15 Febrero 2005 Seguir en 
La Justicia solicitó la investigación de la diputada nacional Susana Díaz por su supuesta violación a los deberes de funcionaria pública, en el marco de la causa por la muerte del bioquímico Luis Gerardo Bravo, informaron fuentes judiciales. La Justicia debe determinar si efectivamente Díaz no tomó las medidas preventivas necesarias que su función le imponía y eso derivó en un evento que costó la vida de una persona el 8 de marzo de 2000, cuando una tormenta provocó la caída del puente del arroyo El Sueño, en La Cocha.
Bravo, de 57 años, cayó al lecho del río y falleció. La actual diputada era intendenta de La Cocha en el momento de la tragedia.
Por la causa, el sargento Domingo Pascual Aparicio fue condenado en setiembre de 2002 a tres años de prisión, al ser hallado culpable de los delitos de homicidio culposo (sin intención) y violación de los deberes de funcionario público. El había sido asignado el día del hecho para que cortara el tránsito a la salida de La Cocha.
Según la sentencia, el sargento no puso los suficientes elementos de señalización y no hizo detener a Bravo cuando pasaba por allí.
La defensa de Aparicio presentó un recurso de casación en contra de la sentencia, pero la Corte Suprema de Justicia lo desestimó. Además, dispuso que se investigue la posible responsabilidad en el hecho de los comisarios José Corbalán y Raúl Díaz, quienes estaban a cargo de la comisaría de La Cocha.
María del Carmen Bravo, hija del bioquímico, nunca bajó los brazos y hasta impidió que fuera archivado el caso. La mujer insistió para que también se investigue a la diputada Díaz. "Ella recibió a las 5 un llamado de Defensa Civil en el que le advertían el peligro que había en el puente. Mi papá cayó al arroyo a las 6.55. Díaz tiene responsabilidad directa porque tendría que haber cortado el tránsito. Acá hay una omisión de cuidado y se trata de una tragedia que se podría haber evitado", comentó indignada la mujer.
Fueros constitucionales
En diciembre pasado, días antes de que se inicie la feria de los Tribunales de Concepción, la fiscal Norma Cecilia Tasquer, que subrogaba la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación, donde se instruye la causa, requirió que se investigue a la diputada y solicitó que lo hiciera un juez, ya que la legisladora tiene fueros constitucionales y no puede ser investigada por un fiscal.Según el requerimiento, se debe determinar cuál fue la actuación de Díaz el día de la tormenta y si tomó las medidas preventivas que el hecho ameritaba. Dice, además, que la intendenta habría estado ausente en las tareas de prevención y ayuda. En tanto, el abogado de la querella, Jorge Cinto, solicitó a la fiscal que requiera la elevación a juicio. No obstante, la causa ahora pasó a manos del nuevo fiscal de la IV Nominación, Edgardo Leonardo Sánchez, quien indicó que recién está conociendo el expediente y que las partes deben decidir si aceptan que tome intervención en el caso.
Bravo, de 57 años, cayó al lecho del río y falleció. La actual diputada era intendenta de La Cocha en el momento de la tragedia.
Por la causa, el sargento Domingo Pascual Aparicio fue condenado en setiembre de 2002 a tres años de prisión, al ser hallado culpable de los delitos de homicidio culposo (sin intención) y violación de los deberes de funcionario público. El había sido asignado el día del hecho para que cortara el tránsito a la salida de La Cocha.
Según la sentencia, el sargento no puso los suficientes elementos de señalización y no hizo detener a Bravo cuando pasaba por allí.
La defensa de Aparicio presentó un recurso de casación en contra de la sentencia, pero la Corte Suprema de Justicia lo desestimó. Además, dispuso que se investigue la posible responsabilidad en el hecho de los comisarios José Corbalán y Raúl Díaz, quienes estaban a cargo de la comisaría de La Cocha.
María del Carmen Bravo, hija del bioquímico, nunca bajó los brazos y hasta impidió que fuera archivado el caso. La mujer insistió para que también se investigue a la diputada Díaz. "Ella recibió a las 5 un llamado de Defensa Civil en el que le advertían el peligro que había en el puente. Mi papá cayó al arroyo a las 6.55. Díaz tiene responsabilidad directa porque tendría que haber cortado el tránsito. Acá hay una omisión de cuidado y se trata de una tragedia que se podría haber evitado", comentó indignada la mujer.
Fueros constitucionales
En diciembre pasado, días antes de que se inicie la feria de los Tribunales de Concepción, la fiscal Norma Cecilia Tasquer, que subrogaba la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación, donde se instruye la causa, requirió que se investigue a la diputada y solicitó que lo hiciera un juez, ya que la legisladora tiene fueros constitucionales y no puede ser investigada por un fiscal.Según el requerimiento, se debe determinar cuál fue la actuación de Díaz el día de la tormenta y si tomó las medidas preventivas que el hecho ameritaba. Dice, además, que la intendenta habría estado ausente en las tareas de prevención y ayuda. En tanto, el abogado de la querella, Jorge Cinto, solicitó a la fiscal que requiera la elevación a juicio. No obstante, la causa ahora pasó a manos del nuevo fiscal de la IV Nominación, Edgardo Leonardo Sánchez, quien indicó que recién está conociendo el expediente y que las partes deben decidir si aceptan que tome intervención en el caso.







