La cúpula de la Unión Cívica Radical solicitó al fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, que inicie una investigación de oficio del contrato firmado entre la Municipalidad de la capital y la empresa Servicios y Construcciones La Banda. Esta firma realiza, desde el 6 de diciembre de 2004, la disposición final de los residuos de San Miguel de Tucumán en la planta de Pacará Pintado.
Ayer, el vicepresidente de la UCR -a cargo de la presidencia-, Dante Salvioli, ingresó por Mesa de Entradas de Tribunales la presentación. En el expediente, solicita al funcionario judicial que descarte la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Para realizar la presentación, se hace eco de la conflictiva visita que la semana pasada realizaron concejales a la planta de tratamiento de la basura. "Se encontraron diversas irregularidades; por ejemplo, gente trabajando en condiciones insalubres; falta de higiene en el camino de acceso y, lo que es más grave aún, la negación del propietario, Mario Criado, a mostrar la rendición de inversiones realizadas con el dinero ($ 500.000) que supuestamente la Provincia le adelantó para adecuar la planta", reza el escrito que deberá analizar Gallo.
La UCR también pide una investigación sobre los dichos de Criado, durante una discusión con los ediles que inspeccionaron la planta. "Yo estoy funcionando porque el Gobierno me deja que funcione. Si me quieren clausurar, que me clausuren. Ya estoy harto. Si yo tengo que ir en cana voy a ir junto a (José) Alperovich y a (Domingo) Amaya", disparó el empresario en esa oportunidad.
"Estos dichos deben ser aclarados a la mayor brevedad posible; es obligación del fiscal iniciar de oficio una investigación penal preparatoria, ya que generó un manto de sospecha en la ciudadanía", enfatiza Salvioli.
Finalmente, desde el radicalismo solicitaron al fiscal anticorrupción que realice en forma personal una inspección ocular en Pacará Pintado, a los efectos de corroborar las irregularidades mencionadas por los concejales. Asimismo, piden que el intendente Amaya y Criado concurran a declarar ante la Justicia. Requieren incluso que el empresario presente la documentación que acredite que la firma reúne todas las condiciones de higiene y seguridad exigidas.
Legisladores esperan respuestas del Gobierno
La legisladora Nélida López (FR) cuestionó la falta de respuestas del PE ante los pedidos de informes requeridos sobre la situación en Pacará Pintado.
La parlamentaria recordó que la Cámara aprobó el 5 de noviembre de 2004 una resolución por la que solicita en carácter de urgente dicha información al Gobierno. "También pedimos que se nos envíen todos los estudios y antecedentes sobre el posible impacto social que tendría el vaciadero en la zona de influencia", agregó.
La republicana se mostró preocupada por la falta de interés demostrada por el PE en resolver esta cuestión. "Hasta el momento no se remitió ni documentación, ni respuesta alguna. Además, me preocupa que surjan disputas políticas por situaciones que deberían haber sido resueltas con antelación. Ahora, sólo se produce un grave perjuicio a los habitantes del lugar", sostuvo.
López instó a los funcionarios competentes en el control de Pacará Pintado a dejar de lado las banderías políticas. "Se deben apartar los intereses personales y las inútiles discusiones sobre si es jurisdicción de la capital o de Banda del Río Salí. Aquí lo que está en juego es la salud de nuestra población y el cuidado del medio ambiente. Por eso, se deben adoptar decisiones serias y estudiadas previamente", concluyó la legisladora.
Ayer, el vicepresidente de la UCR -a cargo de la presidencia-, Dante Salvioli, ingresó por Mesa de Entradas de Tribunales la presentación. En el expediente, solicita al funcionario judicial que descarte la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Para realizar la presentación, se hace eco de la conflictiva visita que la semana pasada realizaron concejales a la planta de tratamiento de la basura. "Se encontraron diversas irregularidades; por ejemplo, gente trabajando en condiciones insalubres; falta de higiene en el camino de acceso y, lo que es más grave aún, la negación del propietario, Mario Criado, a mostrar la rendición de inversiones realizadas con el dinero ($ 500.000) que supuestamente la Provincia le adelantó para adecuar la planta", reza el escrito que deberá analizar Gallo.
La UCR también pide una investigación sobre los dichos de Criado, durante una discusión con los ediles que inspeccionaron la planta. "Yo estoy funcionando porque el Gobierno me deja que funcione. Si me quieren clausurar, que me clausuren. Ya estoy harto. Si yo tengo que ir en cana voy a ir junto a (José) Alperovich y a (Domingo) Amaya", disparó el empresario en esa oportunidad.
"Estos dichos deben ser aclarados a la mayor brevedad posible; es obligación del fiscal iniciar de oficio una investigación penal preparatoria, ya que generó un manto de sospecha en la ciudadanía", enfatiza Salvioli.
Finalmente, desde el radicalismo solicitaron al fiscal anticorrupción que realice en forma personal una inspección ocular en Pacará Pintado, a los efectos de corroborar las irregularidades mencionadas por los concejales. Asimismo, piden que el intendente Amaya y Criado concurran a declarar ante la Justicia. Requieren incluso que el empresario presente la documentación que acredite que la firma reúne todas las condiciones de higiene y seguridad exigidas.
Legisladores esperan respuestas del Gobierno
La legisladora Nélida López (FR) cuestionó la falta de respuestas del PE ante los pedidos de informes requeridos sobre la situación en Pacará Pintado.
La parlamentaria recordó que la Cámara aprobó el 5 de noviembre de 2004 una resolución por la que solicita en carácter de urgente dicha información al Gobierno. "También pedimos que se nos envíen todos los estudios y antecedentes sobre el posible impacto social que tendría el vaciadero en la zona de influencia", agregó.
La republicana se mostró preocupada por la falta de interés demostrada por el PE en resolver esta cuestión. "Hasta el momento no se remitió ni documentación, ni respuesta alguna. Además, me preocupa que surjan disputas políticas por situaciones que deberían haber sido resueltas con antelación. Ahora, sólo se produce un grave perjuicio a los habitantes del lugar", sostuvo.
López instó a los funcionarios competentes en el control de Pacará Pintado a dejar de lado las banderías políticas. "Se deben apartar los intereses personales y las inútiles discusiones sobre si es jurisdicción de la capital o de Banda del Río Salí. Aquí lo que está en juego es la salud de nuestra población y el cuidado del medio ambiente. Por eso, se deben adoptar decisiones serias y estudiadas previamente", concluyó la legisladora.







