E n homenaje a Fernando López de Zavalía, uno de los especialistas en Derecho Civil más importantes del país, profesor de nuestra Universidad Nacional de Tucumán, vocal de la Corte Suprema, convencional constituyente nacional y padre de la Constitución provincial, los representantes estatales deberían opinar acerca de una eventual reforma con respeto y fundamentos medianamente serios. Que los funcionarios reconozcan que no existe la autonomía municipal es dejar al descubierto una de las falencias más gruesas de la actual gestión. Diversos sectores, incluido el Partido Justicialista, denunciaron la presión que sufren los intendentes y delegados comunales para que sirvan a los intereses del gobernador bajo pena de padecer el recorte de los fondos para obras y salarios. Todas las propuestas que sirven de excusa para impulsar la enmienda, podrían implementarse por vía legislativa. De esta manera, no se privaría a los tucumanos de las ventajas de contar con la consulta popular, con los derechos del consumidor y con tantas otras inquietudes con las que se pretende disimular los objetivos del "perorradicalismo" gubernamental: la reelección y la modificación de las secciones electorales (de tres a cinco) para permitir la división de la capital en otras tres, lo que garantizarían la mayoría legislativa del peronismo. Esto impedirá que la oposición -la verdadera- cuente con una representación parlamentaria importante, pues el fin es evitar las escasas discusiones sobre políticas de Estado. Con el PJ y la UCR rentados por el gobernador, el objetivo es frenar cualquier voz disonante. Desde el helicóptero estatal, ya sueñan con esto alperovichistas, bettistas y hasta pirinchistas. Hasta la fecha, lo que dijeron desde el Ejecutivo no justifica una reforma. No hay artículo que impida el crecimiento ni el progreso. Ninguno de los graves problemas (falta de trabajo, salud y educación, agua contaminada y alarmantes índices de desnutrición) será solucionado a través de la reforma que, dicho sea de paso, insumirá $ 10 millones, que bien podrían utilizarse en beneficio de la gente. Pero esas trivialidades menores no parecen ser la preocupación de los funcionarios, más interesados en poder integrar alguna de las comitivas oficiales. Esto les permitiría realizar un tour a costa del Estado y al ritmo del gobernador turista -como lo definió un dirigente justicialista-, que no para de viajar por el mundo. Aunque muestra un especial interés por Cuba (cuyas paradisíacas playas pueden usar todos los ricachones del mundo, menos los cubanos, obvio) y la no menos tentadora banca cubana, refugio de fondos montoneros







