La disputa entre concejales de Banda del Río Salí y los de la capital por el control a la planta de tratamiento de residuos de Pacará Pintado amenaza con transformarse en un escandaloso conflicto jurisdiccional.
Los ediles del municipio bandeño calificaron de entrometidos a sus pares de la capital, luego de una visita que estos realizaron al predio el miércoles pasado. Ayer, los representantes vecinales de San Miguel de Tucumán replicaron las acusaciones y advirtieron que están facultades para recorrer ese depósito cuando lo consideren necesario.
"No invadimos ninguna jurisdicción ni necesitamos pedir autorización. Los concejales de la Banda no conocen el contrato firmado entre la empresa y la capital. Deberían prestar mayor atención y fijarse primero si ellos no invaden áreas de nuestra competencia con los remises que sacan licencia allí y trabajan en San Miguel de Tucumán", retrucó el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Ramón Santiago Cano (PJ).
El edil justicialista Juan Carlos Mamaní coincidió con el titular del cuerpo y reclamó a los concejales de Banda del Río Salí un control más efectivo de los remises ilegales. "Si esto es como ellos dicen, entonces los ?truchos? tampoco podrían cruzar el puente Lucas Córdoba", disparó, y agregó que los representantes del municipio vecino sólo están preocupados por no perder el canon que paga la empresa. "Piensan en la tributación mensual de la firma -es el 1,5% de la facturación total- y no en la calidad de vida de la gente. Fuimos a ver las obras que debería haber realizado la empresa y resulta que no las hizo", se quejó.
El republicano Miguel Brito opinó que los ediles bandeños no interpretaron bien el sentido de la visita. "Exageraron; no fuimos con intenciones de ofenderlos y no hay posibilidad de un planteo jurisdiccional. Deben entender que el medio ambiente es un problema de todos", afirmó.
El representante del Frente Anticorrupción en el Concejo de la capital, Eduardo de Zavalía, dijo que no fueron a recorrer oficinas de la Municipalidad bandeña, sino a observar el funcionamiento de una empresa privada que firmó un contrato con las autoridades de San Miguel de Tucumán. "Nuestro municipio es responsable solidario ante cualquier irregularidad de esa firma", explicó.
Finalmente, desde la Unión Cívica Radical, el concejal Raúl Pellegrini atribuyó el conflicto a un vacío legal. "La capital no puede desentenderse de la situación. Tenemos la obligación de controlar cómo se realiza la disposición final de los residuos. Sin dudas, se debe buscar una normativa común para la problemática de la basura", aseveró.
Nueva inspección a la planta
La Dirección de Medio Ambiente de la Provincia realizará mañana una nueva inspección en la planta de Pacará Pintado.Según la titular de la repartición, Patricia Jalil de Arriazu, la empresa Servicios y Construcciones La Banda, que tiene a su cargo la disposición final de los residuos de la capital, avanzó bastante en las recomendaciones técnicas. "Nuestra dirección está observando las napas para controlar que no haya contaminación. Además, hubo grandes avances en la planta y se están respetando las normas", opinó la funcionaria.
En cuanto a la falta del certificado de aptitud ambiental necesario para el funcionamiento del depósito, aseguró que se encuentra en trámite, y que la intención es elevarlo a estudio del Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente en la primera reunión del organismo. Este encuentro se realizará, en principio, el 2 de marzo.
La planta de Pacará Pintado recibe los residuos de las ciudades de Banda del Río Salí, Yerba Buena, Las Talitas y San Miguel de Tucumán. Por el contrato de dos años con el municipio de la capital, la firma recibió un adelanto de $ 500.000 destinado a inversiones y cobra por el servicio $ 270.000 mensuales.
Los ediles del municipio bandeño calificaron de entrometidos a sus pares de la capital, luego de una visita que estos realizaron al predio el miércoles pasado. Ayer, los representantes vecinales de San Miguel de Tucumán replicaron las acusaciones y advirtieron que están facultades para recorrer ese depósito cuando lo consideren necesario.
"No invadimos ninguna jurisdicción ni necesitamos pedir autorización. Los concejales de la Banda no conocen el contrato firmado entre la empresa y la capital. Deberían prestar mayor atención y fijarse primero si ellos no invaden áreas de nuestra competencia con los remises que sacan licencia allí y trabajan en San Miguel de Tucumán", retrucó el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Ramón Santiago Cano (PJ).
El edil justicialista Juan Carlos Mamaní coincidió con el titular del cuerpo y reclamó a los concejales de Banda del Río Salí un control más efectivo de los remises ilegales. "Si esto es como ellos dicen, entonces los ?truchos? tampoco podrían cruzar el puente Lucas Córdoba", disparó, y agregó que los representantes del municipio vecino sólo están preocupados por no perder el canon que paga la empresa. "Piensan en la tributación mensual de la firma -es el 1,5% de la facturación total- y no en la calidad de vida de la gente. Fuimos a ver las obras que debería haber realizado la empresa y resulta que no las hizo", se quejó.
El republicano Miguel Brito opinó que los ediles bandeños no interpretaron bien el sentido de la visita. "Exageraron; no fuimos con intenciones de ofenderlos y no hay posibilidad de un planteo jurisdiccional. Deben entender que el medio ambiente es un problema de todos", afirmó.
El representante del Frente Anticorrupción en el Concejo de la capital, Eduardo de Zavalía, dijo que no fueron a recorrer oficinas de la Municipalidad bandeña, sino a observar el funcionamiento de una empresa privada que firmó un contrato con las autoridades de San Miguel de Tucumán. "Nuestro municipio es responsable solidario ante cualquier irregularidad de esa firma", explicó.
Finalmente, desde la Unión Cívica Radical, el concejal Raúl Pellegrini atribuyó el conflicto a un vacío legal. "La capital no puede desentenderse de la situación. Tenemos la obligación de controlar cómo se realiza la disposición final de los residuos. Sin dudas, se debe buscar una normativa común para la problemática de la basura", aseveró.
La Dirección de Medio Ambiente de la Provincia realizará mañana una nueva inspección en la planta de Pacará Pintado.Según la titular de la repartición, Patricia Jalil de Arriazu, la empresa Servicios y Construcciones La Banda, que tiene a su cargo la disposición final de los residuos de la capital, avanzó bastante en las recomendaciones técnicas. "Nuestra dirección está observando las napas para controlar que no haya contaminación. Además, hubo grandes avances en la planta y se están respetando las normas", opinó la funcionaria.
En cuanto a la falta del certificado de aptitud ambiental necesario para el funcionamiento del depósito, aseguró que se encuentra en trámite, y que la intención es elevarlo a estudio del Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente en la primera reunión del organismo. Este encuentro se realizará, en principio, el 2 de marzo.
La planta de Pacará Pintado recibe los residuos de las ciudades de Banda del Río Salí, Yerba Buena, Las Talitas y San Miguel de Tucumán. Por el contrato de dos años con el municipio de la capital, la firma recibió un adelanto de $ 500.000 destinado a inversiones y cobra por el servicio $ 270.000 mensuales.







