En este mundo competitivo en todos los órdenes y más aún a partir del fenómeno de la globalización, vamos acostumbrándonos a que la selección por calidad se imponga. En la selección de jueces, por ejemplo, son diversos los sistemas propugnados y utilizados para lograr que los elegidos tengan el suficiente respaldo de antecedentes.
También en la Universidad, los concursos para cubrir cátedras utilizan el sistema de antecedentes y oposición. Esta forma transparente facilita el accionar del jurado conformado en cada caso. Se exige calidad académica y disposición para la docencia.
Cuando se efectúa selección de postulantes a cargos para la sede administrativa del Gobierno -tanto en concursos cerrados (entre los agentes del Estado) como en los abiertos a la participación de terceros-, también se impone la selección por antecedentes. Y si tuviéramos que referirnos al ámbito de la actividad privada, es sabido que la oferta para cubrir puestos supera holgadamente la demanda en tiempos de gran desocupación. Por ello, las empresas publican sus anuncios de selección para los más diversos empleos y consignan exigencias cada vez más altas. Lo que está en relación directa con el crecimiento de la masa de desocupados ansiosa de integrarse a un trabajo seguro.
En ese contexto, ¿qué les exigiremos a quienes pretendan postularse para ser convencionales constituyentes, sobre todo sabiendo que en sus manos dejaremos el armado de la Constitución de la provincia? ¿Sólo que pertenezcan al oficialismo en el mayor número posible y que sean a la postre meros "levantamanos" a la hora de definir cada uno de los artículos de nuestra Constitución? ¿O exigiremos a cada uno que se postule que acerque sus antecedentes?
En ese sentido, en 2004 se inició un expediente en la Legislatura que fue acercado al vicegobernador Fernando Juri. La propuesta es conformar un Registro de Postulantes, con descripción de antecedentes. Aún no siendo vinculante, permitiría a la ciudadanía conocer a los candidatos a convencionales constituyentes antes de votarlos.
Sería muy útil y sano para la democracia que se sancione una ley complementaria que contemple esta propuesta. De ese modo, se haría realidad lo que viene pregonando con insistencia el gobernador José Alperovich, en cuanto a la transparencia y a la gran apertura que debe tener la convocatoria a elecciones de constituyentes. Esperemos que así sea.
También en la Universidad, los concursos para cubrir cátedras utilizan el sistema de antecedentes y oposición. Esta forma transparente facilita el accionar del jurado conformado en cada caso. Se exige calidad académica y disposición para la docencia.
Cuando se efectúa selección de postulantes a cargos para la sede administrativa del Gobierno -tanto en concursos cerrados (entre los agentes del Estado) como en los abiertos a la participación de terceros-, también se impone la selección por antecedentes. Y si tuviéramos que referirnos al ámbito de la actividad privada, es sabido que la oferta para cubrir puestos supera holgadamente la demanda en tiempos de gran desocupación. Por ello, las empresas publican sus anuncios de selección para los más diversos empleos y consignan exigencias cada vez más altas. Lo que está en relación directa con el crecimiento de la masa de desocupados ansiosa de integrarse a un trabajo seguro.
En ese contexto, ¿qué les exigiremos a quienes pretendan postularse para ser convencionales constituyentes, sobre todo sabiendo que en sus manos dejaremos el armado de la Constitución de la provincia? ¿Sólo que pertenezcan al oficialismo en el mayor número posible y que sean a la postre meros "levantamanos" a la hora de definir cada uno de los artículos de nuestra Constitución? ¿O exigiremos a cada uno que se postule que acerque sus antecedentes?
En ese sentido, en 2004 se inició un expediente en la Legislatura que fue acercado al vicegobernador Fernando Juri. La propuesta es conformar un Registro de Postulantes, con descripción de antecedentes. Aún no siendo vinculante, permitiría a la ciudadanía conocer a los candidatos a convencionales constituyentes antes de votarlos.
Sería muy útil y sano para la democracia que se sancione una ley complementaria que contemple esta propuesta. De ese modo, se haría realidad lo que viene pregonando con insistencia el gobernador José Alperovich, en cuanto a la transparencia y a la gran apertura que debe tener la convocatoria a elecciones de constituyentes. Esperemos que así sea.







