Vinculan a otro reo con DNI falso al caso de los oficios

Otros reos con identidad falsa habrían estado involucrados con los "sacapresos", según denunció el abogado cordobés Jorge Agüero. Este defiende a Sergio Escobar, uno de los policías tucumanos detenidos en "La Docta". El letrado denunció ayer que en Tucumán existe una red dedicada a favorecer a delincuentes detenidos en otras provincias y que se dedica a "sembrar" hechos policiales ficticios en los que involucran a los maleantes que luego pretenden liberar.
Según investigó el abogado, en 2003, el delincuente Dardo Jiménez estaba preso en Córdoba. Fue trasladado a Tucumán, presuntamente por los "sacapresos", y se fugó pocos días después de Villa Urquiza, luego de conseguir un DNI falso. "En noviembre de ese mismo año Jiménez fue asesinado en Asunción (Paraguay) en un enfrentamiento, y allí se descubrió que estaba prófugo y que tenía su identidad cambiada", dijo el letrado.
En diciembre del año pasado estalló el escándalo de los exhortos truchos cuando, desde Córdoba y Santa Fe, se advirtió que dos comisiones policiales habían ido a buscar a dos peligrosos delincuentes a esas provincias con oficios falsificados. Por la maniobra están detenidos cuatro policías: Enrique Díaz y Escobar, que fueron a Córdoba a buscar al reo Miguel Angel Acuña; y Manuel Ruiz y Dardo Campos, que habían viajado a Santa Fe a trasladar al preso Héctor Tagliaferro.
Acuña, que falleció en el violento motín del jueves pasado en una cárcel de Córdoba, utilizaba la identidad de un muerto. Y ayer también se descubrió que Tagliaferro tenía un DNI trucho. Quiere decir que ambos estaban presos con causas nulas y que Tagliaferro deberá ser procesado de nuevo, según fuentes judiciales.
Por el caso de los "sacapresos" también están imputados el empleado judicial Manuel Ojeda, el prosecretario Juan Correa y el edil de Las Talitas, César Juárez. Está prófugo Enrique Lencina, que también habría participado en la maniobra.
La Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados se comprometieron la semana pasada a investigar el hecho. Esto fue criticado por el coordinador de la Comisión del Juicio Político de la entidad, Luis Iriarte, que sostiene que el colegio no debe comprometerse con la Justicia porque es un órgano de contralor que debe preservar su independencia de los poderes del Estado.