Un prosecretario judicial quedó imputado en la causa

Juan Correa, quien fue el prosecretario de la fiscalía X hasta que el presidente de la Corte decidió el traslado de todo el personal, quedó ayer imputado en la investigación por la aparición de exhortos falsificados con los cuales se habría pretendido facilitar la evasión de dos peligrosos reclusos de Córdoba y de Santa Fe.
Correa se sentó ayer ante la fiscal Teresita Marnero y el secretario Emilio Salazar, quienes, antes de iniciar la indagatoria, le advirtieron que la declaración sería en calidad de imputado. Esto derrumbó al funcionario, aunque no tuvo dudas en declarar y afirmar que es inocente de todo lo que se lo acusa.
Como en un juego de niños, en la causa todos se acusan entre sí. Los cuatro policías que están detenidos -Enrique Daniel Díaz y Gustavo Escobar, que están en Córdoba, y Manuel Ruiz y Dardo Campos, en Tucumán- dijeron que los exhortos se los entregó el empleado judicial Manuel Francisco Ojeda. Díaz también mencionó al concejal de Las Talitas, César Alfredo Juárez, como la persona que habría armado la causa. Al final, todos quedaron imputados. El lunes, al declarar, Ojeda dijo que toda la actuación que él tuvo en el expediente fue ordenada por Correa. El empleado afirmó que fue el prosecretario el que le presentó a una persona como Miguel Angel Chavarría, quien debía hacer una ratificación de denuncia por un asalto ocurrido en El Cadillal el 28 de diciembre de 2.000. Y que por eso él le tomó declaración, sin verificar la identidad, aunque la causa no le correspondía. Luego se descubrió que la persona que se había presentado como Chavarría no era tal, y que toda la causa era falsa.

Desconocimiento
Entonces, por los dichos de Ojeda, se llamó a declarar a Correa. Acompañado por su abogado Roberto Blasco, el prosecretario negó haberle dado la orden a Ojeda; negó que conociera a alguien llamado Miguel Angel Chavarría, y afirmó que no sabía quiénes eran los policías que estaban acusados en la causa. "Mi actuación en el expediente se ajusta a todas las órdenes que dio la Corte sobre el manejo de causas", aclaró. Asimismo se puso a disposición para que se realice cualquier tipo de pericias con su firma, a fin de descartar que haya sido él quien firmó los exhortos falsos. Blasco, tras la declaración, habló sobre el fiscal X de Instrucción, Guillermo Herrera, quien había asegurado que sus empleados lo habían traicionado. "Fue una frase poco feliz, puesto que no puede medir a todos con la misma vara; máxima si existe una investigación en ciernes", indicó. Para hoy está previsto que se realice un careo entre los policías Ruiz y Campos con el empleado Ojeda, que fue solicitado por el defensor de los uniformados, Jorge Avila. El abogado también había solicitado una medida que debería realizarse con anterioridad al careo: un reconocimiento de personas, para determinar si Ojeda y los policías se conocen.
Mientras tanto, el viaje de la comisión judicial a Córdoba se realizaría recién la próxima semana. Para ese momento se espera que en esa provincia estén listas las pericias que demostrarían si es que fueron los policías que están detenidos allí los que falsificaron las firmas. Igualmente viajará un perito de Gendarmería, designado por la Corte Suprema de Tucumán
Hasta el momento la causa en esa provincia está calificada como Falsificación de Documento Público y Tentativa de Facilitamiento de Evasión, un delito muy difícil de probar. Si Díaz y Escobar son liberados en Córdoba, regresarán arrestados a Tucumán ya que el juez de Feria Víctor Manuel Pérez aceptó el pedido de la fiscal Marnero y les dictó la detención.

Las pericias informáticas develan anomalías
Los peritos informáticos del Palacio de Tribunales siguen haciendo su trabajo y buscando en todas las computadoras de juzgados y fiscalías de instrucción información que permita dilucidar si, a lo largo de estos años, se realizaron exhortos ilegales.
El miércoles se descubrió que en noviembre pasado un juez federal porteño había negado la extradición de un exhorto ya que la documentación no se condecía con los artículos de la ley 20.711 (convenio sobre detención y extradición de imputados o condenados). Ese exhorto también habría salido de la fiscalía X, aunque no está claro qué era lo que estaba irregular en la documentación.
También, hasta el momento, se descubrieron al menos dos exhortos que fueron rechazados por haber sido enviados por fiscales, cuando este tipo de medidas pueden realizarlas los jueces.
Un detalle importante que surgió a partir del sistema informático es la aparición de un exhorto anterior, que habría sido confeccionado en el juzgado V de Instrucción, donde se indicaba que el juez subrogante Juan Francisco Pisa hacía lugar a la extradición de los detenidos Héctor David Tagliaferro y Miguel Angel Acuña, en la causa por la que luego se desataría el escándalo actual. Pero cuando Pisa vio que no había elementos como para pedir la extradición, la denegó y ordenó que se profundice la investigación.

Las dudas
Lo que no se sabe hasta ahora es si a Pisa le mostraron ese decreto, en el cual concedía el pedido, y él ordenó que se haga uno nuevo, o si la secretaria del juzgado, Norma Díaz Volachec, intuyendo que habría una negativa (el otro exhorto habría sido redactado por un empleado), solicitó que se haga uno nuevo. La sospecha acrecienta la posibilidad de que haya alguna vinculación entre personal de la fiscalía X y del juzgado V en el caso, razón por la cual el presidente de la Corte, Antonio Gandur, ordenó el relevo de todos ellos y designó nuevos empleados.