La Fuerza Aérea y SW cruzan acusaciones

BUENOS AIRES- En una jornada de acusaciones cruzadas entre la Fuerza Aérea y Southern Winds (SW), la compañía de aeronavegación deslindó ayer su responsabilidad respecto del envío de cocaína a España en un vuelo de esa firma.
El ministro de Defensa, José Pampuro, respaldó a los mandos de la Fuerza Aérea y de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN). El jefe de esa fuerza, Miguel Giaisgischia, adjudicó las responsabilidades sobre el caso de tráfico de 60 kilos de cocaína a España a SW. Aunque detalló que el papel de la Policía Aeronáutica es monitorear y vigilar a las compañías privadas de seguridad, Giaisgischia no explicó por qué el 16 de setiembre de 2004 - día en que la droga salió de Ezeiza- no había apostado un agente antidrogas.
"El personal de narcotráfico de la PAN en Ezeiza son 12 personas. Con 12 personas hemos incautado 260 kilos. Hacemos lo que podemos con los medios que tenemos", añadió.
Por el caso, el hijo del ex jefe del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, comodoro Alberto Beltrame, permanece prófugo y es buscado por Interpol. El jefe de la PAN recordó que hay personal de la empresa con prisión preventiva, y que la empresa de seguridad TAS se encarga de los controles en los escáneres del aeropuerto. La Justicia intenta probar por qué los controles del aeropuerto no detectaron el contrabando de cocaína.

Sin imágenes
Giaisgischia también precisó que cuando la Justicia requirió las imágenes de las 150 cámaras del aeropuerto de Ezeiza para determinar quién había embarcado las valijas con droga, las imágenes se habían "pisado" por el mecanismo de desgrabación del sistema. El jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Carlos Alberto Rohde, dijo que se inició una investigación interna en las Fuerzas Armadas como derivación del caso. Confirmó además la separación preventiva de Alberto Beltrame, máxima autoridad del aeropuerto de Ezeiza. Desde la empresa, la vocera Encarnación Ezcurra, dijo que la empresa facilitó toda la información a la Justicia. "La compañía es investigada, y creo que otro tanto debería hacerse con los componentes de la operación aérea", afirmó. Entretanto, el partido Unión por Todos manifestó su inquietud por el acuerdo entre la empresa estatal Líneas Aéreas Federales (LAFSA) y SW. Por ese acuerdo, el Estado debía erogar mensualmente más de $ 5 millones.
El juez en lo Penal Económico Carlos Liporace afirmó que tanto los directivos de SW como los funcionarios encargados del control en el Aeropuerto "están todos bajo sospecha". "Han fallado controles, funcionarios, directivos o gerentes de la empresa" puntualizó. Señaló, además, que se trata de una banda de considerable magnitud, pues "hubo gente que compró la mercadería, la tuvo, la embaló, la llevó hasta el aeropuerto, y evidentemente, hay responsables en España que estaban destinados a fraccionarla, comercializarla y distribuirla". (Télam-DyN-NA)