Pasa el tiempo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) endurece su postura frente a la posibilidad de que las provincias no cumplan con la meta de reducción del 50% del déficit fiscal de este año (unos $1.500 millones).
Esas exigencias externas contrastan con los reclamos que en Tucumán y en el país realizan los gremios estatales. Si la ayuda de casi 1.000 millones de dólares del FMI llega a la Argentina, hasta fines de año ninguna provincia podrá incrementar los salarios de los empleados públicos.
La semana pasada, el gobernador Julio Miranda, y el ministro de Economía, Joaquín Ferre, escucharon algunas sugerencias desde la Nación para mantener el nivel de gastos provinciales en las cifras del año pasado, es decir, unos $1.100 millones. Casi el 50% del presupuesto anual se destina a salarios de los más de 60.000 agentes del Estado.
Con la nueva pauta, el Poder Ejecutivo no estaría en condiciones de otorgar un incremento de $100 a los estatales, según el planteo que efectuaron las distintas centrales sindicales en sucesivas reuniones y protestas.
Pero ese no es el único escollo que desvela al gabinete mirandista, que mañana presentará al mandatario la reglamentación del régimen de retiros voluntarios de los agentes mayores de 54 años.
Cambio de planes
En principio, se pensó que el plan de retiros podría ejecutarse desde mañana, pero las proyecciones sobre la cantidad de trabajadores que dejarán sus puestos son más bajas que lo previsto originalmente, cuando se planteó un retiro casi compulsivo. Las autoridades provinciales estiman que no más de 1.500 personas se irán de la estructura estatal (la estimación anterior fue de 2.200).
El martes, en Buenos Aires, Miranda firmará con la Nación el acuerdo fiscal definitivo. El Gobierno prevé que, tras la protocolización del pacto y la ratificación legislativa, la Provincia estaría en condiciones de acceder a un financiamiento de casi $300 millones. No obstante, deberá someterse al control mensual de metas por parte de la Nación y prescindir de cualquier otro tipo de crédito para financiar el déficit fiscal.
Esas exigencias externas contrastan con los reclamos que en Tucumán y en el país realizan los gremios estatales. Si la ayuda de casi 1.000 millones de dólares del FMI llega a la Argentina, hasta fines de año ninguna provincia podrá incrementar los salarios de los empleados públicos.
La semana pasada, el gobernador Julio Miranda, y el ministro de Economía, Joaquín Ferre, escucharon algunas sugerencias desde la Nación para mantener el nivel de gastos provinciales en las cifras del año pasado, es decir, unos $1.100 millones. Casi el 50% del presupuesto anual se destina a salarios de los más de 60.000 agentes del Estado.
Con la nueva pauta, el Poder Ejecutivo no estaría en condiciones de otorgar un incremento de $100 a los estatales, según el planteo que efectuaron las distintas centrales sindicales en sucesivas reuniones y protestas.
Pero ese no es el único escollo que desvela al gabinete mirandista, que mañana presentará al mandatario la reglamentación del régimen de retiros voluntarios de los agentes mayores de 54 años.
Cambio de planes
En principio, se pensó que el plan de retiros podría ejecutarse desde mañana, pero las proyecciones sobre la cantidad de trabajadores que dejarán sus puestos son más bajas que lo previsto originalmente, cuando se planteó un retiro casi compulsivo. Las autoridades provinciales estiman que no más de 1.500 personas se irán de la estructura estatal (la estimación anterior fue de 2.200).
El martes, en Buenos Aires, Miranda firmará con la Nación el acuerdo fiscal definitivo. El Gobierno prevé que, tras la protocolización del pacto y la ratificación legislativa, la Provincia estaría en condiciones de acceder a un financiamiento de casi $300 millones. No obstante, deberá someterse al control mensual de metas por parte de la Nación y prescindir de cualquier otro tipo de crédito para financiar el déficit fiscal.
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