Mesas en las plazas: “Se hará, pero con condiciones”

Mesas en las plazas: “Se hará, pero con condiciones”

Autoridades municipales defendieron la disposición que llegó a plaza Urquiza asegurando que hace falta reglamentar el sistema. Opiniones.

PLAZA URQUIZA. Un empleado municipal limpia uno de los principales paseos céntricos, usados por los bares. la gaceta / fotos de Ines Quinteros Orio PLAZA URQUIZA. Un empleado municipal limpia uno de los principales paseos céntricos, usados por los bares. la gaceta / fotos de Ines Quinteros Orio

La nueva disposición municipal que prohibe la ocupación de las plazas con elementos de bares aledaños es mirada con buen ojo por unos y criticado por otros. Mientras que las autoridades defienden la idea de la liberación del espacio público para los ciudadanos -con la posterior elaboración de un marco legal que reordene el sistema-, otros funcionarios sostienen que no es el momento correcto para pensar en quitar al sector privado espacio para que potencien sus actividades gastronómicas, dado el contexto económico.

La polémica responde a una medida impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán el lunes pasado. Con ella, los bares, heladerías y cafeterías aledaños a la plaza Urquiza quedaron impedidos de colocar mesas y sillas en la plazoleta de barrio Norte; algo que estaba permitido desde la pandemia por coronavirus. El Ejecutivo municipal defiende que se trata de un plan de reordenamiento del espacio público; y que también se prevé llevar la disposición a la plaza San Martín y otros paseos de la ciudad.

Carlos Ríos, subsecretario de Relaciones Institucionales estableció que “no existe ninguna ordenanza reglamentada que permita a los comerciantes ocupar paseos públicos con sus instalaciones”, y anunció la voluntad de la Capital de instrumentar una nueva disposición para ordenar la ocupación de la vía pública con mesas y sillas. A su vez, indicó que la ordenanza 5277 -que se refiere a la existencia de un “Programa de Polos Gastronómicos”- no fue ejecutada, aprobada ni reglamentada.

Además, el funcionario aseguró que la Municipalidad “entiende y escucha” la demanda del vecino de recuperar algunos espacios. “No estamos diciendo que no se va a hacer nunca más, sino (que se hará) con una serie de condiciones que tienen que ser reglamentadas”, dijo Ríos.

Y agregó: “hoy a los propietarios que alquilan estos bares les cobran más caro el alquiler porque les dicen que tienen el espacio público para que lo puedan usar; no debería ser así”. Lanzó, por ello, que existe una “informalidad” en el asunto que debe ser revisada por los funcionarios de la Municipalidad para que la ciudad se maneje dentro de un marco legal. “Hasta el empresario mismo lo necesita para que tengamos en claro cuál es el reglamento y el alcance de los mismos; y lo que podemos hacer y no”, planteó Ríos.

El tema generó que oficialistas y opositores reaccionen al respecto. En primer lugar, concejales capitalinos comentaron acerca de los pros y los contras de la ocupación gastronómica de los sitios públicos. “Las mesas y sillas de los bares en las plazas llegaron para quedarse”, determinó Federico Romano Norri (Unión Cívica Radical). El edil planteó que “la gente lo acepta, le gusta y lo disfruta desde la época que tenían la necesidad de salir del hacinamiento para en estar en espacios abiertos”.

Y solicitó a la intendencia que reconsidere la medida o solicite un cambio de reglamentación que se regule según días y horarios. Para que sirva de base, mencionó la ordenanza 5277, que está “sancionada y reglamentada”, al contrario de lo que sostuvo Ríos.

En tanto, el vicepresidente segundo del Concejo Deliberante, Ramiro Ortega, consideró que “no es momento” para tomar una medida de esta índole. “Para los tiempos que atravesamos, hablar de reducir, en ningún aspecto es positivo. El sector privado es el que necesita más apoyo para poder hacer frente a la crisis y sabemos que el gastronómico es uno de los más golpeados”, fundamentó el edil de Fuerza Republicana (FR).

Asimismo, manifestó que si bien las plazas son espacios públicos que tienen otra función, se debería permitir la organización y acomodo de tal manera que haya “espacio y posibilidades para todos”. “La situación obliga a tener un pensamiento más solidario y permitir todo aquello que posibilite afrontar la crisis lo mejor posible, así como todos apoyamos en la pandemia”, siguió diciendo Ortega.

“Soy partidario de que si hay voluntad de todas las partes, la convivencia será buena”, cerró.

El orden público

También el edil oficialista José María Franco se pronunció al respecto. Determinó que se trata de una política de recuperación que la intendenta Rossana Chahla ya había anunciado durante la campaña electoral, y que “la situación excepcional de los espacios públicos ya pasó”. “Fue para reactivar la economía después de las restricciones de la pandemia; no se puede esperar que los permisos especiales se transformen en permanentes. Así no funciona el orden público”, sostuvo.

A su vez, dispuso que -una vez lograda dicha revalorización de los espacios públicos- podría hablarse de nuevas medidas que impulsen el bienestar del vecino de la Capital.

Por su parte, los legisladores Sara Assán (Unión por la Patria) y Agustín Romano Norri (UCR) mantuvieron opiniones contrapuestas. La vicepresidenta de la bancada oficialista siguió la línea de discurso de Franco al sostener: “Es una realidad que (la medida) ayudó a los gastronómicos de la zona, y seguramente mucha gente se acostumbró a consumir en la mesa de la plaza, pero debemos recordar que es una plaza pública y no una extensión de la propiedad del bar”.

Además, aseveró que es una tarea del municipio evaluar y decidir si se autoriza o no a ocupar las plazas o parques de San Miguel de Tucumán con fines privados, aunque “no cumpla con el fin de la misma, que es el de esparcimiento y actividad física de los vecinos del lugar”.

Romano Norri cuestionó la decisión municipal, asegurando que se debe apoyar al sector privado en momentos difíciles como el que atraviesa el país. “Creo que la intendenta no está dimensionando que si los bares restringen la capacidad de retención, habrá mucha gente que se quedará sin trabajo, en un momento en el que no es fácil conseguir un empleo”, expuso.

Aseguró que “el daño social que generará esta decisión será irreparable” y que, en cambio, “es mucho mejor reglamentar que prohibir”. “Hay lugares donde el sistema funciona muy bien; quizás habría que reglamentar para que todos estemos contentos: comerciantes, usuarios y vecinos”, consideró el radical.

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