Un juez porteño ya había rechazado por ilegal otro exhorto

Las pericias informáticas que se están realizando en Tribunales para determinar si hubo oficios falsificados en años anteriores que pudieran tener alguna similitud con los que fueron denunciados los últimos días de diciembre en Córdoba y en Santa Fe reportaron hasta ahora un solo caso.
Según se informó oficialmente, el 1 de noviembre pasado, un juez de la Capital Federal rechazó un exhorto en el cual se solicitaba el traslado de un preso que estaba detenido en la cárcel de Devoto. La solicitud para su traslado habría salido de Tucumán el 30 de julio, desde la fiscalía X, la misma de la cual habrían salido los exhortos que se investigan actualmente. El preso en Buenos Aires fue identificado como Carlos Alcides Fornay, y el juez porteño, al detectar que el oficio era apócrifo, denegó la extradición e inició un proceso. El juez invocó para el caso la Ley 20.711, del convenio sobre detención y extradición de imputados o condenados por delitos. La investigación se inició en Tucumán por orden del presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, para desvirtuar las declaraciones de Jorge Agüero, abogado de uno de los policías tucumanos que están presos en Córdoba, quien había dicho que desde 1997 más de 100 detenidos que habían sido trasladados a nuestra provincia se habían escapado. Por el momento sólo se descubrió un exhorto presuntamente ilegal.

Una comisión
Mientras tanto, Gandur ya dispuso que el secretario de la Fiscalía de Feria, Emilio Salazar, quien quedó exclusivamente a cargo de la investigación junto a la fiscal Teresita Marnero, viaje a Córdoba con un perito de la Gendarmería Nacional. Ellos llevarán un exhorto en el cual solicitan la extradición de los policías Enrique Daniel Díaz y Sergio Gustavo Escobar, para poder detenerlos e imputarlos en Tucumán. El perito, en tanto, se encargará de analizar el exhorto que está secuestrado en esa provincia, con el cual se intentó trasladar a Miguel Angel Acuña. Se piensa que los policías pretendían colaborar en la fuga del condenado.
Desde Córdoba habían adelantado que, como ellos están realizando su propia investigación, el exhorto no sería remitido a Tucumán y los policías seguirían presos allí. En nuestra provincia están imputados por la causa los sargentos Manuel Ruiz y Dardo Campos; el concejal de Las Talitas (también es policía) César Juárez y el empleado judicial Manuel Francisco Ojeda. En su declaración del martes, este último involucró en la causa al prosecretario de la Fiscalía X, donde él trabajaba, Juan Angel Correa. Dijo que fue él quien le presentó a una persona, a la que identificó como Miguel Angel Chavarría, y le pidió que le tomara una ratificación sobre una denuncia por un asalto ocurrido en diciembre de 2000 en El Cadillal. Ojeda afirmó que, por la confianza que tenía en Correa, no le pidió documentos a Chavarría. El engaño se descubriría luego.

Otra declaración
El verdadero Miguel Angel Chavarría nunca había concurrido a Tribunales ni había sufrido asalto alguno. Pero la declaración del falso Chavarría les sirvió a los autores de la maniobra para que desde la fiscalía se solicitara la extradición, mediante exhortos, de Acuña -en Córdoba- y de Héctor David Tagliaferro, en Santa Fe. En la Fiscalía se analiza llamar a declarar a Correa para que ratifique o rectifique la declaración de Ojeda.

Se removió al personal del Juzgado de la V y nombraron reemplazantes
Tal como hizo con el personal de la Fiscalía X, el presidente de la Corte, Antonio Gandur, firmó ayer el decreto para el traslado de quienes trabajaban en el Juzgado V de Instrucción y ordenó el nombramiento del nuevo personal de la dependencia.
Según se había explicado, y como ya había sucedido el año pasado en el Juzgado Civil y Comercial Común de la I Nominación, donde también se había detectado documentación irregular, los cambios se ordenaron para transparentar la investigación y deslindar responsabilidades.
Los investigadores no quieren que queden dudas sobre el procedimiento. Por eso se decidió la clausurara del Juzgado Correccional Nº 1, que está a cargo de Marcelo Mendilaharzu. Esta dependencia tiene comunicación con la Fiscalía X de Instrucción, por lo que -para evitar alguna suspicacia y que pueda sacarse algún elementos de prueba- las puertas y las ventanas del Juzgado fueron fajadas.
Mientras tanto, ayer comenzó a trabajar un equipo de integrantes del Poder Judicial para sustanciar el sumario administrativo que ordenó la Corte. El sumario, que está a cargo del prosecretario de la Sala V de la Cámara Penal, José Antonio Hermosilla, corre por cuerda separada de la investigación penal. En consecuencia, algunos empleados pueden llegar a ser sancionados si se verifica que cometieron alguna falla en los procedimientos.