El gobernador José Alperovich vetó la ley que beneficia a las instituciones deportivas con el pago de una tarifa diferencial por el servicio de agua y cloacas. Con este decreto, el mandatario tucumano ya suma 29 rechazos a leyes sancionadas por la Legislatura y supera la marca del ex gobernador y actual senador nacional del Partido Justicialista, Julio Miranda.
La norma, sancionada el 29 de diciembre de 2004 por la Cámara, fija para estas asociaciones una reducción del 80% del importe que actualmente abonan por el servicio y un descuento del 60% para los clubes que trabajan con piletas de natación. Establece, además, que el Poder Ejecutivo deberá compensar a la empresa prestataria -la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)- por la diferencia económica que se genere con la aplicación de la nueva tarifa.
Para firmar el veto, el mandatario tucumano solicitó un informe a las autoridades de la SAT. La empresa cuestionó la puesta en vigencia de la ley sancionada al considerar que no se ajusta a las normativas de un sistema republicano de gobierno.
También el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, dictaminó en contra de la ley. El funcionario opinó, a través de su Departamento Jurídico, que la iniciativa implica el ejercicio, por parte del Poder Legislativo, de una facultad que pertenece al Ejecutivo.
En los fundamentos del veto, Alperovich sostiene que una quita o reducción de la tarifa sólo puede otorgarse tras un acuerdo de partes entre el Gobierno y la firma concesionaria. "En todo caso podría determinarse unilateralmente por la empresa prestataria, ya que una reducción tarifaria hace a la política comercial de la empresa; pero bajo ningún punto de vista integra el régimen tarifario del servicio", fundamenta el decreto firmado por el mandatario.
La norma, sancionada el 29 de diciembre de 2004 por la Cámara, fija para estas asociaciones una reducción del 80% del importe que actualmente abonan por el servicio y un descuento del 60% para los clubes que trabajan con piletas de natación. Establece, además, que el Poder Ejecutivo deberá compensar a la empresa prestataria -la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)- por la diferencia económica que se genere con la aplicación de la nueva tarifa.
Para firmar el veto, el mandatario tucumano solicitó un informe a las autoridades de la SAT. La empresa cuestionó la puesta en vigencia de la ley sancionada al considerar que no se ajusta a las normativas de un sistema republicano de gobierno.
También el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, dictaminó en contra de la ley. El funcionario opinó, a través de su Departamento Jurídico, que la iniciativa implica el ejercicio, por parte del Poder Legislativo, de una facultad que pertenece al Ejecutivo.
En los fundamentos del veto, Alperovich sostiene que una quita o reducción de la tarifa sólo puede otorgarse tras un acuerdo de partes entre el Gobierno y la firma concesionaria. "En todo caso podría determinarse unilateralmente por la empresa prestataria, ya que una reducción tarifaria hace a la política comercial de la empresa; pero bajo ningún punto de vista integra el régimen tarifario del servicio", fundamenta el decreto firmado por el mandatario.







