12 Febrero 2005 Seguir en 
Luego de una reunión que se extendió durante casi tres horas, los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Colegio de Abogados se comprometieron a trabajar en conjunto en todo lo relacionado con la administración de Justicia. El encuentro se realizó tras la crítica del colegio por la investigación realizada en el marco de la aparición de oficios apócrifos, con los cuales se habría pretendido liberar a dos delincuentes en Córdoba y en Santa Fe.
Durante la reunión se trataron diversos aspectos relacionados con un temario que había sido planteado por la agrupación de letrados, sobre todo teniendo en cuenta que la comisión directiva de la institución, presidida por Antonio Bustamante, es relativamente nueva.
Concretamente respecto del caso de los oficios truchos, los integrantes de la Corte le entregaron a Bustamante un informe pormenorizado acerca de todo lo que hicieron los integrantes del Alto Tribunal en torno del caso.
"El sistema funcionó"
También se les indicó que no existe ni remotamente un número de oficios apócrifos como el que se había planteado desde Córdoba, donde se denunció que más de 100 presos que habían sido trasladados desde esa provincia a Tucumán habían huido. También se les dijo que, en este caso y a pesar de las críticas, el sistema funcionó, ya que la anormalidad fue descubierta.
El caso estalló a fines de diciembre, cuando llegaron a Córdoba y a Santa Fe cuatro policías tucumanos para trasladar a dos detenidos. Allí se descubrió que los oficios que llevaban eran apócrifos. Cuando las autoridades judiciales de esas provincias se comunicaron con las de Tucumán, supieron que nunca se había ordenado el traslado. Por el caso están imputados los policías Manuel Ruiz, Dardo Campos, Sergio Escobar, Enrique Díaz y César Juárez (que está en uso de licencia, ya es concejal de Las Talitas), además de los empleados judiciales Manuel Ojeda y Juan Correa. También está prófugo otro sospechoso, Enrique Lencina, que habría sido quien encargó los sellos falsos. Los miembros de la Corte indicaron que -para tranquilidad de los integrantes del Colegio de Abogados, que habían pedido una investigación profunda del caso- además de la pesquisa penal se había abierto un sumario administrativo. Ayer ese sumario fue remitido al secretario de Superintendencia, Reyes Severiano Pérez; este reemplazará al prosecretario José Hermosilla, que había trabajado durante la feria. En ese sentido, según trascendió, podría llegar a haber cesantías si se demuestra administrativamente que hubo irregularidades.
Juicio político
El abogado Luis Iriarte, que fue derrotado en las elecciones del colegio, había pedido que, en caso de descubrirse anomalías, los magistrados que estaban nombrados en la causa sean sometidos a juicio político. Hasta el momento, todo indica que las firmas del fiscal Guillermo Herrera y del juez Juan Francisco Pisa fueron falsificadas, aunque eso se terminará de comprobar con las pericias.
Tras la reunión, ambas partes coincidieron en que se trató de un encuentro muy positivo.
Durante la reunión se trataron diversos aspectos relacionados con un temario que había sido planteado por la agrupación de letrados, sobre todo teniendo en cuenta que la comisión directiva de la institución, presidida por Antonio Bustamante, es relativamente nueva.
Concretamente respecto del caso de los oficios truchos, los integrantes de la Corte le entregaron a Bustamante un informe pormenorizado acerca de todo lo que hicieron los integrantes del Alto Tribunal en torno del caso.
"El sistema funcionó"
También se les indicó que no existe ni remotamente un número de oficios apócrifos como el que se había planteado desde Córdoba, donde se denunció que más de 100 presos que habían sido trasladados desde esa provincia a Tucumán habían huido. También se les dijo que, en este caso y a pesar de las críticas, el sistema funcionó, ya que la anormalidad fue descubierta.
El caso estalló a fines de diciembre, cuando llegaron a Córdoba y a Santa Fe cuatro policías tucumanos para trasladar a dos detenidos. Allí se descubrió que los oficios que llevaban eran apócrifos. Cuando las autoridades judiciales de esas provincias se comunicaron con las de Tucumán, supieron que nunca se había ordenado el traslado. Por el caso están imputados los policías Manuel Ruiz, Dardo Campos, Sergio Escobar, Enrique Díaz y César Juárez (que está en uso de licencia, ya es concejal de Las Talitas), además de los empleados judiciales Manuel Ojeda y Juan Correa. También está prófugo otro sospechoso, Enrique Lencina, que habría sido quien encargó los sellos falsos. Los miembros de la Corte indicaron que -para tranquilidad de los integrantes del Colegio de Abogados, que habían pedido una investigación profunda del caso- además de la pesquisa penal se había abierto un sumario administrativo. Ayer ese sumario fue remitido al secretario de Superintendencia, Reyes Severiano Pérez; este reemplazará al prosecretario José Hermosilla, que había trabajado durante la feria. En ese sentido, según trascendió, podría llegar a haber cesantías si se demuestra administrativamente que hubo irregularidades.
Juicio político
El abogado Luis Iriarte, que fue derrotado en las elecciones del colegio, había pedido que, en caso de descubrirse anomalías, los magistrados que estaban nombrados en la causa sean sometidos a juicio político. Hasta el momento, todo indica que las firmas del fiscal Guillermo Herrera y del juez Juan Francisco Pisa fueron falsificadas, aunque eso se terminará de comprobar con las pericias.
Tras la reunión, ambas partes coincidieron en que se trató de un encuentro muy positivo.







