Por Gustavo Rodríguez
22 Abril 2024
DIFERENCIAS. Los cuatro futbolista acusados, antes de ser procesados, entregaron sus celulares a la Justicia. La Gaceta / foto de José Nuno
La causa por abuso sexual en contra de cuatro jugadores de Vélez llegó a una instancia clave: el peritaje de cinco celulares que, en principio, comenzará mañana. Salvo el de la víctima, que negó a entregarlo, los móviles serán analizados por pedido de la fiscala Eugenia María Posse y aceptada por una jueza que dejó claramente establecido qué deben buscar los peritos para preservar la intimidad de la denunciante, de una testigo y de los acusados.
La joven denunció que fue abusada por cuatro futbolistas el 3 de marzo en una habitación del hotel Hilton. La fiscala Posse acusó de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas a Braian Cufré y a José Florentín Bobadilla (como autores) y a Sebastián Sosa (como partícipe secundario) y a Abiel Osorio por abuso sexual simple. A Sosa se le permitió seguir el proceso en libertad, mientras que a los otros tres se les dictó el arresto domiciliario por 90 días. Están cumpliéndolo en Tucumán.
En sus declaraciones, salvo el arquero Sosa (la víctima había aclarado que él no la había atacado, pero lo individualizó como un posible entregador), todos los otros futbolistas reconocieron que habían mantenido relaciones sexuales con la joven, pero que habían sido consentidas. Posse comenzó a producir pruebas para esclarecer el hecho. Una de ellas, de acuerdo con las versiones que habían dado a conocer todas las partes, era el análisis de los celulares.
La fiscala, antes de que los futbolistas fueran procesados, les había consultado a los acusados si estaban dispuestos a entregar sus celulares. Aceptaron y lo hicieron el mismo día. Con el asesoramiento de sus representantes Patricia Neme y Juan Andrés Robles, la víctima dijo que sí lo haría, pero el 16 de abril. Una testigo ofrecida por la querella presentó algunas capturas de pantalla de los chats que mantuvo con la víctima, pero se opuso a presentarlo.
La polémica
La situación generó una serie de planteos que derivó en una audiencia. María Florencia Abdala y Camilo Atim (defensores de Florentín Bobadilla), José María Molina, Ileana Battaglia y Ernesto García Biagosch (representan a Cufré y a Osorio) y Ernesto Baaclini (asiste a Sosa) pidieron que se les secuestrara el celular a las dos jóvenes. El juez Sebastián Mordiza rechazó el pedido, pero le dio a la testigo un plazo de 24 horas para hacerlo o, en su defecto, se lo quitarían. En el caso de la denunciante, entendió que seguía firme su compromiso de facilitarlo el martes 16.
La testigo que fue entrevistada por el caso cumplió con entregar el celular, pero según consta en el expediente, aseguró no recordar el patrón de desbloqueo. Al enterarse de la situación, su padre se presentó para entregarlo y evitar algún tipo de complicación en la causa.
Al asumir Patricio Char como tercer querellante hubo un cambio de estrategia en esta parte. La víctima finalmente no entregó el celular. “Como primera medida entendemos que nunca debió haberse solicitado a la víctima, ni a ninguna víctima de abuso sexual, que pongan a disposición su celular, siendo ello una causa de recusación por falta de perspectiva de género para cumplir la función pública”, advirtieron los abogados.
Los defensores pidieron a Posse que solicitara su entrega. La fiscala les respondió que no lo haría por el momento, ya que contaba con el celular de la testigo para extraer la información sobre los mensajes que intercambiaron antes y después del hecho. Sin embargo, Abdala y Atim insistirán con su planteo y el viernes habrá una audiencia en la que se definirá si debe entregarlo o no.
Detalles
Antes de que estallara esa controversia, tal como indican las normas, Posse pidió autorización para realizar la pericia. Después de haber realizado un extenso informe sobre todo lo investigado y las pruebas colectadas, argumentó su solicitud.
“Este Ministerio considera menester encontrar elementos de investigación que permitan acreditar los hechos denunciados de cuyo análisis podría obtenerse información de calidad para encauzar la investigación de estos delitos”, sostuvo en el escrito que fue firmado por la auxiliar Emily Rafael.
La jueza Alejandra Mibelli aceptó la solicitud al entender que: “con el pedido del MPF podrían producirse nuevas evidencias que permitan arribar a la verdad y al total esclarecimiento del presente hecho investigado, por lo que considero fundada y justificada la necesidad y utilidad de la misma”.
Las pruebas que deberán buscarse en cada uno de los celulares son:
- En el de la testigo: las conversaciones que mantuvo con la víctima entre el 2 y el 8 de marzo.
- En el de la víctima: los mensajes en Instagram que le envió a Cufré (28 y 29 de febrero) y con Sosa en la misma red social (2 y 3 de marzo). También los diálogos de WhatsApp con el arquero (2, 3 y 4 de marzo), con la testigo y con otra testigo (4 de marzo). Pero no podrá hacerse esta búsqueda porque ella no entregó su móvil.
- En el de Cufré: el diálogo por Instagram intercambiado con la víctima por Instagram, los mensajes que intercambió con WhatsApp con los otros acusados (2, 3 y 4 de marzo) y las que tuvo con Sebastián Abdala Palacios (un allegado al plantel el 2 y el 3 de marzo).
- En el de Florentín Bobadilla: los chats que tuvo con los otros imputados (2, 3 y 4 de marzo) y con Salvador Frega, Abdala Palacios y Damián Fernández (2 y 3 de marzo) por WhatsApp.
- En el de Osorio: los mensajes que intercambió con sus compañeros acusados (2, 3 y 4 de marzo) y con Abdala Palacios (2 y 3 de marzo).
- En el de Sosa: los diálogos que tuvo con la víctima (2, 3 y 4 de marzo) por WhatsApp y por Instagram (2 y 3 de marzo). Las conversaciones por WhatsApp con los consortes de la causa (2, 3 y 4 de marzo) y Abdala Palacios (2 y 3 de marzo).
Según las normas vigentes, esa es la única información que deben buscar los peritos y sus resultados, que demoran varios días, deben ser presentados al Ministerio Público. En caso de no cumplir con esta orden, los que incumplan pueden afrontar la acusación de un delito. Todas las partes anunciaron que tendrán sus propios peritos para vigilar el proceso de extracción de información y elaborar sus conclusiones sobre la información que consigan.
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