
“Seguimos esperando que la Justicia nos proteja. Han pasado siete meses y nada cambió desde que mostramos a todos los tucumanos los problemas que padecemos hace varios años”, sentenció Jorge Posse, uno de los propietarios de la Estancia Riarte que sigue denunciando hechos de inseguridad y de usurpación.
El campo en conflicto, en el que se viene produciendo hace ya más de 200 años, era de propiedad de la familia Riarte -de allí su nombre-. En los 50, la estancia fue adquirida por Jorge Prat Gay, padre del economista y dirigente político Alfonso Prat Gay. Fue adquirida por un pool de empresarios tucumanos y salteños antes de 2010. A partir de allí surgieron los problemas.
La Estancia Riarte está en Trancas, al límite con Salta. Es un lugar paradisíaco en el que, curiosamente, para ingresar, hay que recorrer territorio salteño y así poder disfrutar del suelo tucumano.
En abril pasado, Posse acusó a Omar López, intendente de la localidad salteña de El Jardín y senador electo de esa provincia, que limita con el campo, de usurpar las tierras para instalar un establecimiento ganadero propio y, en tiempos electorales, regalar parcelas. “Lo más grave es que utiliza los recursos humanos y las maquinarias del Estado para hacer todo esto”, señaló.
El funcionario salteño dio a conocer una versión totalmente diferente. “Esas son tierras que pertenecen al pueblo originario Indio Colalao. Son ellos los usurpadores. Tenemos los papeles para demostrar que no estamos equivocados”, aseguró López, que además es miembro de esa comunidad. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que la Nación aún no certificó esa situación.
En tribunales
Todos los problemas que se generaron por esas tierras se están ventilando en la Justicia. En total, son más de 30 las causas abiertas por usurpación, robo agravado, amenazas y lesiones, entre otras. Además, según trascendió, López estaría siendo investigado por incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber utilizado maquinarias y recursos humanos del municipio para ingresar a la Estancia Riarte.
“Lo único que se hizo en todo este tiempo es dictar una medida de prohibición de acercamiento a favor de los propietarios del campo. Lo insólito es que de imposible incumplimiento, ya que la mayoría de los denunciados están residiendo ilegalmente en esas tierras”, aseguró Camilo Atim, representante legal de los productores.
“La situación no cambió. Lamentablemente estas personas siguen usurpando nuestras tierras, impiden que la cultivemos, roban ganado, nos amenazan y rompen instalaciones. Son innumerables las veces que denunciamos estos hechos, pero la Justicia no nos protege”, comentó Posse. “Vamos a seguir por el camino que corresponde. Denunciando los delitos que sufrimos con la esperanza que algún día nos escuche”, añadió el productor en una entrevista con LA GACETA.
Un hito legal
En diciembre, en los tribunales de calle España, se registrará un hito en este conflicto que lleva varios años. Comenzará el juicio oral por tentativa de homicidio en contra de uno de los propietarios del campo. Entre los imputados aparece el mismísimo López, el dirigente político salteño.
“Estamos ansiosos de que comience este debate. Hay sobradas pruebas para que se llegue a una condena. Esperamos que este sea el principio de todas las soluciones a los problemas legales que venimos planteando”, comentó Atim.
“Este juicio es muy importante. Se define si el Estado respeta la propiedad privada y los derechos de las personas o defiende a los violentos que usurpan los campos tucumanos”, finalizó Posse.