Según expertos, el Roca es una aberración institucional

La delincuencia juvenil es alarmante, así como también la falta de un tratamiento para los menores que infringen la ley, según la abogada Aurora Díaz, que afirma que esta es la principal causa de la reincidencia.
La letrada, que hizo ya varias denuncias por el estado en el que están internados los chicos, dijo que es la tercera vez que intenta conocer a la nueva directora del Instituto Roca, Susana Viale, pero que todavía no puede encontrarla. El problema es que Viale aún no asumió. "Estaba feliz porque los menores al fin iban a ser tratados y, sin embargo, todo sigue igual. Los chicos están presos en El Roca y no reciben ninguna terapia para recuperarse. Ni siquiera son tratados con gente especializada. Es obvio que cuando salgan van a volver a delinquir", expresó. Según la abogada, los 100 chicos que están en el Roca, en el Belgrano y en la Alcaidía de la Jefatura de Policía, únicos centros de alojamiento de menores delincuentes, tienen en su mayoría problemas de alcoholismo y drogadicción. "Necesitan primero tratar su adicción y luego prepararse para ser personas de bien. Pero en estos lugares lo único que aprenden es a perfeccionarse en el delito", expresó. "Los menores no realizan actividades; están siempre encerrados y viven en malas condiciones", describió.

Los derechos del niño
El psicólogo Fernando Parolo, especialista en prevención y tratamiento de las adicciones, considera que el instituto Roca es una aberración institucional desde hace años. Allí se vulneran los derechos de los niños, que viven en condiciones infrahumanas, señaló. "La institución está enferma y por eso no puede curar a los menores", explicó Parolo, que realizó varios trabajos en el internado. En opinión del experto, los menores que delinquen son, en un 90%, abusadores de drogas como el alcohol, la marihuana y los pegamentos. "Pero no hay que echarle la culpa del delito a la droga. La droga es un acompañante que hace el delito más grave, más violento, pero no lo provoca", aclaró. Según Parolo, la causa principal de la creciente delincuencia de menores es la pobreza. "Estos menores tienen la patología del resentimiento social. Son chicos que siempre fueron perjudicados por el Estado y por la familia, y esto explica su accionar. Están al borde del sistema", detalló.
En el Ministerio de Seguridad Ciudadana reconocen que hay un total de 500 menores que son responsables de la mayoría de los delitos más violentos en la capital y que la reincidencia es tan alta que cada menor ha cometido más de un delito. Martín Brito, director del instituto Belgrano, refutó las críticas y le aseguró a LA GACETA que el instituto Roca está mejorando y que los menores realizan varias actividades de esparcimiento. "Hay dos maestras que enseñan de acuerdo con el grado de conocimiento de cada uno, incluso a los analfabetos", explicó Brito, y aseguró que se incorporaron talleres de fotografía dos veces a la semana y que los chicos realizan actividades físicas por la tarde con un profesor. "El Roca está mejor preparado que el Belgrano en ese sentido; los menores pueden estar al aire libre y entretenerse", dijo. "Además, hay un televisor y una videocasetera. Esta semana, se les mostró a los chicos videos sobre Semana Santa", concluyó Brito.

PUNTO DE VISTA
Chicos en conflicto, una deuda olvidada
Por Emilio García Méndez
Prof. Tit. de Criminología UBA
Fundacion Sur-Argentina
Desde una perspectiva nacional, las denuncias de "La Gaceta" de Tucumán, del 27 de enero, sobre las inhumanas condiciones de vida de menores de edad privados de libertad en instituciones del Estado, indignan pero no sorprenden. Poco falta para que una rutinaria institucionalización de condiciones degradantes haga parte de todo el paisaje argentino. El tratamiento de los menores de edad en conflicto con la ley constituye la parte más oscura y olvidada de las políticas sociales para la infancia. Poco es lo que las provincias invierten en un tema desprovisto de rédito político. Enorme y vana resulta la dependencia del Gobierno nacional.
El Consejo Nacional del Menor gasta más del 80% de su presupuesto en la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país. Y urge crear un Consejo Federal de la Infancia y la Adolescencia que defina con equidad el uso de los fondos públicos destinados a las políticas de protección especial.
La Argentina se convirtió en el país más atrasado y brutal en materia de infancia en toda América Latina. Si la ley Agote de 1919, derogada por la Convención de los Derechos del Niño y por la Constitución, continúa siendo la fuente real de casi el 100% de las decisiones judiciales, las 10 sentencias de reclusión perpetua a menores pronunciadas entre 1997 y el 2003 constituyen una vergüenza única en toda la región. Pero si las condiciones materiales de los menores detenidos es gravísima, sus condiciones jurídicas son peores.
Bajo la legislación vigente, donde la ley Agote para menores de 16 años se complementa con el decreto de la dictadura militar 22.278 para la franja de 16 a 18 años, la privación de libertad (en inhumanas condiciones), se utiliza cada vez con más frecuencia, como una forma "reforzada" de política social.