Uno de los reos que iban a beneficiarse con los oficios falsos habría usado el DNI de un muerto

La novela ya existe, y se llama "El hombre que murió dos veces". Fue escrita por ese gran maestro del periodismo policial, ya fallecido, Enrique Sdrech. Trata sobre un delincuente que, utilizando el nombre de una persona fallecida, comete un delito que desencadena su muerte. Sin embargo, la historia, como casi siempre, vuelve a repetirse. Esta vez sucedió en Córdoba, pero el caso tiene una enorme implicancia en Tucumán: uno de los presos que murieron en el violento motín registrado entre el jueves y el viernes estaba fichado como Miguel Angel Acuña. Sin embargo, esa persona -según la investigación que realiza la Justicia tucumana- ya habría fallecido hace bastante tiempo, por lo que en Córdoba se habría juzgado a un hombre que utilizó un documento falso. Fue a Acuña a quien habían ido a buscar los policías tucumanos Enrique Díaz y Sergio Escobar. Para obtener el traslado, llevaban un exhorto apócrifo.
Según la maniobra que había planeado la banda que es investigada por la Justicia, Acuña y Héctor David Tagliaferro, que está detenido en Santa Fe, fueron las personas que en diciembre de 2000 asaltaron en El Cadillal a Miguel Angel Chavarría. Luego se sabría que ese atraco nunca existió, y que en realidad todo era un ardid para lograr que las Justicias de Córdoba y de Santa Fe otorgaran, mediante exhorto, la extradición de los dos peligrosos delincuentes a Tucumán. En el camino, ambos "habrían escapado".

Los imputados
Por el caso, además de Díaz y de Escobar, en Córdoba, están detenidos en Tucumán los policías Manuel Ruiz y Dardo Campos, que son quienes habían ido a buscar a Tagliaferro. Además, están imputados el policía-concejal César Alfredo Juárez y los empleados judiciales Juan Correa y Manuel Ojeda; está prófugo Enrique Lencina, que habría sido la persona que encargó los sellos falsos que fueron colocados en los exhortos. Habrían sido fabricados en un taller de Tafí Viejo.
En medio de la investigación que lleva adelante el fiscal V de Instrucción, Alejandro Noguera, surgió un dato que lo sorprendió. Advirtieron que Acuña había fallecido, por lo que la persona que estaba detenida en el penal San Martín, de Córdoba, y a quien habían ido a buscar los policías tucumanos, era otra, que había utilizado el documento de Acuña. Como la investigación se realiza en Tucumán, aún no se sabe si en Córdoba se conoce este dato; aunque en esta provincia se especula con que una de las causas por las cuales habría tanta reticencia desde allí para entregar elementos a la causa, sería el escándalo que podría estallar si el error sale a la luz. Es que todo el proceso que se le realizó al falso Acuña debería ser anulado, y comenzar uno nuevo. Este hombre (aún no se informó cuál es su verdadera identidad) está condenado a 8 años de prisión por robo agravado, y es considerado como muy peligroso.

La investigación
Por el caso de los "sacapresos", esta semana la investigación se aceleraría. El fiscal espera el resultado de algunas pericias para seguir adelante en la causa calificada como falsificación de instrumento público. No se descarta que se produzcan nuevos allanamientos, e inclusive detenciones.

Rosatti dijo que hay falencias en el sistema carcelario
BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, admitió ayer que existen serias falencias en el sistema carcelario, mientras el intendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez, exhortó al gobernador provincial José Manuel de la Sota a "ponerse las pilas" para dar fin a la crisis penitenciaria que derivó en un motín con ocho muertos.
Juez reclamó hoy al gobernador cordobés una solución al problema grave de la superpoblación carcelaria en la provincia, donde hubo un motín que dejó ocho muertos y decenas de heridos.
La situación en la cárcel del barrio San Martín de Córdoba capital, escenario de un amotinamiento que se inició el jueves y culminó al día siguiente, estaba controlada, aunque seguían las reyertas y discusiones menores entre reclusos, según informó el Servicio Penitenciario provincial.
Las discusiones entre internos del pabellón siete, donde se encuentran alojados delincuentes de alta peligrosidad, no fueron de gravedad ya que no hubo heridos ni daños materiales.
Dos guardias, un policía y cinco detenidos condenados por delitos graves murieron en la revuelta carcelaria en Córdoba.
Juez pidió medidas a De la Sota pero aclaró que no está buscando responsables por la masacre -"todos podemos tener una desgracia, a todos nos puede pasar", dijo en ese sentido-.
Rosatti reconoció que la realidad carcelaria de la Argentina no difiere de la que existe en el resto de Latinoamérica, y que hay mucho para hacer en los próximos años.
"Hay un plan carcelario nacional que está funcionando y con perspectiva. El Estado nacional lleva ya mucho dinero invertido en esto, y hay mucha transferencia de recursos a las provincias para ponerse al día con viejas deudas vinculadas a cuestiones penitenciarias", dijo.
"En 24 meses van a estar construidas tres nuevas cárceles federales y eso va a permitir, hasta 2007, lograr un equilibrio real, si la población carcelaria sigue creciendo al ritmo de los últimos años", concluyó el funcionario.
El gobernador José Manuel de la Sota le pediría en las próximas horas la renuncia a la titular del Servicio Penitenciario cordobés, Graciela Lucientes de Funes, la cual recibió duras críticas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aseguró que en la provincia de Córdoba existe un 57 % más de reclusos que los que puede soportar el sistema penitenciario, y recordó que en ese distrito 11 personas murieron durante motines en los últimos 10 años. (Télam-DyN-NA)