01 Diciembre 2023
El consabido costo social, que ocasiona el enriquecimiento ilícito, seguido por un salvaje incremento del patrimonio de los funcionarios que tuvieron un papel protagónico en el manejo de los fondos no reintegrables transferidos a municipios del interior, nuevamente será pagado por los eternos prisioneros de una corrupción, que precede a los responsables del manejo de los fondos públicos. En este marco la posición dominante de los responsables de la gestión, frente a la extrema necesidad del vecino, coloca a estos últimos al alcance de la mano de políticos, que mediante proyectos planificados desde la mesa familiar, o desde la alcoba, y ejecutado desde su posición imperativa en la función pública, “logran” el voto para colocar al grupo familiar en la cúspide del poder. Semejante desigualdad solo podrá ser erradicada cuando los que dicen representar a los vecinos decidan cumplir mínimamente sus promesas de campaña, facilitándoles a sus poderdantes las herramientas que les permitan informarse de la gestión de sus elegidos. Estos deplorables shows ya son una constante en algunas jurisdicciones municipales del interior, donde el virus del nepotismo puede haber superado en el daño a la Covid-19. Terminar con este flagelo solo requiere que el poder de turno decida sancionar y/o adherirse a leyes nacionales vigentes en materia de Acceso a la Información Pública Nº 27.275, y de Ética Pública Nº 25.188. De haber estado la Provincia adherida a la Ley de Ética Pública por caso, las maniobras de corrupción no se hubiesen materializado con facilidad y serian fácilmente detectables, porque los responsables hubiesen violado la Ley Nº 25.188 en el art. 2º, inc. b, c, y f, también el art. 4º, sobre declaraciones juradas patrimoniales de los sospechados de corrupción. La crisis, que tiende a profundizarse, obligará al pueblo a dejar de lado la mansedumbre y hacer tronar el escarmiento, advirtiendo que “todos los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores”.
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