En Córdoba ya no investigarán los oficios

La Justicia de Córdoba dio vía libre a la de Tucumán para que continúe, ya sin objeciones, la investigación en el marco de la aparición de exhortos apócrifos con los que se habría pretendido liberar a dos peligrosos delincuentes. En ese marco, esta semana viajaría una comisión judicial y policial a Córdoba para trasladar a nuestra provincia a los policías Enrique Daniel Díaz y Sergio Gustavo Escobar, que permanecían detenidos allí desde fines de diciembre. Los funcionarios cordobeses además entregarán el exhorto apócrifo para que sea peritado. De esta forma, se puso fin a una disputa jurisdiccional acerca de cuál de las dos provincias debía investigar el caso.
Curiosamente, en Córdoba tomaron esta decisión luego de que salió a la luz que uno de los detenidos que tenían allí, a quien fueron a buscar los policías tucumanos, murió durante el violento motín de la semana pasada. Además se supo que el hombre, que estaba identificado como Miguel Angel Acuña, en realidad había utilizado durante todo el proceso judicial un documento falso. El verdadero Acuña murió en 1999. Hasta el momento (aún se está realizando la autopsia), no se sabe quién es el hombre que falleció en la cárcel de San Martín junto a otros siete reclusos.

Colaboración
La investigación en Tucumán es llevada adelante por el fiscal Alejandro Noguera, que contó con la colaboración del fiscal general de la Justicia Federal de Tucumán, Antonio Gómez. Así se supo que el otro detenido, que se pretendía traer a Tucumán y que estaba preso en Santa Fe, también utilizaba un DNI falso a nombre de Héctor David Tagliaferro Vargas, aunque en realidad se trataría de Hernán Héctor Campepelli, de 31 años. Gómez, en su informe, concluye que "cabe presumir que los reos, a quienes se intentó trasladar a Tucumán, tienen identidades falsas, con las que fueron condenados y comunicados al Registro Nacional de Reincidencia".
Por el caso, en Tucumán están detenidos los policías Manuel Ruiz y Dardo Campos. Además están imputados el policía y concejal de Las Talitas César Alfredo Juárez; los empleados judiciales Manuel Ojeda y Juan Correa. Además hay un prófugo, Enrique Lencina, que habría sido quien encargó los sellos para colocar en los oficios falsos.
Según la investigación, la idea de la organización era generar el traslado de los presos a través de oficios truchos para luego facilitarles la evasión. La causa para pedir los trasladados también fue armada, ya que se basó en un asalto que nunca existió y por el que se hizo declarar en Tribunales a una persona que en realidad nunca sufrió ningún atraco. La llegada de los policías y del exhorto de Córdoba (el de Santa Fe ya está adosado a la causa) demorará un poco más la realización de las pericias caligráficas que deben realizarse a todos los imputados y a aquellas personas a quienes les falsificaron las firmas.

Habría al menos 12 causas en las que existirían anomalías
La Corte le envió ayer al fiscal Alejandro Noguera 12 causas en las que podría haber irregularidades similares a las descubiertas a fines del año pasado, en lo que se conoce como el caso de los "sacapresos".
Se trata de expedientes que podrían tener algunas anomalías y que fueron descubiertos por el personal de Informática del Poder Judicial. A través del sistema Lex Doctor, se hizo un rastreo en las computadoras de todas las fiscalías de Tribunales.
En algunas de las causas, según trascendió, habría presuntas anomalías en la entrega de exhortos (incluso se repetirían los nombres de algunos de los policías que viajaban en comisión). Asimismo, habría algunos expedientes cuyos protagonistas escaparon luego de ser traídos a Tucumán. Las fugas se habrían producido desde distintas seccionales, dependencias policiales e incluso desde la cárcel.
Los "sabuesos informáticos" hicieron varias pericias en las computadoras para sacar los discos rígidos y obtener la información necesaria.

El defensor
En ese sentido, se supo que la Justicia podría citar a declarar al abogado Jorge Agüero, defensor en Córdoba del policía Escobar, a raíz de las declaraciones que realizó a LA GACETA. "Existe una red dedicada a favorecer a delincuentes detenidos en otras provincias, que se dedica a ?sembrar? hechos policiales ficticios en los que involucran a los delincuentes que luego pretenden liberar", dijo. El artículo 218 del Código Procesal Penal de la provincia advierte que se puede citar a declarar a cualquier persona que pueda aportar datos sobre una investigación en curso. Sin embargo, Agüero podría negarse a declarar advirtiendo que está en juego el secreto profesional. Sin embargo, esto debe ser estipulado por el juez de la causa.
En tanto, junto a la investigación penal, en Tribunales se sustancia el sumario administrativo al que están sometidos todos los que trabajaban en la fiscalía X y en el juzgado V de Instrucción. El instructor es el secretario de Superintendencia Reyes Severiano Pérez.
El secretario aún debe tomar algunos testimonios y luego solicitar, en caso de encontrar anomalías, que se apliquen sanciones.