Pasa a un juzgado la denuncia por la exención para Gasnor

El fiscal Anticorrupción, Pedro Gallo, remitió ayer al juzgado en lo Penal de Instrucción de la V Nominación la presentación efectuada por el legislador radical José Manuel Cano, sobre el presunto pago de un soborno por parte de la empresa Gasnor para obtener una resolución favorable ante un reclamo impositivo de la Dirección General de Rentas.
Cano había llevado una denuncia anónima que llegó a su despacho. En ella se sostiene que el Ministerio de Economía, a cargo de Jorge Jiménez, dejó sin efecto un expediente de Rentas que exigía a la concesionaria $ 11 millones en concepto de una presunta deuda por Impuesto a los Sellos.
Paralelamente, y siempre según la presentación del parlamentario, se produjeron tres extracciones de fondos en la firma, por un total de $ 900.000.
Tanto el funcionario como los directivos de Gasnor repudiaron la denuncia y puntualizaron que la medida gubernamental se ajustó a derecho. Y adujeron que se basaron en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en otras provincias falló en contra del Estado en reclamos similares.

Acefalía
El Código Procesal Penal de la provincia establece que únicamente un juez de instrucción puede abrir y luego movilizar una investigación en la que estén involucradas personas que tengan privilegios constitucionales (ministros, el gobernador y el vicegobernador, fiscales o hasta jueces) o fueros, como en el caso de los legisladores. Por el momento, lo que Gallo solicitó -según trascendió de fuentes tribunalicias- es que se investigue la procedencia del anónimo, y si los datos que contiene son verdaderos. En caso de que esto se compruebe, recién podría abrirse una investigación jurisdiccional contra Jiménez.
Actualmente, el juzgado V de Instrucción se encuentra acéfalo, a la espera de que desde el Ejecutivo se postule a un abogado, y luego el Poder Legislativo lo designe juez.
Mientras tanto, por turno está subrogando el juez de instrucción III, Juan Francisco Pisa; él deberá decidir si da curso a la investigación sobre el anónimo. De no ser así, la causa tendrá que ser archivada.

La Justicia ordenó a Noa Ferrocarriles que devuelva bienes a la Provincia
El Gobierno provincial logró que la Justicia ordene a la empresa Noa Ferrocarriles que entregue los bienes con los que explotaba el tren Jardín de la República (cubría el tramo Tucumán-Capital Federal) y que posee en la estación porteña de Retiro. Este paso es indispensable para que Tucumán concluya el inventario y pueda devolver el servicio a la Nación, que pretende otorgarlo en forma transitoria hasta que se llame a una nueva licitación.
La sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a la medida cautelar que había solicitado Fiscalía de Estado, razón por la que libró un exhorto a un juez porteño del mismo fuero para que cumpla con la medida dispuesta. Esta incluye la posibilidad de recurrir a la fuerza pública en caso de que los directivos de la compañía resistan la orden. Esta se cumpliría la próxima semana -un abogado diligencia el exhorto-, porque en los dos primeros días de esta semana hubo asueto en los Tribunales de Capital Federal.
La administración de José Alperovich responsabiliza a la ex subconcesionaria del servicio de haber impedido que concluya el inventario de los bienes, que ya se efectuó en las estaciones de esta capital (ex Mitre), de La Banda (Santiago del Estero) y de Rosario (Sante Fe).
El tren no circula desde setiembre de 2004, cuando la Fiscalía de Estado de Tucumán notificó a la empresa que no podía continuar en virtud del decreto por el cual el Ejecutivo había rescindido el contrato de subconcesión. Alperovich había tomado esta decisión dos meses antes por considerar que el convoy corría sin los seguros exigidos.