Representantes del sector librero reclaman que se mantenga su ley

Hasta el momento, no se levantó públicamente ni una sola voz en favor de las reformas propuestas en el área de la cultura por el presidente Javier Milei en la Ley Ómnibus que está en tratamiento parlamentario; por el contrario, las iniciativas en este segmento social han motivado diversos pronunciamientos en contra, incluso de sectores profesionales, empresarios y hasta de funcionarios designados por el propio Gobierno.

Las modificaciones alcanzan tanto el futuro de instituciones como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Teatro (directamente se promueve la desaparición de ambas), el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Consejo de Bibliotecas Populares, como la reformulación integral de otros sectores, como la industria del libro. En este último aspecto, la supresión de la Ley de Defensa de la Actividad Librera N°25.542, que impone vender al mismo precio todos los ejemplares en todos los comercios (con excepción de promociones y ofertas especiales o de mesas de saldo), motivó una profunda preocupación en el sector, ya que podría golpear de lleno en la actividad y producir numerosos cierres de librerías independientes, que no formen parte de grandes cadenas (nacionales o de capitales del exterior).

En ese contexto, la Fundación El Libro rechazó “enfáticamente el proyecto de derogación de la Ley de Defensa” y expresó “su repudio absoluto ante los proyectos del Poder Ejecutivo enviados al Congreso Nacional”, en un pronunciamiento formal que abarcó también el intento de eliminación del Fondo Nacional de las Artes (tiene numerosas líneas de apoyo y concursos destinados a las letras) y del Instituto Nacional del Teatro (posee una editorial propia que atiende a la producción dramatúrgica y teórica, única en América Latina de dependencia oficial).

La institución organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires está integrada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas, por lo cual engloba a la actividad empresaria en tu gran mayoría. Al manifestar su “total y absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”, subrayó que la Ley 25.542 “protege la bibliodiversidad y su derogación haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles”. “Además, se busca hacer desaparecer a dos de las instituciones culturales insignias de nuestro país, y así destruir el entramado cultural argentino, tan admirado en todo el mundo”, agregó.

Para entender entre líneas, lo que está en juego es la subsistencia de miles de librerías pequeñas y medianas en todo el país. Hasta ahora, gracias a las normas de protección, los editores de los libros fijan el precio de venta de los ejemplares que publican y debe ser el mismo en todos los puntos de venta. Si se anula la imposición de un precio uniforme -bajo la vestimenta de la competencia del libre mercado-, una cadena podría promocionarlo a un monto de dumping (menor al costo de producción y adquisición en esa instancia), lo que distorcionalizaría la comercialización. Esta práctica se podría masificar en numerosos títulos y repetir hasta forzar el cierre de sus rivales. Entonces, la comercialización se concentraría en pocas manos, que pasarían a fijar el precio.

Así lo advirtieron, en un comunicado conjunto, la Feria de Editores; editoriales como Godot, Carbono, Gourmet Musical, Madreselva, El Cuenco de Plata, Eterna Cadencia, Corregidor, Caja Negra, Beatriz Viterbo, Siglo XXI, Galerna y Sigilo; el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro; y la Cámara de Librerías Independientes, entre una treintena de firmas.

“Al establecer un precio único para toda la cadena de venta, se pone el acento de la competencia en la atención al público, la recomendación y selección de los libros y no en el descuento que se puede hacer en base al poderío económico. La ley parte de la premisa de que las librerías son espacios fundamentales de la vida cultural y en la cadena de valor del libro”, señalan.

“Uno de los malentendidos más comunes es que, si se elimina la ley de precio fijo, el precio de venta al público cae, lo cual ha resultado falso en varios países. En un principio, vemos ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayor descuento, y trasladan ese descuento al público. Ganan cuota de mercado y disminuyen drásticamente la cuota de los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer o marginar su rentabilidad. Liberados de una competencia fuerte, vuelven a subir los precios. A mediano plazo no funciona”, aseveran.

Al mismo tiempo, afirman que “hay una estrecha relación entre los países que tienen ley de precio fijo y un robusto entramado de librerías independientes como es el caso de España y la Argentina; y no es casual que países que promueven al libro como bien cultural fundamental y poseen mercados editoriales desarrollados y diversos, tengan un extendido consenso acerca de la protección de las pequeñas y medianas librerías, como es el caso de Alemania, Corea del Sur, España, Italia, Japón, México y Noruega, entre otros países”.

Las propuestas

- Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales: cambia su órgano de conducción, reduce sus ingresos y modifica el porcentaje de aportes a la producción de películas.

- Instituto Nacional de Teatro: desaparece.

- Fondo Nacional de las Artes: desaparece.

- Instituto Nacional de la Música: cambia su órgano de conducción y reduce sus ingresos y objetivos.

- Ley de Defensa de la Actividad Librera: la deroga.