¿Quién le pone el cascabel al gato?

¿Reto de tik tok? ¿Bromas de mal gusto? ¿Una campaña orquestada para desestabilizar? ¿Quejas contra el sistema educativo? Hace más de dos meses que Tucumán se despierta todos los días con amenazas de bomba en colegios y escuelas. Ya suman decenas en un escenario del que no se recuerdan antecedentes. La situación obligó incluso al gobernador Juan Manzur y a quien lo sucederá, Osvaldo Jaldo, a hacer declaraciones y, al menos preocuparse por lo que está sucediendo que, además, está resintiendo la calidad educativa en distintos establecimientos que, incluso, como El Huerto, prefirieron dar clases de manera virtual que exponerse a una nueva evacuación.

Tal vez no se toma real conciencia de lo delicado que es lo que está pasando. En un país con la cantidad de problemas que tenemos, con un futuro absolutamente incierto, con preocupaciones como la inflación o la inseguridad, puede resultar algo nimio que ciertas personas (¿jóvenes? ¿adultos?) tengan a su merced la actividad educativa, poniendo en vilo a docentes y alumnos.

El martes a la noche, en Panorama Tucumano, el rector de la Escuela Técnica N 1, Claudio Fernández, lo dejó en claro. “Siento que con estas amenazas, acciones innobles, se vulneran los derechos. No puedo formar a mis alumnos. Tengo que interrumpir un derecho, un derecho que tanto costó“, le dijo al conductor Federico van Mameren. El docente dijo estar angustiado, y de esa manera reflejó lo que sienten todos los involucrados que están sufriendo esta ola de advertencias.

La sensación generalizada es que no estamos preparados para combatir este tipo de delitos. Porque no puede quedar ninguna duda: se trata de delitos penados, por lo que de descubrirse quiénes son los autores debería iniciarse una causa con juicio incluido. Hay penas de hasta tres años de prisión. Los datos además son reveladores. Sólo en agosto las llamadas al 911 aumentaron un 88%. La situación deriva en un caos en las dependencias que deben dar respuestas como los servicios de emergencia, sobre todo bomberos y su escuadrón de explosivos que nunca tuvo tanto trabajo como en estas semanas en las que deben recorrer colegios buscando artefactos explosivos que en la totalidad de los casos no existen. Pero hay protocolos que deben seguirse y por eso ante un amedrentamiento a las autoridades no les queda otra que evacuar, a veces a miles de estudiantes, y trasladarlos a algún sitio seguro hasta que se supere la situación.

La pregunta es si no estamos preparados para resolver este tipo de delitos, ¿qué nos queda por ejemplo para las estafas cibernéticas o todas las que tienen que ver con la informática? Lo admitió el legislador oficialista Javier Morof. “No estamos preparados para el mundo actual. No estamos preparados para estos nuevos delitos cibernéticos. Hay que dotar con tecnología y personal a la fuerza de seguridad”, precisó. “Como legislador, siento vergüenza que haya pasado un mes, un mes y medio y esto siga ocurriendo. Y en determinados colegios, dos o tres veces”, confesó.

Para peor, en el medio, hay una pelea que puede incidir en la investigación de este tipo de delitos. La Corte Suprema de Justicia debe resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad, presentado tras la creación en la Legislatura de una Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos. La ley fue sancionada por la Legislatura el 16 de diciembre de 2021, y promulgada por el Ejecutivo la primera quincena de enero del año siguiente. Ante esto, el MPF accionó en contra de la Provincia de Tucumán, pretendiendo que se declare inconstitucional la ley 9.486 que dispuso la creación en su ámbito de la Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos -que tendrá a su cargo la investigación de los delitos cometidos por medio de recursos telemáticos, cibernéticos y/o tecnológicos. “El MPF -dijeron en la presentación- cuenta con nuevas UF en temáticas de género y flagrancias (dado el creciente número de casos relacionados a este tipo de delito y/o modalidad), como también, con más de una UF que se aboca a la investigación del fenómeno criminal de la ciberdelincuencia. Incluso, bajo la órbita de este MPF, se encuentran en funcionamiento oficinas técnicas auxiliares a las UF, que asesoran y colaboran con la investigación preliminar que llevan a cabo estas últimas, facilitando recursos tecnológicos de avanzada para la instrucción y dirección de la investigación penal”. Ante esto, la creación de una fiscalía exclusiva para este tipo de delitos está estancada. Pero según el mismo MPF cuentan con las herramientas como para enfrentar estas investigaciones. De ser así no se entiende cómo no hay respuestas para lo sucedido cuando ya pasaron más de dos meses de la primera amenaza. “La División de Delitos Telemáticos, como auxiliar de la justicia, está interviniendo”, aseguró el Secretario de Estado de Participación Ciudadana, José Farhat.

Según Manzur, los delincuentes son “son gente nefasta, que hacen cosas que no corresponden. Ya hemos hecho las denuncias a la Policía, está actuando la Justicia”. Y Jaldo aseguró que “este delito ya está siendo investigado por las fuerzas de seguridad a nivel nacional y por la Justicia Federal. Entendemos y somos optimistas en que vamos a llegar a quienes hoy están causando este perjuicio y a quienes están cometiendo este delito, y el destino va a ser la cárcel”, remarcó.

¿Cómo operan? En este caso, los delincuentes crean una cuenta de mail supuestamente encriptada y desde allí envían las amenazas. Los navegadores tienen páginas para crear cuentas de mail supuestamente seguras. De hecho, a las casillas de correo de los colegios llegaron mensajes del tipo “proton mail”, un servicio de correo electrónico cifrado que no puede ser rastreado, pero en caso de que las autoridades pidan la información las empresas como Google deben entregarla. Según los investigadores allí se genera el cuello de botella que impide avanzar en la investigación, ya que las respuestas de los motores de búsqueda se demoran. Pero también hubo amenazas por mensajes de Whatsapp y excepto la madre de un alumno que deslindó responsabilidades no se identificó a nadie. Así los ratones siguen bailando porque se dan cuenta de que no hay gatos para controlarlos.

Así estamos, entre un grupo de amedrentadores que se creen impunes, y una Justicia y Policía que no da respuestas. En el medio una sociedad que asiste azorada a un caos educativo que lo único que hace es resentir el sistema. Con la falta de educación general que tenemos los argentinos como agravante.