19 Enero 2005 Seguir en 
El empleado judicial Manuel Ojeda se convirtió ayer en el quinto imputado en el marco de la aparición de oficios falsos en Tribunales. Ojeda, quien presta servicios en la fiscalía X, declaró ante la fiscal Teresita Marnero y el secretario Emilio Salazar. Si bien no quedó detenido, en caso de llegar a juicio, estará sentado en el banquillo de los acusados.
Ojeda fue involucrado en la causa por los policías Manuel Eduardo Ruiz y Dardo Oscar Campos, quienes también están imputados, pero además se encuentran detenidos. Ruiz y Campos advirtieron que fue Ojeda quien les entregó el exhorto para que se trasladaran a Santa Fe a buscar al preso Héctor David Tagliaferro. Los dichos de los policías son coincidentes con los de otros dos uniformados, el oficial Enrique Daniel Díaz y el agente Sergio Gustavo Escobar, detenidos en Córdoba, quienes al declarar en esa provincia advirtieron que Ojeda fue, en su caso, quien les dio el oficio para que extraditen a otro preso peligroso, Miguel Angel Acuña.
Las palabras de Chavarría
La situación de Ojeda era complicada, incluso antes de que los policías dieran testimonio. Sucede que según el expediente que dio inicio a la causa, fue él quien firmó la declaración de Miguel Angel Chavarría, como si este hubiera dado testimonio delante de él de un asalto ocurrido el 28 de diciembre de 2000. Sin embargo, tal atraco nunca existió y Chavarría nunca fue a Tribunales a ratificar esa denuncia. La declaración falsa sirvió para que el fiscal Guillermo Herrera y el secretario Daniel Clemente solicitaran la extradición de Tagliaferro y de Acuña. Este pedido fue denegado por el juez subrogante Juan Francisco Pisa. Sin embargo, la misma contestación del juez fue utilizada y falsificada para enviar los exhortos apócrifos. Ojeda negó todos los cargos en su contra. Advirtió que él no entregó ningún oficio a ningún policía, ya que no es su función. Aunque admitió que sí tomó declaración a una persona que dijo llamarse Miguel Angel Chavarría, por pedido del prosecretario de la fiscalía Juan Angel Correa. Indicó que la causa pertenecía justamente a ese funcionario. Dijo que no le pidió identificación al supuesto Chavarría, ya que se lo presentó Correa, y obviamente confió en lo que le decía su superior. A raíz de estos dichos, no se descarta que Correa sea llamado a declarar. La fiscal decidió imputar a Ojeda, pero seguirá libre hasta tanto se colecten más pruebas en la causa. Ojeda, quien lleva más de 40 años en Tribunales, fue asistido en su declaración por el abogado Arnaldo Ahumada.
Ayer, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, firmó el decreto por el que todos los empleados de la fiscalía X, incluido el secretario Daniel Clemente, fueron trasladados de la fiscalía. Por el momento, quedaron a disposición de la Corte. En reemplazo de Clemente fue designado Carlos López, quien era secretario en la fiscalía V. Asimismo ya fueron designados los otros empleados que deberán hacerse cargo de la dependencia desde el 1 de febrero. Hoy sucederá algo similar con los empleados del juzgado V, quienes serán trasladados y se nombrará a sus reemplazantes.
Hay dos clases de imputaciones
La situación de los policías Enrique Díaz, Manuel Ruiz, Dardo Campos y Sergio Escobar, es distinta a la del concejal policía César Juárez y a la del empleado judicial Manuel Ojeda, todos ellos imputados en la causa.
Los cuatro primeros están detenidos (Díaz y Escobar, en Córdoba y Ruiz y Campos, en Tucumán), ya que fue a ellos a quienes se descubrió con los oficios falsos cuando fueron a tratar de extraditar a los presos. Los oficios son la prueba principal en su contra y es por eso que, por ejemplo en Córdoba, se realizan pericias caligráficas para tratar de determinar si no fueron ellos quienes falsificaron las firmas de magistrados y funcionarios tucumanos. Las pruebas contra Juárez y contra Ojeda, en cambio, no son tan contundentes. Ellos quedaron vinculados a la causa tras las declaraciones de las policías, quienes los sindican como las personas que les entregaron los exhortos. Se trata de lo que en Tribunales se conoce como la palabra de uno contra la del otro, sin ninguna otra prueba que avale los dichos de ninguna de las partes.
Ojeda fue involucrado en la causa por los policías Manuel Eduardo Ruiz y Dardo Oscar Campos, quienes también están imputados, pero además se encuentran detenidos. Ruiz y Campos advirtieron que fue Ojeda quien les entregó el exhorto para que se trasladaran a Santa Fe a buscar al preso Héctor David Tagliaferro. Los dichos de los policías son coincidentes con los de otros dos uniformados, el oficial Enrique Daniel Díaz y el agente Sergio Gustavo Escobar, detenidos en Córdoba, quienes al declarar en esa provincia advirtieron que Ojeda fue, en su caso, quien les dio el oficio para que extraditen a otro preso peligroso, Miguel Angel Acuña.
Las palabras de Chavarría
La situación de Ojeda era complicada, incluso antes de que los policías dieran testimonio. Sucede que según el expediente que dio inicio a la causa, fue él quien firmó la declaración de Miguel Angel Chavarría, como si este hubiera dado testimonio delante de él de un asalto ocurrido el 28 de diciembre de 2000. Sin embargo, tal atraco nunca existió y Chavarría nunca fue a Tribunales a ratificar esa denuncia. La declaración falsa sirvió para que el fiscal Guillermo Herrera y el secretario Daniel Clemente solicitaran la extradición de Tagliaferro y de Acuña. Este pedido fue denegado por el juez subrogante Juan Francisco Pisa. Sin embargo, la misma contestación del juez fue utilizada y falsificada para enviar los exhortos apócrifos. Ojeda negó todos los cargos en su contra. Advirtió que él no entregó ningún oficio a ningún policía, ya que no es su función. Aunque admitió que sí tomó declaración a una persona que dijo llamarse Miguel Angel Chavarría, por pedido del prosecretario de la fiscalía Juan Angel Correa. Indicó que la causa pertenecía justamente a ese funcionario. Dijo que no le pidió identificación al supuesto Chavarría, ya que se lo presentó Correa, y obviamente confió en lo que le decía su superior. A raíz de estos dichos, no se descarta que Correa sea llamado a declarar. La fiscal decidió imputar a Ojeda, pero seguirá libre hasta tanto se colecten más pruebas en la causa. Ojeda, quien lleva más de 40 años en Tribunales, fue asistido en su declaración por el abogado Arnaldo Ahumada.
Ayer, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, firmó el decreto por el que todos los empleados de la fiscalía X, incluido el secretario Daniel Clemente, fueron trasladados de la fiscalía. Por el momento, quedaron a disposición de la Corte. En reemplazo de Clemente fue designado Carlos López, quien era secretario en la fiscalía V. Asimismo ya fueron designados los otros empleados que deberán hacerse cargo de la dependencia desde el 1 de febrero. Hoy sucederá algo similar con los empleados del juzgado V, quienes serán trasladados y se nombrará a sus reemplazantes.
Hay dos clases de imputaciones
La situación de los policías Enrique Díaz, Manuel Ruiz, Dardo Campos y Sergio Escobar, es distinta a la del concejal policía César Juárez y a la del empleado judicial Manuel Ojeda, todos ellos imputados en la causa.
Los cuatro primeros están detenidos (Díaz y Escobar, en Córdoba y Ruiz y Campos, en Tucumán), ya que fue a ellos a quienes se descubrió con los oficios falsos cuando fueron a tratar de extraditar a los presos. Los oficios son la prueba principal en su contra y es por eso que, por ejemplo en Córdoba, se realizan pericias caligráficas para tratar de determinar si no fueron ellos quienes falsificaron las firmas de magistrados y funcionarios tucumanos. Las pruebas contra Juárez y contra Ojeda, en cambio, no son tan contundentes. Ellos quedaron vinculados a la causa tras las declaraciones de las policías, quienes los sindican como las personas que les entregaron los exhortos. Se trata de lo que en Tribunales se conoce como la palabra de uno contra la del otro, sin ninguna otra prueba que avale los dichos de ninguna de las partes.
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