Los ediles de Banda del Río Salí acusan de entrometidos a los concejales de la capital

Con bajo perfil. Afirman que si se toman medidas contra la empresa propietaria del predio, se afectarán las arcas municipales. "Se hacen las inversiones".

“NO TIENEN NADA QUE HACER AQUI”. Según los representantes bandeños, sólo hay actitud mediática.
“NO TIENEN NADA QUE HACER AQUI”. Según los representantes bandeños, sólo hay actitud mediática.
Por Redacción Política 12 Febrero 2005
Representantes vecinales de Banda del Río Salí plantearon ayer que la actuación de los concejales de la capital, que visitaron y luego cuestionaron el funcionamiento de la planta de residuos de Pacará Pintado, generó un conflicto jurisdiccional. Incluso, dijeron que si los ediles capitalinos insisten en avanzar en contra de la empresa privada provocarán un perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad bandeña que conduce Camilo Khoder (PJ).
El presidente del Concejo Deliberante de Banda del Río Salí, Hugo Miguel Soraire (PJ), dijo sentirse avasallado por la actitud de sus pares de la capital. "No tienen nada que hacer aquí. Fue una intromisión el haber venido a una jurisdicción que no les compete. Estamos indignados por las amenazas de clausura", afirmó.

Postura compartida
Cinco de los 12 concejales bandeños dialogaron con LA GACETA, pero remarcaron que el criterio es compartido por todos los miembros del cuerpo. "No sé con qué intención vinieron. No pueden desconocer los límites jurisdiccionales que marca la Constitución. No podemos dejar pasar esta situación. De otra manera, mañana van a cruzar el puente Lucas Córdoba para controlar cualquier negocio de nuestra ciudad", resaltó uno de ellos.
Dijo estar molesto por las amenazas de clausura de la planta de residuos. Explicó que el empresario Mario Criado abona al municipio del este tucumano un gravamen mensual del 1,5% sobre el total de las facturaciones.
El contrato con la capital se fijó en un monto de $ 270.000 por mes. A esta cifra se suma el convenio con otros tres municipios (Banda del Río Salí, Yerba Buena y Las Talitas) por $ 26.000.
Soraire y los concejales Darío Monteros, Fabián Cabeza, Juan Manuel Jiménez y Raúl Sosa (todos del PJ) coincidieron en que las decisiones sobre el futuro de Pacará Pintado dependen de las autoridades de Banda del Río Salí. "Están confundiendo a los vecinos", expresó el edil Monteros. "Me parece que fue una actitud mediática", dijo Cabezas. "Que no se atribuyan facultades que no les competen", advirtió Soraire.
Mencionaron que está en estudio del cuerpo la posibilidad de cobrarle un canon a la empresa 9 de Julio (recolectora de residuos) por el ingreso de los camiones a la jurisdicción bandeña.
También resaltaron que ellos siguen de cerca el cumplimiento de las normas en la planta de Pacará Pintado. "Nosotros recorrimos el predio, pero a diferencia de la gente de la capital, lo hacemos con bajo perfil. Hemos visto que no hay cirujeo y que están haciéndose inversiones para su acondicionamiento", dijo Soraire.

Alperovich y Amaya intimaron a Criado a que se retracte
"Si yo tengo que ir en ?cana?, voy a ir junto a (José) Alperovich y a (Domingo) Amaya", les espetó el empresario Mario Criado a los concejales de la capital que visitaban la planta de Pacará Pintado, el miércoles pasado. Y esas manifestaciones generaron una tormenta política, que motivó al gobernador y al intendente provisorio de la capital a intimar al directivo de "Servicios y Construcciones de La Banda SA" para que rectifique sus polémicas declaraciones.
El mandatario provincial remitió una carta documento breve y tajante, en la que transcribe la declaración publicada por LA GACETA e intima a Criado a que en 24 horas la ratifique o se retracte. En cambio, la nota de Amaya -también fechada ayer- es bastante más amplia. "Sus expresiones involucran al gobernador, y a mí como intendente, dejando entrever que las deficiencias advertidas por los concejales en la prestación del servicio al que usted se comprometió, suponen una especie de responsabilidad compartida", consignó.
"Quiero dejar en claro que es responsabilidad exclusivamente suya dar cabal cumplimiento al contrato suscripto con el municipio, para dar un correcto tratamiento y disposición final a los residuos de la capital -puntualizó el jefe municipal-. Las irregularidades, los incumplimientos o las falencias merecerán las correspondientes sanciones, pudiendo llegar a la rescisión contractual".
Según Amaya, "el gobernador no tuvo otra participación que la de contribuir a una rápida y eficaz solución al problema de la disposición final de residuos. Por mi parte, como representante del municipio, suscribí un contrato que espero usted cumpla fielmente. Por ello, lo intimo a que se retracte de sus declaraciones, que cuanto menos demuestran ligereza e irresponsabilidad, ya que como se refleja en los medios, tanto políticos como periodistas les otorgan valor de denuncia velada", concluyó.

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