravenciones habilitaba a los defensores a asesorar a los detenidos, pero esto había sido suspendido por Navarro. En el caso particular, el joven apresado había pedido tener comunicación con un defensor oficial, y los policías intentaron ponerlo en contacto, por lo que su actuación fue correcta, analizó Ballesteros. Sin embargo en el Ministerio les habían contestado que los defensores no atendían contraventores. En el habeas corpus presentado por el agravamiento de las condiciones de detención la defensora oficial no había comparecido al acto de la detención. Por eso la jueza decidió imponer costas a la defensora. Tras esto, según trascendió, Navarro dio marcha atrás con la decisión y a partir de esa resolución los defensores tienen turnos para atender los casos de contravención.

Es por casos como este, dijeron en Casa de Gobierno, que el manual que preparan en la Secretaría de Derechos Humanos es tan importante. La idea es que a lo sumo en dos meses pueda ponerse en práctica y regule, por ejemplo, la comunicación entre la Policía y la Justicia para brindar todas las garantías a los detenidos. Uno de los principales puntos a tratar son las diferencias de sistema, ya que la ley de Contravenciones estaba basada en un sistema inquisitivo, como el que se imponía en la época de la dictadura, y se pasa a un sistema adversarial, que es el que se utiliza actualmente en el Poder Judicial y que otorga más derechos a los detenidos.